Sin tener mayorías garantizadas, el ‘Gobierno del Cambio’ encara la última legislatura de su mandato como si se tratara de una batalla final. Y, a decir verdad, es lo que podría ocurrir.
En este año legislativo (2025-2026), cruzado por las elecciones al Congreso en marzo y las presidenciales en mayo, signado por el natural desgaste de un Ejecutivo en su recta final y, en este caso puntual, enmarcado en la beligerante relación entre Gobierno y Legislativo, al menos con buena parte de sectores de oposición e independientes, resulta innegable que a la Casa de Nariño le quedará realmente difícil que sus proyectos bandera sean aprobados.
Lo primero, no es extraño ni tampoco atribuible a las actuales circunstancias que afronta la nación que la cuarta legislatura, a diferencia de las anteriores, sea más del Congreso que del Gobierno. Algunos la llaman –incluso– estéril por la reducida efectividad en el trámite y aprobación de iniciativas; otros, mixta, porque senadores y representantes se dividen entre el trabajo legislativo y sus campañas en regiones, en el caso de quienes buscan la reelección.
De manera que la minucia política los mantendrá ocupados. Tampoco faltarán aquellos que pretendan obtener rédito electoral de una recrudecida oposición al Ejecutivo, diciéndole no a todos sus proyectos. Sin duda, esa previsible hostilidad podría aumentar la intensidad o agresividad electoral en una campaña de ánimo caldeado que el mismo presidente anticipó.
Lo segundo, el Gobierno llega tarde para impulsar reformas cruciales. A estas alturas, con una tormenta en su contra que arrecia en distintos frentes, también en el interior de sus propias filas, es evidente que su capital político se ha agotado. Legislatura tras legislatura, desde la coalición pluralista que ganó las elecciones en 2022 hasta el polarizado Congreso de 2025, la efectividad legislativa del Ejecutivo cayó del 33 % al 22 %, la más baja de los últimos 15 años. Pues, en ese álgido escenario de confrontación se debatirán los proyectos.
Encabezando el listado, el polémico marco jurídico para la paz total que otorga gabelas a los capos de bandas criminales sin claridad meridiana a cambio de qué, al que de entrada se opone la Corte Suprema de Justicia. También aparece la iniciativa sobre tarifas de energía eléctrica para que los estratos 4, 5 y 6 y el comercio e industria asuman el pago de la opción tarifaria y una nueva reforma tributaria por $20 billones, de mal pronóstico en la recta final.
Insistirá el Gobierno en la aprobación de su reforma a la salud 2.0, a la que le quedan dos debates en el Senado; de la jurisdicción agraria y de la ley de competencias para hacer viable la reforma del Sistema General de Participaciones, de la que poco o nada saben las regiones que confían en que prime el consenso para avanzar en la dirección correcta en el Congreso.
El acto de instalación del Legislativo señaló los derroteros del presidente Petro durante la última legislatura. Su discurso, más en clave de candidato o de propaganda electoral que de jefe de Estado, se centró en lo que calificó como “éxitos gubernamentales”. Habló de supuestos resultados en economía, agricultura, educación o salud, los sobredimensionó, pero pasó por alto cuellos de botella que persisten en esos temas y, por supuesto, ni un mea culpa sobre crisis acuciantes, como la fiscal por el aumento desbordado del gasto que su Ejecutivo se resiste a recortar o la de la inseguridad por la pérdida del control territorial.
Entre la ironía, la negación, el revisionismo histórico, el victimismo, recursos emocionales y otras formas de populismo, Petro volvió a alimentar el relato de la confrontación, del odio, pero siguió sin ofrecer las soluciones que los colombianos le demandan con gran celeridad.
No cabe duda que, en aras de sacar adelante su agenda legislativa, el Gobierno intensificará sus acusaciones, tensiones, presiones -como la movilización social- o chantajes, blandiendo la espada oficialista de controvertidas propuestas. Algunas de ellas, inconstitucionales, como la consulta popular o la octava papeleta de una asamblea constituyente que pretendían desconocer al Congreso. Este demostró ser un guardián del orden democrático.
Se ha iniciado una nueva y dura lucha en el Legislativo, atravesada por las elecciones. En su instalación, quedó claro que ya no se trata de leyes, sino de poder. Quienes lo simbolizan, lo defienden o intentan perpetuarse en él deberían pensar en la ciudadanía que merece respuestas en medio de la incertidumbre que se convirtió en el modus vivendi del Gobierno.