Es inevitable hablar de la crisis de Air-e porque aunque el Gobierno insista en que trabaja en una estrategia para garantizar el suministro de energía para sus 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, a la fecha aún no cierra contratos con los generadores de cara a 2026. En tanto, las deudas crecen sin parar, de hecho se triplicaron en los últimos meses, y su credibilidad se deteriora por supuestas irregularidades o falta de transparencia en millonarios contratos, suspendidos por la Superservicios, investigados por la Fiscalía y firmados cuando el actual ministro de Minas, Edwin Palma, era el agente interventor.

Determinar las responsabilidades por la presunta corrupción en el manejo de los recursos durante la intervención, que ni siquiera completa su primer año, debe ser prioridad de los entes de control. Estos siguen de cerca la dramática condición de una empresa que no nos cansamos de insistir pone en riesgo la seguridad energética del Caribe y del resto del país, en la medida en que si no honra sus pagos expone al sistema eléctrico nacional a un colapso.

Con esas nefastas consecuencias en el horizonte, cabe preguntar si la solución empresarial requerida por Air-e para asegurar su operación financiera y operativa, en otras palabras para continuar prestando el servicio, llegará a tiempo. Es una inquietud válida porque la Superintendencia de Servicios Públicos, que asumió su control en septiembre de 2024 por insolvencia y a petición de sus accionistas, no ha despejado su devenir incierto, resuelto ni contenido sus deudas, ni puesto en marcha un modelo eficaz de intervención que garantice su sostenibilidad. Lo único en lo que ha sido efectiva es en ahondar la desconfianza general.

A contra reloj, Palma busca contratar de forma directa la mayor cantidad de energía con los generadores para reducir al máximo la exposición de Air-e a bolsa, compras diarias a precios volátiles, sometidos a la oferta y demanda del mercado. Situación indeseable derivada de falta de recursos, mínima gestión empresarial o improvisación que impactan el costo del kilovatio hora y, en consecuencia, el valor final de la factura que pagamos los usuarios. El escenario de un eventual fenómeno de El Niño en 2026, verano intenso más sequías, podría hacer aún más complejo el panorama debido a que el precio de la energía se suele disparar.

Duro año el que nos espera en la región Caribe si el Ministerio de Hacienda no se mete la mano al bolsillo y literalmente sale al rescate de Air-e intervenida. También de Afinia que enfrenta serias dificultades financieras. Entre otras razones, porque entidades públicas, sus principales deudoras morosas, no les pagan, y el Gobierno sigue atrasado con el reembolso de los subsidios para usuarios de estratos 1, 2 y 3. Es tan crítico el tema que generadores ya evalúan suspenderles el suministro de energía, pese a que el Ejecutivo les exige no hacerlo.

Solo Air-e les debe a térmicos e hidroeléctricas $1.3 billones. Acreencias que suben a $2,3 billones si se les suma lo que la empresa le adeuda al resto de sus habituales proveedores.

Casi un año después de la intervención de Air-e nos encontramos en lo más parecido a un limbo: sin energía contratada para 2026, ni certezas de un plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de infraestructura, ni de inversión de obras por el agotamiento del Sistema de Transmisión Regional. Y, aún peor, con la desastrosa noticia de que por falta de garantías, de una póliza de seguro, Air-e dejó perder $158 mil millones de Minminas para proyectos de electrificación de barrios en subnormalidad eléctrica, que ahora buscan cómo recuperar.

A estas alturas, no cabe duda de que el remedio ha resultado peor que la enfermedad. La opacidad en contratos, el desorden en gestión, la inestabilidad en el liderazgo, con cuatro interventores en 11 meses, profundizaron la crisis de credibilidad o confianza de Air-e, convertida en uno de los mayores problemas del sector energético. Se necesitan acciones concretas del Gobierno para disipar el riesgo sistémico de apagón en nuestra región, desde la compra de energía para 2026 hasta el pago de deudas, pasando por la modernización de infraestructura y, sobre todo, garantías de reglas de juego claras para la inversión privada.

Para ello se requiere respaldo financiero, también medidas regulatorias que flexibilicen la compra directa de energía. Así que bienvenidos los diálogos sobre un nuevo modelo de subsidios, los proyectos de transición energética a mediano y largo plazo u otras iniciativas, pero lo que nos urge son soluciones. Y eso lo saben Palma, el interventor, Nelson Vásquez, y el superintendente Márquez, que deberían conversar sobre Air-e con más frecuencia.