El estremecedor caso de niñas y niños de tres años de edad abusados sexualmente por su cuidador en el Hogar Infantil Canadá, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el sur de Bogotá, nos ratifica –una vez más– que la sociedad no hace lo suficiente para proteger a su población más vulnerable.

Sometidos a un shock descomunal por la brutal agresión de la que han sido víctimas sus pequeños hijos, estas familias con enorme coraje y determinación señalaron a Freddy Arley Castellanos Velasco, de 36 años, de ser el responsable de los episodios de violencia sexual perpetrados en el jardín en marzo y abril, particularmente en el baño, hasta donde los conducía este monstruo. Ustedes perdonarán, pero es difícil encontrar otra palabra que retrate la naturaleza de alguien que se ensaña de una forma tan cruel con los más inocentes.

Lo sucedido en este jardín, financiado y supuestamente vigilado por Bienestar Familiar, entidad responsable de proteger los derechos de la niñez en el país, es inaceptable. Y en sentido estricto de autocrítica, ahora que Colombia se encuentra conmocionada, también refleja un fracaso colectivo que recae en primera instancia en los gobiernos, líderes e instituciones que tienen el deber constitucional de cuidar y asistir a los menores. De ahí en adelante, todos somos corresponsables de no actuar con firmeza ni a tiempo para acabar con las distintas formas de violencia en su contra. Desde maltratos físicos hasta abusos sexuales ocurren justo delante de nuestras narices, pero preferimos mirar hacia el otro lado.

A los niños, niñas y adolescentes debemos creerles cuando, pese a su desconcierto, miedo o dolor, deciden romper el silencio para hablarnos de tocamientos indebidos, actitudes violentas, agresiones injustificables u otras aberraciones. En el caso de los más pequeños, como las víctimas de este desalmado, sus repentinos cambios de comportamiento, lágrimas sin motivo e inexplicable rechazo contra el jardín al que acudían a diario hicieron saltar las alarmas de los padres que tras escucharlos con atención confrontaron al presunto agresor. También a las directivas del hogar que insólitamente lo encubrieron, desestimaron las graves acusaciones y hasta cohonestaron que este denunciara a una mamá ante la Fiscalía.

¿En manos de quienes están nuestros tesoros más preciados? Estas familias trabajadoras, humildes, como tantas en el país, no tienen más opción que acudir a los servicios del Estado, confiar en ellos, para que asuman el cuidado de sus hijos menores de edad, mientras buscan el sustento diario. La prioridad de la institucionalidad, ICBF, servidores públicos, operadores o contratistas, debe ser garantizar la protección y bienestar de niños y niñas en entornos libres de violencias, donde puedan sentirse seguros, respetados, y sus padres, tranquilos.

Esto no es un favor ni una caridad. Hablamos de los derechos de los menores, que además prevalecen sobre los de los demás. Seamos serios. No es tan difícil, si en realidad se diera estricto cumplimiento a los protocolos establecidos. ¿Se siguieron en este caso? Porque nos asaltan preguntas de sentido común: ¿cuáles son los criterios de contratación para quienes laboran en estos centros? ¿Por qué un hombre era el encargado de llevar o acompañar a los pequeños al baño? ¿Tenían los padres acceso a las cámaras del jardín? o ¿con qué frecuencia el ICBF supervisaba o controlaba sus actividades como entidad subcontratada?

Alarma saber que la Asociación Parque El Canadá ha firmado contratos con el Estado por más de $32 mil millones en los últimos años. Ahora se investiga su presunta responsabilidad o negligencia en este doloroso caso. A la fecha, el jardín está cerrado, Castellanos Velasco fue imputado por delitos sexuales con menor de 14 años –no aceptó cargos, por cierto– y el ICBF anunció medidas de contención para intentar bajar la marea de indignación desatada.

El escándalo remite. Con el tiempo, incluso se olvidará. Excepto para los niños abusados y sus familias que merecen recibir todas las respuestas sobre esta infamia que trasciende los espacios de cuidado o formativos.

Los hogares son el epicentro de las agresiones sexuales contra menores en Colombia: 4.375 casos reportó el ICBF en el primer trimestre. Romper el ciclo de violencia que se ensaña con la niñez debe ser prioridad de las familias, en primer término, y, también, a nivel político.

De nada sirve invertir en educación, salud mental o bienestar físico de la infancia, si se le violenta. El costo a pagar se traducirá en generaciones enfermas e inestables por las secuelas del trauma. Responsabilidad colectiva. Dejemos de perseguir nuestra autodestrucción. Es momento de actuar en defensa de los más frágiles.