La incertidumbre geopolítica resuena más allá de las fronteras de Venezuela. El nuevo y complejo escenario para la política internacional en las Américas tiene en ascuas a varios países que, tras el operativo que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, sienten la respiración de la intervencionista administración republicana “en la nuca”, como coloquialmente se dice.

El reto inmediato será navegar estas aguas turbulentas sin perder de vista la defensa de su soberanía, la necesidad de cooperación internacional y la preservación de una arquitectura regional que favorezca soluciones diplomáticas y no militares.

Por el lado de México, el fantasma de la injerencia estadounidense se cierne con amenazas explícitas. En días recientes, la administración de Trump ha sugerido que medidas militares contra los carteles de la droga podrían incluir acciones terrestres en territorio mexicano si el Gobierno no logra controlar la violencia y el tráfico de estupefacientes. Este tipo de declaraciones, que han causado alarma en Ciudad de México y renovado llamados de coordinación bilateral, se perciben como una potencial extensión de la lógica de intervención observada en Venezuela, ya sea militar o bajo otros pretextos de seguridad.

Para Colombia, la situación es igualmente desafiante. Tradicionalmente visto como aliado estratégico de Estados Unidos, Bogotá se encuentra ahora en una posición crítica: por un lado, rechaza la intervención en Venezuela y cualquier amenaza militar similar contra sí mismo; por otro, teme las consecuencias de un deterioro bilateral con Washington que podría socavar la cooperación en seguridad y desarrollo.

Mientras tanto, Nicaragua observa el escenario con gran cautela. Aliada de antaño de Venezuela y enemiga de las políticas estadounidenses en la región, Managua ha condenado la intervención en Caracas y temido que esta acción abra la puerta a una mayor presión contra su propio régimen, que este 2026 cumple 19 años consecutivos en el poder. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría enfrentar un aumento en sanciones, apoyo internacional a la oposición o esfuerzos renovados para aislarla diplomáticamente. Esta posibilidad añade otra dimensión a la incertidumbre regional: la potencial ampliación de la confrontación entre Washington y gobiernos considerados “hostiles”, lo que podría exacerbar tensiones internas y provocar reacciones geopolíticas indeseadas.

A este eje de tensiones se suma Cuba, actor clave en el tablero regional y aliado estratégico tanto de Venezuela como de Nicaragua. La Habana ha condenado de forma contundente la captura de Maduro, interpretándola como una agresión directa contra un gobierno soberano y una advertencia implícita para otros países que mantienen una postura crítica frente a Washington. Para Cuba, el escenario es especialmente sensible: la posibilidad de un endurecimiento adicional del embargo, nuevas sanciones o un aumento de la presión diplomática revive los temores de una política estadounidense más confrontacional, similar a la de etapas pasadas. En este contexto, el Gobierno cubano busca reforzar sus alianzas regionales y extrahemisféricas como mecanismo de contención frente a un entorno cada vez más adverso.

La inclusión de Cuba en este panorama no es menor. Su papel como mediador informal, aliado político y símbolo de resistencia frente a Estados Unidos la convierte en un factor que amplifica la dimensión ideológica del conflicto. Cualquier movimiento de Washington hacia La Habana tendría efectos inmediatos en la estabilidad regional y en la dinámica interna de países que aún ven en Cuba un referente político y diplomático.

Washington, por su parte, enfrenta la presión de justificar sus acciones ante una comunidad internacional mayoritariamente crítica, al tiempo que intenta consolidar una narrativa que presente a sus políticas como necesarias para la seguridad hemisférica.

A este escenario externo se suma una dimensión interna que no puede ignorarse: la erosión de la calidad democrática en Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. La concentración de poder en el Ejecutivo, el cuestionamiento recurrente a las instituciones judiciales y legislativas, y el uso de la política exterior como herramienta de confrontación han generado un creciente malestar dentro del propio país. Las decisiones unilaterales en el ámbito internacional —como la captura de Maduro y las amenazas veladas o explícitas contra gobiernos latinoamericanos— han profundizado la polarización política y han despertado críticas incluso entre sectores tradicionalmente afines al Partido Republicano. Para una parte significativa de la opinión pública estadounidense, estas acciones proyectan una imagen de imprevisibilidad y desgaste del liderazgo moral de Estados Unidos, lo que se traduce en una pérdida de apoyo interno y en un debate cada vez más intenso sobre los límites del poder presidencial y el costo democrático de una política exterior basada en la fuerza más que en el consenso.

En este contexto, las próximas decisiones de Donald Trump —sobre cooperación, sanciones, diplomacia o posibles nuevas acciones unilaterales— determinarán en gran medida si la región entra en una nueva fase de confrontación o si es posible encaminar un proceso de diálogo y reconstrucción que reduzca las tensiones y promueva la estabilidad.