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Trece días después del inicio de las protestas, se cumplió la reunión exploratoria entre el Gobierno nacional –encabezado por el presidente Iván Duque- y delegados del Comité de Paro, con la Iglesia Católica y Naciones Unidas oficiando como garantes. Como se esperaba, no hubo acuerdo en el acercamiento inicial, pero las distintas partes, finalmente en un mismo espacio, se vieron las caras, fijaron posiciones y ratificaron sus discrepancias en una sana expresión de lo que debe ser una sociedad democrática en la que la violencia no tiene cabida.
Llegar a consensos no será un ejercicio fácil, pero desde EL HERALDO insistimos en que la vía del diálogo constituye la mejor salida para desescalar la violencia y superar las crisis institucional, social y económica que nos devoran. Por eso, invitamos al Gobierno y a promotores del paro a volver a sentarse a la mesa, sin mayores dilaciones, para no seguir profundizando la brecha de desconfianza existente entre ellos. Sin embargo, este diálogo no puede ser a cualquier precio ni procurando salidas que resulten pañitos de agua tibia frente a esta gran conflagración.
Definir los términos de una negociación honesta, transparente y respetuosa es el siguiente paso a considerar. Es lo mínimo. En ella, hoy depositan su esperanza millones de colombianos que acusan indignación y hartazgo tras los asesinatos y desapariciones de manifestantes, así como por los ataques a policías, bloqueos de vías, hechos de violencia e intolerancia, excesos de la fuerza pública y episodios de vandalismo que están intoxicando el clima de convivencia del país y, de paso, quebrantando la incipiente recuperación económica de sectores productivos que pasaron de las prolongadas cuarentenas y restricciones, por la emergencia sanitaria, a cierres preventivos u obligados por el actual estallido social.
Durante el diálogo, ninguno de los sectores convocados, tampoco el Gobierno, debería permitirse usar los repudiables sucesos violentos de los últimos días como moneda de cambio para negociar. Frente a los violentos, ninguna opción distinta a condenar sus acciones vengan de donde vengan y aislarlos, como hacen muchos de los manifestantes en las movilizaciones pacíficas. Es obligación de las autoridades acelerar las investigaciones para dar con los responsables de saqueos, ataques indiscriminados y otros delitos que propician un nocivo ambiente de agresiones, abusos y confrontación entre colombianos. También lo es reiterar cero tolerancia con las actuaciones de la fuerza pública que van en contravía de la Constitución y la ley.
Con el ánimo de construir consensos para retomar el normal funcionamiento del país y, sobre todo, para dejar de hacernos tanto daño, un buen comienzo sería que interlocutores trazaran lo antes posible una hoja de ruta realista y realizable que contribuya a encontrar soluciones concretas frente a este desafiante presente, en el que pobreza y desigualdad actúan como una bomba de relojería con potencial desestabilizador. Abordar lo fundamental frente al universo de necesidades que los aquejan es el llamado de los jóvenes que se lanzan a las calles, a diario, para reclamar oportunidades de futuro. Merecen ser escuchados. Como también lo merecen, los ciudadanos que se sienten vulnerados en sus derechos individuales y colectivos por el paro, como los pequeños comerciantes a punto de tirar la toalla por la falta de operatividad de sus negocios.
Gobierno y promotores del paro tienen una oportunidad histórica para consolidar, a través del diálogo y la confianza, un acuerdo incluyente que beneficie a todos los colombianos, y que además les envíe un mensaje aleccionador acerca de la importancia de aprender a disentir sin violencia ni enfrentamientos. Voluntad política y grandeza para avanzar.
