El Gobierno de Gustavo Petro tiene muchas explicaciones que dar en el caso del prófugo de la justicia colombiana Carlos Ramón González. El exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), considerado el cerebro del entramado de corrupción que saqueó la Ungrd, residente hoy en Nicaragua bajo la protección de la dictadura del sátrapa Daniel Ortega, habría obtenido el aval de ese país mediante el diligente respaldo de los funcionarios de la embajada de Colombia en Managua.

Es una oda ramplona a la impunidad que el 21 de mayo, justo el mismo día en el que la Fiscalía le imputaba cargos a González por su responsabilidad en la red criminal que orquestó el peor escándalo de corrupción de este Gobierno, la representación diplomática de Colombia en Nicaragua decidiera elevar ante su Ministerio de Migración y Extranjería gestiones a favor del procesado para que se le renovara su residencia permanente, a punto de vencerse. Quien firmó la solicitud para el “compañero”, como el documento revelado por el canal RCN consigna, es Óscar Muñoz Giraldo, encargado de la embajada en Managua.

Cuesta creer que el Ejecutivo y el propio mandatario no estuvieran al tanto de las andanzas de González, militante de la Alianza Verde, uno de los hombres del círculo de confianza en el que Petro, su compañero en el M-19, apalancó la llegada de la izquierda al poder en 2022.

Era de público conocimiento que González, una de las figuras del cónclave corrupto que se reunía en la Casa de Nariño, acusado por la Fiscalía de ordenar el pago de sobornos –con dinero de la Ungrd- a congresistas, entre ellos a los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, a cambio de su respaldo legislativo para el Gobierno, había huido a Nicaragua en noviembre de 2024. Este sabía que era un destino ideal para hacerse inaccesible a la justicia que lo tenía en la mira tras lo dicho por Olmedo López, la piedra angular de la trama.

La garantía de tener a León Fredy Muñoz, copartidario de la Alianza Verde, su amigo personal y valedor del régimen de Ortega, como el embajador de Colombia en Managua, facilitó su aterrizaje. Eso se cae por su propio peso. El ahora senador del oficialismo, quien dejó su cargo en febrero, se desmarca del escándalo, aunque reconoce que, en virtud de la relación de amistad que los une, intercedió por González ante la dictadura para su ingreso al país y lo hospedó en su residencia oficial durante dos viajes anteriores al de noviembre.

También admite que Muñoz, el responsable del controversial trámite a favor del imputado, fue su asesor en el Congreso y terminó ahí por decisión suya. ¿Casualidad? Ninguna. No nos crean tan ingenuos. Cierto que fue el 3 de julio cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el ingreso en prisión de González, pero aun así resulta intolerable que desde la representación diplomática del Estado colombiano en Nicaragua, se hubiera abogado en distintas ocasiones por una persona que salió del país para evadir el accionar de la justicia.

En su primera reacción, fiel a su estilo, Petro escenificó su relato victimista para matizar el estallido del escándalo. Acusó a los medios de mentir y hasta exigió rectificación. Para él, lo reprochable no es el hecho –a todas luces irregular- que compromete la actuación de funcionarios de la embajada en Nicaragua ni que uno de sus alfiles esté involucrado en el caso de corrupción de la Ungrd. Tampoco que sea un prófugo de la justicia. Lo delicado, a su juicio, es que se diga que su Gobierno pidió regularizar el estatus migratorio del fugitivo.

Pues sí, eso fue exactamente lo que pasó. Si la excanciller Laura Sarabia, la actual ministra, Rosa Villavicencio, y el presidente desconocían la privilegiada situación de amparo que le proporcionó la embajada a González durante 9 meses, lo que queda en evidencia es su desconexión, cuando no inoperancia o torpeza en materia de gestión. Nada distinto a un liderazgo irrelevante con potencial de llevarse por delante la credibilidad de un Gobierno.

Para desviar el foco de críticas por sus errores, el Ejecutivo siempre encuentra un enemigo externo e interno, en el que se justifica para finalmente recular. Así evita responsabilizarse de sus actos, aunque las evidencias, como en el caso del propio González, que proclama su inocencia, sean tan flagrantes. Pasada la opereta inicial, Petro anuncia que le solicitará a Nicaragua entregarlo a la justicia. Haría falta mucho más que eso. La Cancillería dice que investigará. Es su obligación decirle al país quién está detrás del plan para proteger al prófugo. También lo hará la Procuraduría, a la que se le tiene más fe. Los defensores de las causas imposibles deberían tomar nota y dejar de autoconvencerse de que todo lo hacen bien.