La decisión unilateral e inconsulta del Gobierno de trasladar a cárceles de Barranquilla a los máximos jefes de las bandas criminales de ‘Costeños’ y ‘Pepes’ —Jorge Eliécer Díaz y Digno Palomino—, con quienes mantiene diálogos exploratorios, constituye un escandaloso acto de imprevisión, desconectado por completo de la realidad del territorio. Pero, sobre todo, corresponde a una determinación profundamente irrespetuosa con una ciudadanía que durante años ha pagado con sangre, miedo y gran sufrimiento la irracional escalada violenta de estas estructuras delincuenciales. Otro gesto de improvisación del Ejecutivo, impuesto por encima de la responsabilidad institucional a la que le obliga su mandato constitucional.

Resulta ofensivo que se dijera que el traslado, acordado inicialmente con ‘Castor’ —quien se instalaría en la ciudad con 16 de sus lugartenientes—, buscaba proteger a la población. ¡Pero si es la gente, desde la más vulnerable hasta la más pudiente, la que debe cargar con el agobiante peso de los muchos delitos cometidos por este insaciable entramado criminal!

No cabe duda del alcance arbitrario e irreflexivo de la decisión del Gobierno que encendió, y con toda razón, las alarmas en nuestro departamento. En primer lugar, por la comprobada peligrosidad de ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y, en segundo término, por la opacidad con la que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la misma salpicada por la presunta infiltración de las disidencias de las Farc, habría mecido la cuna para favorecer este traslado desde Bogotá.

El anuncio —y su posterior reversazo— dejó en evidencia la fragilidad de las conversaciones que la Oficina del Alto Comisionado inició el 2 de octubre de 2025. El propio ministro de Justicia reconoció que el traslado se suspendió por una “falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre las bandas criminales”, lo que ratifica que ni siquiera existen garantías mínimas de control sobre quienes ahora pretenden ser interlocutores del Estado. ¿Cómo justificar su eventual traslado a cárceles locales sin que medie un plan serio para contener su capacidad de mando criminal desde prisión? Y si lo tienen, ¿cuándo lo darán a conocer?

El riesgo al que nos exponen es absoluto. La presencia de Palomino, el ‘Negro Ober’ y ‘Castor’ en Barranquilla podría fortalecer su control territorial, reactivar disputas internas, generar nuevas retaliaciones e intensificar la infame presión extorsiva sobre tenderos, comerciantes, transportadores y barrios enteros. Concentrarlos en cárceles sin condiciones de máxima seguridad equivale a facilitarles la comisión de sus delitos; sería como potenciar el conflicto en una ciudad y los municipios de su área metropolitana, ya en máxima tensión.

A ello se suma un factor aún más delicado, la posibilidad de que incidan por persuasión o disuasión en la dinámica político-electoral de este año, dado su control territorial. En un contexto tan incierto y volátil, ¿cuáles son los mecanismos previstos para blindar el proceso democrático frente a su eventual injerencia criminal? Ni una sola palabra. ¿O esa es la apuesta detrás del traslado? Operando de espaldas al ciudadano y a las autoridades, con declarado hermetismo, se alimenta la percepción de que estamos ante una ‘paz mafiosa’ pactada entre bandas, presentada como un éxito político, pero ausente de la desafiante cotidianeidad que afrontan los barranquilleros, así como los habitantes de los municipios.

Cuesta creer que nada de esto se discutiera con las autoridades locales que están en todo su derecho de levantar su voz de protesta. Alcaldía, Gobernación, Policía, Fiscalía e Inpec quedaron al margen de una decisión con potencial de ser una bomba de relojería. Insólito que no se considere ni a las víctimas, hoy ausentes del relato oficial. El silencio frente a ellas es atronador. Olvidan que la paz sin víctimas no es paz: es apenas impunidad administrada.

Grave también el vacío jurídico. Sin marco legal vigente que regule el sometimiento de las bandas, asegure acuerdos y obligue a su cumplimiento, un Gobierno ya de salida, ¿qué está negociando y a nombre de quién? Petro lo justifica como un paso más en su política de paz urbana y exhibe cifras de reducción de homicidios y extorsión, desconociendo los esfuerzos institucionales. Sin embargo, los datos, por los que ahora saca pecho, no ocultan la verdad de un territorio sometido a rachas de asesinatos selectivos e imparable extorsión, con 38 crímenes en 12 días de 2026, como publicamos a diario. Tampoco explica por qué, si su prioridad es proteger a la ciudadanía, opta por el traslado de criminales para mantener viva una tregua que ya muestra inquietantes fisuras, con disidencias armadas y reacomodos criminales, en lugar de enviar más refuerzos policiales, fortalecer la inteligencia, intervenir integralmente barrios críticos y desmantelar las estructuras que pretenden copar espacios.

En el nuevo round de su cansina pelea política contra el alcalde Char, en la que acostumbra a atropellar a Barranquilla, Petro llevó el debate sobre la seguridad ciudadana al terreno de su inmenso ego personal y no al de las soluciones. Lo que se esperaría de un presidente es interlocución institucional para avanzar, en vez de más polarización o bravatas revanchistas.

Barranquilla no debe ser el nuevo conejillo de indias o laboratorio de ensayos de la fallida paz urbana, tampoco una moneda de cambio de apuestas electorales. La paz no se decreta desde un escritorio lejano, con criminales empoderados, ni se construye sacrificando a las víctimas. La paz se edifica con un Estado fuerte, autoridad, legalidad y respeto. Todo lo demás —improvisación, unilateralidad y retórica, el ámbito en el que mejor se mueve el Gobierno— solo allana el camino a más violencia: una puerta que la ciudad tiene que cerrar.