Han pasado quince años desde el 30 de noviembre de 2010, cuando el terraplén del canal del Dique cedió, abrió un boquete de 240 metros y desató la peor tragedia social y ambiental en la historia reciente del sur del Atlántico. Sin embargo, para las comunidades que la padecieron —y que aún soportan sus secuelas, como se lo relataron a EL HERALDO— el tiempo, al igual que el dolor del primer día, parece que se hubiera detenido para siempre.

Su abrumadora pobreza, necesidades insatisfechas, zozobra e incertidumbre por el riesgo inminente de volver a inundarse y, sobre todo, la lacerante desidia estatal siguen intactos, perpetuando una herida que el país prefirió olvidar, mientras ellas resisten —como pueden– entre terrenos improductivos, casas deterioradas y promesas oficiales que nunca cuajaron.

La ruptura arrasó con más de 32 mil hectáreas, dejó 25 mil hogares damnificados y sepultó bajo el agua la vida de familias campesinas que perdieron en cuestión de horas el trabajo de generaciones. Hoy, mujeres y hombres curtidos por los años aún recuerdan, con la voz entrecortada, la turbiedad avanzando como un mar sobre sus cultivos, animales y viviendas. Algunos lograron reconstruir parte de sus tierras con una tenacidad casi heroica; otros nunca regresaron. Y todos, eso sí, comparten una misma sensación: el Estado los dejó solos.

Bien sea tras el devastador impacto inicial provocado por la rotura, bien sea en medio de la ruinosa realidad que ahora afrontan, los damnificados insisten en que el colapso del Dique no fue un accidente inevitable, sino el resultado de omisiones acumuladas o advertencias ignoradas por dejadez institucional. Lo más lamentable es que siguen sin ser escuchados, sumidos en un olvido de dimensiones macondianas que les impide reponerse del desastre.

Es infame suponer que lo sucedido en el 2010 es ya un capítulo borrado. Más bien todo lo contrario. De ahí que los habitantes de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí o Repelón, que se perciben desprotegidos, expuestos y relegados, decidan hoy declararse en pie de lucha para hacerse visibles. Asumen, y con razón, que cada día que pasa sin soluciones reales es, en sí mismo, una nueva quiebra. En particular, por la persistencia de las amenazas.

Su clamor no es en vano. Por un lado, resulta evidente el inconformismo por obras, como el muro de contención que construye Cormagdalena en zona rural de Santa Lucía que, a su juicio, no les garantiza blindaje efectivo si la tragedia se repite. Y, por el otro, se quedaron de una pieza tras conocer que el proyecto de restauración del canal del Dique se paralizará si el Ministerio de Hacienda no desembolsa lo correspondiente a las partidas de vigencias futuras que le adeuda al concesionario. No deja de ser una punzante paradoja que justo cuando la solución estructural se materializaba después de años de dilaciones, el Gobierno de la ‘Colombia potencia mundial de la vida’ pausara la esperanza de gente tan vulnerable.

¿Qué están esperando? El Dique cedió en 1984, en 2010, y sus comunidades que lo conocen bastante bien no descartan que pueda volver a suceder. Por sentido común, también por una cuestión de respeto a su memoria, entereza y paciencia —digna del santo Job— deben ser escuchadas o, al menos, tenidas en cuenta. El macroproyecto de recuperación ecológica del canal del Dique es esencial para solventar su sedimentación, degradación de hábitats y riesgo latente de inundación en sus inmediaciones. Merecen dejar de vivir con el miedo de despertar con el agua al cuello o con las casas, que les entregaron durante las reubicaciones, en el suelo por el avanzado deterioro en el que en la actualidad se encuentran. Qué tristeza.

Quince años son más que suficientes para haber garantizado desarrollo humano, social y económico a los moradores del sur del Atlántico. Sin embargo, en su lugar lo que obtuvieron fue la desoladora certeza de que, para el Estado, su tragedia no existe. Tanto es así que en ese territorio parece que el tiempo del progreso se detuvo y si se mantiene en pie es por la fuerza de su gente que hace bien en demandar más inversiones, presencia institucional y una respuesta honesta, definitiva, que ponga fin a su prolongada incertidumbre y le asegure futuro a los hijos de la catastrófica inundación de 2010, que solo conocen penurias y dolor.