Los datos que maneja el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) sobre la situación de la seguridad en Barranquilla, publicados en nuestra edición de ayer, merecen una reflexión seria por parte de las autoridades, de los líderes económicos y sociales y de la sociedad en su conjunto acerca de la ciudad que estamos construyendo.

Según el Spoa, en el primer trimestre se recibieron 3.679 denuncias de atracos, un 30% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien las denuncias de hurtos a viviendas y establecimientos se redujeron, las de hurtos a personas subieron casi un 70%. Los robos de celulares crecieron un 50%.

Cabe la posibilidad –carecemos de información para sacar conclusión alguna al respecto– de que ese incremento en el número de denuncias no responda tanto a que haya más atracos, sino a que cada vez son más los ciudadanos que se animan a acudir a la Policía para exponer sus casos. Sin embargo, el aumento es tan notorio que resulta inevitable colegir que nos enfrentamos a un fuerte rebrote de la inseguridad.

El escenario es muy complejo, y hay que situarlo en el marco de un problema generalizado en el país. Ayer mismo, Semana dedicó su portada al aumento de la delincuencia de todo tipo a nivel nacional, con el elocuente titular: ‘¡Alerta roja!’.

En esta caótica situación intervienen diversos factores, como la proliferación del microtráfico de drogas, la expansión de bandas criminales organizadas o la permanente desavenencia entre policías y jueces acerca de los procedimientos de detención. A ellos se suman una política penitenciaria controvertible que permite a delincuentes andar libremente en las calles y –no por último menos importante– los graves desequilibrios económicos y sociales de nuestro país.

Las autoridades nacionales y locales deben actuar sin pérdida de tiempo para revertir esta preocupante tendencia en materia de inseguridad. Todas las partes involucradas aseguran estar trabajando con dedicación contra la delincuencia, y asumimos que es así. Sin embargo, a juzgar por los resultados, algo falla en el engranaje. Y es, precisamente, lo que hay que atender antes de que se desborden los ánimos de la ciudadanía.

El problema se reduce, sin duda, con una mayor eficacia policial y judicial. Pero no basta. Junto a las medidas coercitivas y penales, hay que dar pasos firmes hacia una sociedad más justa. Ello significa, entre otras muchas cosas, reducir drásticamente la inequidad y –en el caso especial de Barranquilla y el resto de la Costa– combatir la enorme informalidad laboral. La receta está a la mano. A ver si se aplica.