Llegó el día. Este domingo 8 de marzo Colombia vive una de las jornadas políticas más decisivas de los últimos años. Más de 41 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a su nuevo Congreso —102 senadores y 186 representantes a la Cámara— que ejercerá entre 2026 y 2030 una legislatura determinante para garantizar la gobernabilidad del próximo presidente o presidenta, desde el 7 de agosto, en reemplazo de Gustavo Petro.

Esta elección legislativa, a la que concurren un total de 3.081 candidatos, 1.071 al Senado en 26 listas y 2.010 a la Cámara de Representantes en 491 listas, no solo definirá el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Además servirá como termómetro político del país en vísperas de la carrera presidencial, que ya empieza a acelerar su marcha. De la correlación de fuerzas que hoy emerja de las urnas dependerá, en buena medida, la viabilidad de las reformas que reclama nuestra gente y la estabilidad institucional del nuevo gobierno. Indudablemente, la prematura e inesperada ruptura de Petro con sectores que respaldaron su ascenso al poder en segunda vuelta de 2022 condicionó el trámite legislativo de su agenda, quebró su relación con el Congreso y dinamitó la opción de llegar a acuerdos.

También se votan tres consultas interpartidistas, no exentas de discordias, particularmente en el caso del Frente por la Vida que sentenció la división de la izquierda, a juzgar por los duros choques entre Roy Barreras y Daniel Quintero. El Pacto Histórico, de Iván Cepeda, con el consentimiento del presidente Petro, les pidió a sus militantes abstenerse de votarla, luego de que el Consejo Nacional Electoral excluyera al senador de participar en la jornada.

En definitiva, estas primarias, en las que miden fuerzas nueve aspirantes de derecha, en la Gran Consulta por Colombia, y dos del centro, Claudia López y Leonardo Huerta, ampliarán el abanico de quienes disputarán la jefatura del Estado el 31 de mayo, sumándose a los que decidieron competir por fuera del mecanismo. Entre ellos, Abelardo De la Espriella y Sergio Fajardo. Una vez termine esta etapa, el país político entrará en una fase de definiciones y alianzas, en la que con votos en mano los ganadores deberán volver a barajar, de cara a los partidos tradicionales: Liberal, Conservador y Cambio Radical, que aún no han dado su guiño por nadie.

Más allá de los resultados, que se espera retraten el momento de alta polarización política que intensificó la deriva de partidos o movimientos que aparecen hoy más cohesionados en torno a emociones que a afinidades ideológicas, votar debe ser un acto de defensa de la democracia ante las voces malintencionadas e insidiosas que buscan sembrar desconfianza en el sistema electoral, mientras enlodan la legitimidad del proceso y de sus representantes.

En consecuencia, lo realmente fundamental debe ser garantizar una participación masiva. Es crucial para frenar el relato de fraude, de intención totalitaria, de quienes, en cabeza del propio jefe de Estado, tratan de menoscabar la credibilidad de las elecciones. Intolerable estrategia que, cabría suponer, usa de comodín por si los resultados no le son favorables. ¿Qué será lo siguiente? ¿Incendiar el país? Si existen irregularidades, deben denunciarse y probarse ante la autoridad competente. Pero convertir meras sospechas en una cantaleta permanente y sin sentido acaba por favorecer justamente a quienes buscan desacreditar el papel de las instituciones para someter la voluntad ciudadana a sus intereses más oscuros.

Colombia ha construido durante décadas un sistema electoral con controles, observación internacional y una serie de mecanismos de verificación que permiten auditar y contrastar cada uno de los resultados. Esa arquitectura institucional solo cobra pleno sentido cuando los ciudadanos ejercen su derecho al voto. La abstención, en cambio, abre espacios a la manipulación y deja la decisión en manos de minorías organizadas o de grupos presionados.

Por eso, más que nunca, votar importa, porque envía un mensaje inequívoco de respaldo a las reglas democráticas. Más de un millón de testigos electorales se inscribieron para vigilar las mesas. Participar es, en última instancia, la manera más clara de defender la libertad política que nos pertenece a todos y de reafirmar que la democracia se decide en las urnas.

En suma, no nos dejemos dividir ni engañar. El verdadero riesgo no está en el software, sino en el impacto que el control social y territorial de grupos armados ilegales podría tener en la libertad del voto. 185 municipios y sumando, dice la MOE, están bajo la influencia de estructuras criminales, y entre 1,5 y dos millones de ciudadanos podrían enfrentar presiones o condicionamientos a la hora de sufragar. Es una forma de violencia silenciosa que no siempre se expresa en ataques directos, pero restringe por completo la autonomía política de ciertas comunidades.

En medio de la polarización política y de los riesgos que persisten en tantos territorios, la participación ciudadana adquiere un valor decisivo. Votar no solo define quién legislará y quién aspirará a gobernar el país, también le otorga legitimidad al sistema democrático. En una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos institucionales, denuncias sin evidencias ni pruebas de supuesto fraude y el intento de captura electoral de los armados ilegales, la voz de los ciudadanos en las urnas sigue siendo el instrumento más poderoso para construir el rumbo de Colombia. ¿Quiere hacerlo posible? Vote libre y con convicción.