Llegó la hora cero para las universidades privadas en Colombia. Su inclusión en el Decreto 0173 de 2026, que creó, de manera transitoria y excepcional, un impuesto al patrimonio del 0,50 % para personas jurídicas con activos equivalentes a $10.475 millones, cuya primera cuota vence este miércoles, no solo abre un nuevo frente de controversia jurídica, también deja al descubierto la preocupante incomprensión e incluso intransigencia —por parte del Gobierno nacional— sobre la naturaleza del sistema mixto de educación superior y del papel que este cumple para asegurar la movilidad social y el desarrollo territorial en el país.

Gravar a las universidades privadas como si fueran empresas comerciales desconoce que son entidades sin ánimo de lucro. O, al menos, así es como las contempla el Régimen Tributario Especial. Estas no reparten utilidades ni generan dividendos. Sus ingresos —provenientes básicamente de matrículas, donaciones y algunos rendimientos financieros— se reinvierten íntegramente en su misión de docencia, investigación y extensión. Es decir, en aulas, laboratorios, bibliotecas, becas, subsidios, bienestar estudiantil y expansión zonal.

El problema de fondo es que el impuesto no recae sobre su liquidez disponible, bastante menguada por la caída en la matrícula, sino sobre sus activos: campus, edificios, equipos e infraestructura académica. Patrimonio que, a ciencia cierta, no es riqueza ociosa, sino herramienta de servicio público esencial. En la práctica, el Gobierno está obligando a las universidades a desviar recursos que hoy financian calidad educativa hacia el pago de una obligación fiscal que, según estimaciones del sector, ascendería a unos $135.000 millones. Para calcularlo, es el equivalente, por ejemplo, a cerca de 15.000 cupos o de miles de becas.

En otras palabras, el impacto fiscal tiene una traducción directa en oportunidades perdidas, buena parte de ellas para jóvenes vulnerables que, gracias a distintos mecanismos de apoyo económico otorgados por las mismas universidades, pueden acceder a educación superior de calidad. De manera que cada peso destinado al pago del tributo deja de invertirse en becas, subsidios, alivios financieros o programas de permanencia estudiantil. En un sistema, como el nuestro, donde una proporción significativa de estudiantes depende de respaldos institucionales para sostener su formación, la medida afectará, sí o sí, trayectorias de vida.

En últimas, las alertas encendidas por rectores y asociaciones universitarias son legítimas. La operación de las instituciones quedará tan comprometida que les será inevitable reducir programas sociales, aplazar inversiones prioritarias, suspender investigaciones en curso y hasta trasladar costos a las matrículas. Todo ello en el contexto más adverso posible por la caída demográfica, el alza de sus costos operativos y el debilitamiento de programas como Generación E: una tormenta perfecta que ya venía presionando a las finanzas universitarias.

Paradójicamente, un Gobierno que enarbola la bandera de la equidad y el ascenso social insiste en una medida que apunta a erosionar uno de sus principales vehículos: la educación superior. Resulta contradictorio que, mientras proclama el cierre de brechas territoriales, castigue a instituciones privadas que han llevado educación a regiones donde la oferta de educación superior pública no alcanza y existen restricciones en el acceso a financiamiento estudiantil. El remedio fiscal, planteado así, corre el riesgo de ser aún más lesivo que la emergencia que lo motivó por el efecto en cadena que podría desencadenar rápidamente.

La discusión no es sobre el deber de solidaridad fiscal, que nadie niega tras la crisis invernal. Es sobre la racionalidad de las decisiones, la forma como se diseñó el tributo, la coherencia con el principio de equidad tributaria que rige al sistema y hasta la intención que esconde.

Así las cosas, si no se revisa con urgencia el decreto 0173, como el Ministerio de Educación ha solicitado, se corre el riesgo de que el impuesto pase a la historia no como una medida de salvamento, sino como la estocada final del debilitamiento estructural al que se ha sometido al sistema de educación superior. Y, peor aún, como el acto mediante el cual el propio Gobierno decidió convertirse en el sepulturero de la universidad privada en el país.