La escalada criminal que golpea a Barranquilla y a los municipios del Atlántico ha dejado de ser un episodio coyuntural para convertirse en una pesadilla persistente que desborda la capacidad de respuesta de las autoridades del territorio, e incluso del Estado. Las cifras resultan incontestables: 96 homicidios en enero y 83 más en febrero; seis de ellos en dos masacres ocurridas en Barranquilla y Malambo. Este es un balance alarmante que obliga a cuestionar, con rigor, la eficacia real de las medidas ordenadas desde el Gobierno nacional.

En otra estrategia de carácter reactivo, en vez de preventivo, el ministro de Defensa acabó de anunciar recompensas, la creación de comandos policiales y el despliegue de planes operativos adicionales que presentó como señales de una ofensiva contundente contra los nuevos jefes de las bandas criminales existentes. A decir verdad, suena a más de lo mismo.

Es como una gota en el inmenso océano de violencia desatada en el Atlántico. Para la muestra, los asesinatos selectivos intensificados tras el fin de la fallida tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’, una pausa frágil que, lejos de consolidar la paz urbana del gobierno Petro, terminó por reconfigurar disputas sangrientas tras el control de las rentas ilícitas, las extorsiones y rutas de cobradías. La ruptura de ese supuesto pacto, sin marco jurídico ni punto de llegada, dejó al descubierto que el diálogo, sin incentivos ni resultados verificables, deriva en una criminalidad aún más desordenada. Lo que se está viviendo en las calles es, prácticamente, una guerra.

A esa macabra dinámica de asesinatos diarios, entre ellos los del pasado 14 meses en lo que va del año, se suma una falla estructural que erosiona cualquier esfuerzo de seguridad: un sistema judicial convertido en puerta giratoria. Capturas que se traducen en medidas efectivas de aseguramiento, reincidencias constantes y una brutal impunidad que mina la confianza de la gente y desmoraliza a la fuerza pública. El reconocimiento oficial, hecho por el ministro Pedro Sánchez, de que nueve de cada diez capturados recuperan la libertad confirma un cuello de botella que no es de la calle, sino en los despachos judiciales y en un sistema penitenciario colapsado más no poder, sin cárceles ni espacios de reclusión suficientes ni dignos para albergar a los detenidos. Buena parte de ellos, cuando no regresan a las calles en cuestión de horas, terminan hacinados en las distintas estaciones de policía.

Cuando no son los asesinatos por disputas del poder criminal los que engrosan las listas del horror en Barranquilla y municipios, son los crímenes de la violencia extorsiva, donde un trabajador del sector transportador, víctima del mismo patrón criminal que se repite año tras año, confirma que las bandas siguen viendo en el transporte un blanco predilecto para financiarse mediante el terror. Este es un sector históricamente vulnerable, en el que empleados y directivos son presionados a pagar las extorsiones con dinero o con sangre.

El mensaje de los ministros de Defensa y del Interior transmite determinación institucional. También el gobernador Verano elevó el tono. Pero más allá del discurso oficial, persiste una inquietud profunda, porque no existe certeza alguna de que el Estado cuente hoy con la capacidad de frenar esta espiral de violencia que deteriora la confianza básica que sostiene la vida en sociedad. Cuando ir a trabajar, abrir un negocio o tomar un bus implica un riesgo letal, el asunto deja de ser un tema de fuerza pública y se convierte en un problema social.

Barranquilla y el Atlántico no necesitan más anuncios ni narrativas de crisis. Los diagnósticos sobran. La seguridad no puede seguir tratándose como una suma de operativos reactivos, sino como una política integral que sitúe en el centro la protección efectiva del ciudadano. Esta debe combinar inteligencia eficaz, justicia que funcione, capacidad carcelaria real y una política clara frente al diálogo con estructuras criminales. Eso para empezar. De lo contrario, la violencia indiscriminada marcará el ritmo de la vida cotidiana y la promesa de seguridad seguirá siendo, para las personas, una deuda incumplida. Sobre todo, cada vez que la violencia deja de ser una disputa entre criminales para convertirse en una presión real contra aquellos que nada tienen que ver con las guerras por el poder que se están librando.

Atrapadas en un fuego que no es suyo, las víctimas inocentes aumentan, como el bebé de 24 meses asesinado en un ataque en Morón. Cada nuevo homicidio confirma que las bandas criminales normalizaron el uso del terror como método de control social, mientras el Estado continúa llegando tarde, cuando el daño ya resulta irreversible. Lo que pasa en el departamento no es un fenómeno marginal, sino una amenaza directa a la vida, la libertad y la dignidad de sus habitantes. Sin una respuesta estructural, preventiva y sostenida, el miedo seguirá ganando terreno allí donde debería imperar la autoridad y la ley. ¡Hagan algo!