En diciembre del año pasado el entonces ministro encargado de Justicia anunció medidas drásticas ante la fuga de dos delincuentes de alta peligrosidad de cárceles a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá e Itagüí, usando como mecanismo el llamado cambiazo en el primero de los hechos, y sábanas para deslizarse en el segundo. En su momento, el funcionario, tras evaluar con los directores de los centros carcelarios del país la situación, les advirtió que serían retirados de sus cargos quienes estuvieran vinculados con hechos de privilegios indebidos, fiestas al interior de las cárceles, irregularidades administrativas y fallas graves de control.

Después de eso no se conoció alguna decisión en relación con ese anuncio, pero también es cierto que la crisis del sistema carcelario y penitenciario de Colombia no se conjura con una sanción de este tipo, pues sus falencias son tan profundas que lleva 26 años en un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

En 1998 fue la primera vez que la Corte Constitucional identificó –según Dejusticia– el hacinamiento como el principal detonante de vulneración de derechos en las cárceles y encontró como principal causa el abandono por parte del Estado a la infraestructura.

A partir del año 2000 las autoridades del orden nacional se dedicaron a construir más prisiones y habilitar más cupos. En consecuencia se comenzó a controlar la sobrepoblación, pero solo por poco tiempo, porque al mismo ritmo comenzó a tripicarse la población carcelaria, al pasar –de acuerdo con registros del Inpec– de 44.439 a 120 mil reclusos en 2013, cuando la Corte volvió a declarar un segundo ECI en busca de una modificación de la política criminal, detectando que ahora el problema encontraba raíz en el excesivo uso de la privación de la libertad para controlar el delito.

Vino una reiteración de la declaratoria en 2015 y, por último, en 2022 el alto tribunal decide extender el ECI a los centros de detención transitoria, ya que en medio de la pandemia un decreto nacional prohibió los traslados de las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata (URI) a centros carcelarios, agravando el hacinamiento. Con la última orden constitucional se delegó a los entes territoriales la construcción masiva de más cárceles para más cupos, estrategia que ya había sido insuficiente en la primera declaratoria.

Esta semana, en un lapso de 24 horas, la región Caribe se sacude otra vez por dos episodios de fugas. El primer caso el pasado lunes 16 de marzo en La Norte, de Santa Marta, de donde huyeron al menos 34 detenidos en medio de disturbios que dejaron un recluso muerto y tres heridos, así como tres policías lesionados. El segundo hecho ocurrió el martes 17 de marzo en la Cárcel Distrital de El Bosque, a cargo del Distrito, de donde se volaron tres prisioneros después de intimidar al guardia y utilizar una cuerda para escapar por la garita de vigilancia.

Una vez más queda en evidencia la fragilidad de la seguridad y la infraestructura del sistema carcelario, penitenciario y de detención transitoria del país. 26 años después el mal sigue inmutable. A corte de marzo, el Inpec, en su tablero de estadísticas, reporta que el hacinamiento a nivel nacional está en el 27,4 %. Con 124 establecimientos a su cargo y una capacidad de 81.025 cupos, tiene custodiadas 103.289 personas privadas de la libertad (PPL), de los cuales solo 84.491 están condenados y el resto, 18.413, están sindicados. Esto sin contar que en todo el territorio nacional la entidad tiene 54.439 PPL en detención domiciliaria y 6.552 bajo vigilancia electrónica (con brazalete).

Si nos circunscribimos a la regional norte del Inpec, que cubre los 7 departamentos del Caribe y el archipiélago de San Andrés, el hacinamiento es del 38,5 %, con 2.886 presos por encima de la capacidad de 7.489 cupos en 13 establecimientos carcelarios de la jurisdicción.

Los casos más críticos en la región están en La Guajira, Atlántico y Magdalena, con hacinamientos del 262 %, 85,5 % y 42,9 %.

Con este panorama, en plena actividad de campaña presidencial y con un nuevo Congreso elegido bien vale la pena preguntarse: ¿Quién le pone el cascabel a la crisis del sistema carcelario en Colombia? Una problemática, entre tantas, que requiere urgente atención, porque implica también la revisión de la política criminal y de justicia. La tarea no es fácil, pero hay que hacerla.