El Carnaval volvió a demostrar su inmenso poder de convocatoria. Más de 820 mil personas, entre ellas 180 mil extranjeras, arribaron a Barranquilla para disfrutar de una edición de alcance histórico por su impacto cultural, peso económico y proyección internacional. Las cifras hablan de 6 millones de espectadores, 500 eventos —la mayoría gratuitos—, ingresos por $840 mil millones, generación de 195 mil empleos, ocupación hotelera superior al 90 % y un alcance digital sin precedentes que superó los 500 millones de usuarios en 48 países.

Sin duda, esta es una fiesta global que crece de manera sostenida. No obstante, a la hora de hacer balances, resulta imperativo alertar sobre la racha de violencia criminal registrada, la cual no puede relativizarse ni justificarse como una sucesión de hechos aislados. Mientras la ciudad celebraba, una seguidilla de asesinatos —al menos 19 en Barranquilla y municipios del Atlántico—, entre ellos, una masacre en el barrio Las Américas, encendió una alarma que compromete algo más que la seguridad coyuntural de un evento cada vez más masivo.

Lo que esta situación pone en riesgo es el proyecto de ciudad cultural, turística y de alcance mundial que Barranquilla ha estructurado desde hace varios años con un notable esfuerzo.

El asesinato de tres hombres, a plena tarde del día de la Batalla de Flores, más allá de que ocurriera lejos de la zona del desfile, revela una falla estructural. El sicariato siguió su curso, invariable e implacable, como durante el resto del año, sin que el reforzado dispositivo de seguridad dispuesto por la Policía Nacional hubiera sido capaz de adelantársele. Las disputas o ajustes de cuentas entre estructuras criminales, así como la injerencia de ‘los Costeños’, señalada por las autoridades en el sector de la masacre, no se suspenden por un decreto festivo. Y precisamente por eso se requería de un plan de seguridad más robusto, focalizado y anticipado, no solo reactivo. En especial, porque las amenazas van en aumento.

Preocupa, adicionalmente, la falta de una estrategia clara frente a la presencia de los miles de visitantes nacionales y extranjeros. El ataque a bala en una tienda del barrio Montecristo, que dejó heridos a un francés, un italiano y un británico, jóvenes menores de 25 años, y la muerte de un turista alemán en circunstancias aún bajo investigación, al parecer intoxicado con alguna sustancia que le habrían proporcionado dos mujeres en un hotel del barrio Simón Bolívar para robarlo a él y a otro ciudadano de esa misma nacionalidad, golpean la imagen de la ciudad. No basta con incautar armas, desmontar picós o reportar capturas en flagrancia por robar celulares. Eso se da por descontado. La prevención del delito frente a turistas, también respecto a los barranquilleros, exige mayor inteligencia, controles más efectivos en zonas de rumba, vigilancia hotelera y mejor articulación con el sector turístico.

Los balances de la Policía Metropolitana de Barranquilla muestran operatividad y esfuerzo, con más de 80 capturas, armas incautadas o miles de llamadas atendidas. Eso no se discute. Pero las cifras no compensan la percepción —ni la realidad— de una violencia desbordada. Cuando febrero ya suma más de medio centenar de muertes violentas en el Atlántico, el problema ya no es episódico, es sistémico, como se ha venido denunciando con insistencia.

Barranquilla no puede normalizar que la fiesta conviva con la muerte. Si la ciudad quiere consolidarse como un destino cultural y turístico de talla internacional, está en la obligación de hacer mucho más para blindar su evento más importante con una planeación seria, enfoque territorial y la protección efectiva de sus ciudadanos y visitantes. El Carnaval es patrimonio, pero también es una responsabilidad mayúscula para las autoridades y, por tanto, nada se debe dejar al alzar. La seguridad no puede seguir llegando tarde cuando, en vez de música en las calles y lugares públicos, lo que suenan son las balas de los violentos que, este año, a diferencia de los anteriores, no hicieron una tregua para sumarse a la fiesta.

Este es un campanazo de alerta que debe poner a los tomadores de decisiones sobre aviso. Lo ocurrido no puede diluirse en balances complacientes. La violencia registrada —por el elevado número de víctimas locales y extranjeras— debe ser un eje central de la evaluación oficial con espíritu crítico. Pasar por alto estos hechos sería irresponsable frente a una ciudad que aspira a reconocimiento internacional. La seguridad no es un tema accesorio de la fiesta, sino una condición básica para que Barranquilla pueda ser vista como un destino confiable, capaz de celebrar sin poner en riesgo su reputación ni la vida de quienes la visitan.