Desde la Constitución de 1991 han pasado 34 años de una lucha por la descentralización administrativa y la autonomía de las regiones para construir y gestionar su propio desarrollo, fuera del ‘yugo’ centralista que les ha significado a los departamentos colombianos depender casi que exclusivamente de las decisiones que se toman en las oficinas de la fría capital.

La velocidad para echar a andar lo que quedó estipulado en los artículos 306 y 307 de la carta magna aún vigente ha ido a la par de la voluntad política que le ha faltado al país y a su clase dirigente para hacer un proceso sostenido que conduzca a la organización de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y por allí derecho, mucho más complicado, hacer realidad las regiones como entidades territoriales (RET).

Nadie dijo que la tarea sería fácil en una nación tan polarizada y segmentada por las ideologías, por ello los obstáculos en el proceso para reorganizar y reconfigurar el Estado colombiano no han sido menores y cada paso en el camino ha sido una batalla de pocos.

Y allí al Cesar lo que es del Cesar. Casi que como un quijote el gobernador del Atlántico, constituyente del 91, ha sido un abanderado de la descentralización entre la nueva generación de jóvenes mandatarios costeños por la integración regional, necesaria para pensar en proyectos de alto impacto para el futuro de sus ciudadanos. Él con su experiencia y sus colegas con su visión de desarrollo han decidido apostarle a la reorganización y reconfiguración del Estado colombiano, defendiendo con más vigor que nunca que el país se construye desde las regiones.

Se trata de una apuesta ambiciosa, sí. No cabe duda. Sobre todo cuando es necesario combatir contra la estigmatización de la clase política, siempre bajo la amenaza y el señalamiento de la corrupción y de la carga burocrática inútil.

Pero en el Caribe, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, los gobernadores han optado por la unidad para conseguir el objetivo de llegar al referendo por las regiones.

Si bien la primera de las 9 RAP que se constituyeron en Colombia fue la Central –lo hizo en 2014–, seguida de la del Pacífico (2016), ha sido la RAP Caribe, integrada desde el 2017, la pionera en la labor para avanzar al siguiente estadio: constituirse en la primera región como entidad territorial –RET.

De los 6 pasos que se deben cumplir para lograr el objetivo, el Caribe ha cumplido dos y está a una semana de alcanzar la tercera meta. El primer requisito es completar cinco años como RAP, hito que alcanzó en 2022. El segundo requisito es obtener la aprobación de todos los gobernadores: Mompox, en Bolívar, en septiembre de 2024, albergó la cumbre en la que los siete mandatarios costeños expresaron su voluntad de avanzar en este camino.

Y el tercer requisito avanza a toda máquina: las asambleas de Atlántico, Córdoba, Sucre y La Guajira ya avalaron con sus respectivas ordenanzas la integración de la RET. En el curso de la próxima semana se esperan las aprobaciones de Bolívar, Magdalena y Cesar, con lo cual el próximo viernes 9 de mayo se cumplirá en Barranquilla la llamada Gran Asamblea del Caribe, donde los gobernadores de la región esperan presentar su compromiso con la descentralización y la autonomía regional.

Surtida esta etapa, viene la elaboración del documento técnico que sustente las competencias y los recursos con los que deba contar la RET Caribe, para obtener posteriormente el concepto positivo del Gobierno y de Planeación Nacional, y a partir de allí presentar al Congreso para su aprobación la ley orgánica que permita su creación y concluir con el sexto y último requisito que es el referendo, el popular Voto Caribe, que termine refrendando la que sería la primera RET en Colombia.

Suena utópico, y así lo reconocen quienes están en la tarea, la meta de lograr que ese referendo popular se lleve a cabo con las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. El tiempo apremia, hará falta una suma de voluntades y retos y desafíos por superar.

Lo que sí es cierto es que hay una serie de problemas estructurales como la estabilidad energética de la región y la erosión costera, solo por citar un par de ejemplos, que hoy son competencia de la nación, pero el Ejecutivo en su nivel central ha sido incapaz de atender y que bien podría asumir la RET. Qué más da que el país transite a un nuevo modelo de organización territorial, si en tantos años el centralismo ha mantenido atajado el desarrollo de las regiones. Es hora de que Colombia se dé la oportunidad de impulsar la autonomía regional. La academia con sus aportes puede y deberá jugar un papel crucial para trazar la hoja de ruta en materia de competencias.