Otra vez los usuarios residenciales, comerciales, industriales y, en especial, las generadoras térmicas del Caribe colombiano, están en vilo por un eventual desabastecimiento de gas que podría derivar en un racionamiento de energía, si no se adoptan las medidas del caso.

¿La razón? La misma del año anterior: el mantenimiento de la regasificadora Spec, programado del 10 al 14 de octubre. Desde la pérdida de autosuficiencia o de soberanía energética en gas, en 2024, cuando debido a la escasez de gas en los campos de producción nacional, el país no tuvo otra opción que importarlo de manera permanente para atender segmentos más allá de la generación térmica, la planta ubicada en Cartagena –la única en su formato que hoy existe– ha jugado un rol fundamental para garantizar el abastecimiento.

Por tal razón, si Spec sale de funcionamiento durante cinco días, los agentes del sector energía, sobre todo las térmicas, no contarán con el gas importado que procesa la terminal. Lo que en estos casos procede es un trámite de gestión para buscar el suministro que necesitan con comercializadores mayoristas e industriales para que las plantas continúen operando, pero en esta ocasión algo cambió. Tras tocar varias puertas, a nadie le sobra gas.

El quid del asunto es la falta de disponibilidad del energético. Una crisis en toda regla, desestimada por el actual Gobierno e incluso inducida en buena medida por él, que dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural. Seguramente, con las acciones anunciadas por el ministro Palma, que resultó ser algo más diligente que su antecesor, al menos para valorar el alcance de una situación que podría causar un déficit de energía del 30 % en el Caribe, se abrirán espacios de negociación para mitigar los riesgos de demanda no atendida. Aunque será inevitable que usuarios industriales y de generación térmica afronten algún racionamiento de gas, a cambio de asegurar suministro energético, de acuerdo con el orden de prioridad establecido por el Ministerio de Minas, encabezado por hogares y comercios.

Solventada la dificultad de turno, y confiemos en que así sea por el bien de nuestra región, conviene poner el foco en lo verdaderamente importante. A Colombia se le agotan sus reservas probadas de gas natural. El informe del sector, que cada año elabora Promigas, confirma que estas mantienen la tendencia a la baja de la última década. Así las cosas, el suministro nacional para 11,9 millones de usuarios, 36 millones de personas, solo alcanza para 5.9 años. Con una circunstancia adicional, el consumo va para arriba: un 8 %, en 2024.

Si no se toman decisiones oportunas, de fondo, con visión de largo plazo y una adecuada articulación entre Gobierno nacional, autoridades locales, sector privado y comunidades para diversificar las fuentes de abastecimiento, la estrechez en el suministro de gas se profundizará con fuertes impactos en toda la cadena de valor, en particular en los usuarios. Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, no descarta reajustes en tarifas de entre 32 % y 40 %, como consecuencia del inatajable déficit de gas local, lo que obligará a incrementar las importaciones por encima del 20 %; ahora está en 17 %. O lo que es igual, a comprar cada vez más volúmenes de un gas que resulta más costoso porque viene de fuera, cuando Colombia cuenta con recursos contingentes del energético, pero que —por distintas razones, algunas de voluntad política, otras por enrevesados trámites de licencias ambientales y consultas previas— no terminan en convertirse en reservas y en producción efectiva que alivien las urgencias de un sector presionado por la escasez de materia prima.

Es evidente que las decisiones que, por dogmatismo, tozudez e incompetencia, no se tomen ahora, las pagaremos todos en el mediano y largo plazo. Resulta imprescindible retomar la exploración de hidrocarburos y acelerar pilotos de yacimientos no convencionales para garantizar suministro. El resto es pura demagogia o carreta. Atajos que solo causan más problemas, como el embeleco de un proyecto de ley para igualar tarifas del transporte de gas en el país, disparará en un 30 % lo que pagamos por este servicio en la Costa, en tanto reduce en un 50 % lo del resto del país. ¿Será que nos vieron cara de pendejos? No estamos para más injusticias. Ya con el inacabable drama de la energía eléctrica tenemos de sobra.

En todo caso, está por verse si los parlamentarios de la bancada del Atlántico y del resto del Caribe se acuerdan dónde pagan su factura de gas, sobre todo ahora que vienen elecciones.