Treinta años cumplía este viernes el colombo-francés, criado en Barranquilla, Jean Claude Bossard García. La que debía ser una jornada de celebración entre su familia y amigos será, de ahora en adelante, recordada como la luctuosa e inesperada fecha de su adiós definitivo.

Colombia no puede ni debe tolerar que la tragedia que ahora afronta este hogar por el asesinato del joven, al igual que la de otras víctimas de inseguridad urbana, se naturalice. No es normal que suceda ni que las personas tengamos que vivir con miedo a salir a la calle.

A Jean Claude, quien caminaba hacia su casa en el norte de Bogotá, a plena luz del día, lo mataron por oponerse al robo de su celular. El responsable fue un menor de 16 años, que estaba en libertad vigilada tras ser sancionado por hurto calificado, un delito que cometió en mayo pasado y, además, aceptó. Aparentemente, este no era el único en su prontuario. Pese a sus antecedentes, el adolescente seguía en la calle, delinquiendo, como se confirmó.

El victimario era parte de una banda de cuatro sujetos que desde hacía semanas atracaba en la misma zona de Usaquén, en la que hirieron de muerte a Jean Claude. Se movilizaban en una moto naranja y un carro gris. Estaban plenamente identificados, no solo por vecinos y afectados, sino también por la Policía, que sostuvo con ellos un enfrentamiento el día 10 de noviembre. Si alertas previas sobre su actividad criminal estaban encendidas, ¿por qué no se actuó de manera más diligente para lograr la desarticulación oportuna de la estructura?

Capítulo aparte merece la valiente reacción del patrullero que enfrentó a los criminales en su huida. Aun así, la cadena de omisiones que derivó en la absurda muerte de Jean Claude reclama respuestas de la institucionalidad ante su fracaso colectivo para proteger la vida de un ciudadano. Las primeras tendrían que dárselas a Jean Claude Bossard Serpa, padre de la víctima, quien se preguntó, con razón y dolor, “¿Cómo puede ser que estemos en manos de criminales que tienen cinco, seis, siete, ocho entradas a la cárcel y aún siguen en la calle?”.

Homicidios perpetrados por delincuentes reincidentes ocurren a diario en Bogotá, donde este año han sido asesinadas más de 1.100 personas, 59 % de ellas con armas de fuego y casi 60 en medio de robos. Sin embargo, esta reiterativa conducta delictiva no es exclusiva de la capital del país. Todo lo contrario: es el pan de cada día de nuestros centros urbanos, donde crímenes como el de Jean Claude delatan una convergencia de fallas de carácter operativo, judicial y preventivo que necesitan ser solventadas a tiempo para evitar que la reacción del Estado aparezca solo cuando hay una víctima mortal tendida en el pavimento.

Este hecho exige más que una indignación pasajera. El asesinato de Jean Claude nos debería confrontar como nación con el deber inaplazable de discutir temas claves que nos permitan pasar de la reacción al control sostenido. Colombia requiere de una política de seguridad urbana que se ocupe —con abordaje técnico— de contener las modalidades delictivas de más impacto social. El gobierno Petro priorizó, y tarde, su lucha contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico, pero dejó a la Policía sola para combatir a las bandas en ciudades.

¿Cuál es la estrategia de seguridad nacional soportada en políticas públicas que les faculten la toma eficaz de decisiones a alcaldes y gobernadores que deben ponerle la cara a su gente, sobre todo en territorios, donde crece sin parar la percepción y realidad sobre inseguridad?

Nos hace falta una reforma judicial que fortalezca capacidades de actuación de la Fiscalía, en articulación con Policía, para garantizar herramientas efectivas contra la reincidencia y el aseguramiento de presuntos delincuentes. Lo que hoy tenemos es una puerta giratoria que los devuelve a la calle en cuestión de horas para que sigan haciendo lo mismo o, aún peor, escalando su accionar criminal hasta la violencia letal. Pasó con el asesino de Jean Claude.

Y aunque sea una conversación incómoda, resulta indispensable que se abra el debate sobre la efectividad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). A juicio de distintas voces, entre ellas las de las víctimas, este se convirtió en un engranaje de impunidad o vía de escape a la justicia, usufructuado por criminales para evadir sus responsabilidades.

¿Ha llegado la hora de que los menores asesinos sean juzgados por la jurisdicción ordinaria?