El valor de encarar la verdad revela la auténtica grandeza moral de una persona. Quienes carecen de ella suelen tener, a cambio, una facilidad inagotable para escandalizarse por la crueldad de los demás, mientras mantienen una obstinada ceguera para reconocer la suya. ¿Cuánta apatía requiere un ser humano para que lo injusto le deje de doler? ¿Cuánto desdén hace falta para que normalice lo intolerable? ¿En qué momento la indiferencia deja de ser pasiva y el mal se instala sin resistencia haciéndose un cruel hábito que no molesta?
La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia, ha sacudido con razón la conciencia de Colombia. No hablamos de una fatalidad inevitable ni el resultado de un accidente doméstico mal gestionado. Es, ante todo, el retrato descarnado de la crisis de la Nueva EPS, que falló en cadena, y de la indolencia de un gobierno que, en lugar de asumir su responsabilidad, optó por eludirla y señaló a la víctima más débil: la madre del pequeño, Katherine Pico, una humilde mujer que solicitó auxilio durante semanas sin ser escuchada.
Más que una reacción de Estado ante una tragedia totalmente evitable lo que ha quedado en evidencia es la postura defensiva de la élite que hoy gobierna al país. Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se han aferrado a una narrativa que traslada toda la carga moral y material de la muerte del menor a su mamá, como si ese infame señalamiento pudiera borrar la responsabilidad estructural que pesa sobre el sistema de salud.
Lejos de asumir fallas, el discurso oficial insiste en justificar lo injustificable: que una madre debía prever, controlar o impedir que su hijo tuviera una vida de niño. Ni una sola palabra sobre el colapso de la capacidad operativa de la EPS, intervenida por el Gobierno y única encargada de suministrar el tratamiento que Kevin recibía desde los nueve meses de edad.
La lógica mezquina e insensible de Petro y Jaramillo se ha ensañado con Katherine y el resto de su familia, aún en duelo. El problema no fue una bicicleta de la que Kevin se cayó, un hecho común en la infancia; fue la ausencia del medicamento que no le entregaban desde diciembre y que lo protegía de una enfermedad que no admite demoras ni improvisaciones.
No es sensato, no se diga ya compasivo o solidario, acusar a la mamá de las determinaciones que tomó cuando detrás de su inmenso sufrimiento aparece una avalancha de omisiones institucionales. La muerte de su pequeño no responde a un hecho fortuito ni casual, es la consecuencia de un sistema de salud deliberadamente debilitado por decisiones políticas que redujeron su nivel de respuesta. Ya está. Nueva EPS no cumplió con su deber elemental de garantizar la continuidad del tratamiento de Kevin. ¡Basta de estigmatizar a esta madre!
El camino elegido por Petro y Jaramillo es éticamente inaceptable. Arremeter contra la doliente mamá de Kevin, como si la crianza sustituyera a la obligación de garantizar atención médica oportuna, no es solo un desvarío retórico, sino una forma de eludir la rendición de cuentas que los pacientes, sus familias y demás actores del sistema les demandan por su directa responsabilidad en el deterioro del modelo de salud. Las intervenciones de las EPS, presentadas en su momento como el gran remedio, acabaron por agravar su enfermedad.
Aún más grave fue la decisión del presidente de divulgar apartes de la historia clínica del menor, vulnerando la reserva legal de datos sensibles, para insistir en trasladar culpas a la familia. Ese proceder, reprochable desde cualquier estándar de compasión o humanidad, abre además interrogantes jurídicos que deberían esclarecer la Fiscalía y los entes de control. La obsesión del presidente por endilgarles a otros sus yerros sin la menor autocrítica ratifica cuán equivocada es su estrategia de proteger el relato de su pretendida supremacía moral antes que reparar el daño causado.
Kevin es el símbolo de una tragedia que Colombia no conoció en dos décadas: la muerte de un paciente hemofílico por falta de medicamentos. Lo más lamentable es que detrás de él hay miles de enfermos crónicos, como la niña barranquillera Adriana Sofía Beltrán, afiliada a la Nueva EPS, que enfrentan a diario retrasos, barreras y silencios administrativos que los obligan a suspender tratamientos, poniendo en riesgo sus vidas. Ninguna disputa política ni ideológica sobre tal o cual modelo de salud puede servir de coartada para esta degradación.
La historia dirá que el inventario de atropellos, abusos y negligencias contra pacientes en este gobierno fue larga, alarmante y persistente. Es una pena que se resistan a entender que asumir responsabilidades no los debilita; los fortalece. Persistir en la culpa ajena, en cambio, normaliza la idea de que el sistema puede fallar sin efectos. Y eso es lo grave, porque cuando la defensa política sustituye al juicio ético y a la capacidad de rectificar la salud deja de ser un derecho fundamental y pasa a ser una maniobra distractora al servicio del poder.
