Ante las pulsiones autoritarias de quienes a diario acuden a la polarización estridente, a los ataques rastreros ad hominem y a los discursos viscerales para tratar de colonizar a los poderes públicos y, de paso, desacreditar a la institucionalidad, la Rama Judicial se ha erigido como un muro de contención, un garante de la prevalencia del Estado social y democrático de Derecho.

Convocados por el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el magistrado sabanalarguero Mauricio Rodríguez Tamayo, más de 500 de sus representantes, entre ellos casi un centenar de magistrados, celebran en Barranquilla el V Encuentro Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria y el I Encuentro Nacional de Altas Cortes. Es, sin duda, una cita cargada de especial trascendencia, en la que una vez más le entregan al país un inequívoco mensaje de unidad sobre la independencia judicial que no se negocia, ni se doblega, ni se intimida.

Más que ejes temáticos, las garantías de una justicia para la gente, fundada en la separación de poderes, el debido proceso, la aplicabilidad del derecho penal, la supremacía constitucional o el rol ciudadano en el control del Estado, son afirmaciones institucionales frente a las insistentes pretensiones de los que buscan socavar o erosionar la legitimidad de las altas cortes y de los jueces para obtener bajo presiones lo que no logran por derecho.

Acosados por la actual deriva populista que ha propiciado un ambiente político plagado de desconfianzas, desinformación intencional y señalamientos oportunistas, los presidentes de las altas corporaciones de la justicia colombiana han tenido que levantar su voz con firmeza y carácter para insistir en algo tan elemental como perentorio: cuando la justicia es intimidada, no se pone en riesgo una rama del poder; lo que peligra es la democracia misma.

Atacar a uno de los engranajes democráticos del Estado, como lo es la Justicia, cuestionar sus fallos o sentencias, enlodar —a manera de castigo o venganza— la dimensión personal o profesional de sus cabezas, no es casual ni gratuito. Obedece a una calculada estrategia que raya en el desvarío autoritario. Este gobierno ha hecho todo lo posible para eludir los frenos y controles de la institucionalidad, en aras de no hacerse responsable de sus acciones.

Magistrados y jueces, guardianes del orden democrático, los derechos humanos y la separación de poderes, al ser garantes de las libertades ciudadanas, deben ejercer su labor sin ser objeto de agresiones personales, embestidas del activismo mediático o del chantaje de campañas de desprestigio que apuestan por hacer descarrilar sus decisiones. Su entereza o resistencia, lejos de ser una actitud arrogante —como sus contradictores les endilgan—, es la condición que le permite al ciudadano, al margen de su condición, encontrar amparo frente a los abusos del Estado y de particulares. En ello radica la relevancia de su autonomía.

Graduar al poder judicial de adversario político a derribar le abre espacio a la arbitrariedad de quienes imbuidos en su demostrado espíritu totalitario sueñan con su propio sistema de derechos y libertades, sin más legitimidad que la suya, y en el que únicamente funciona su verdad. Sin embargo, pese a su nefanda narrativa, la realidad es que sin independencia judicial los derechos se desvanecen, al igual que los contrapesos de las instituciones, lo que deja a la gente más vulnerable. De manera que respaldar a magistrados y jueces, ese último resguardo ante atropellos o desafueros, es también cuidar nuestra imperfecta democracia.

Sin embargo, en su ejercicio cotidiano con decisiones justas y abiertas al escrutinio público, enmarcadas en la ética, honradez y probidad, unos y otros deben ganarse la confianza ciudadana. De lo contrario, el control disciplinario debe actuar con celeridad. Es lo mínimo.

En sus 40 años, la toma del Palacio de Justicia nos recuerda el costo de la barbarie, también el de la defensa de la dignidad humana, representada en el sacrificio de los magistrados. Así que, ante la polarización que degrada el debate de las ideas y rompe los consensos, se hace imprescindible recoger el mensaje del magistrado Gustavo Gómez Velásquez, sobreviviente del holocausto. Mientras la “justicia continúe en manos limpias, mentes libres y voluntades valerosas”, no podemos menos que advertir que Colombia seguirá siendo una democracia.