Llegar al fondo de lo que sucedió el pasado 13 de julio en la cárcel Modelo, día en que un incendio arrasó varias celdas del pabellón B mientras 72 internos se encontraban en el patio para una requisa rutinaria, debe movilizar a todas las autoridades de la ciudad para evitar que una tragedia como la del 27 de enero de 2014, cuando murieron 17 presos a causa de otra conflagración, se repita.
Es alarmante que un informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, conocido por EL HERALDO, descarte que la causa del fuego haya sido un cortocircuito, como indicaba la primera hipótesis. Expertos de esta dependencia determinaron que las instalaciones eléctricas se hallaban en buen estado, y por ende “la causa del incendio no era la que se presumía”. Además, las conexiones de todo el penal habían sido cambiadas hace pocos meses.
Los investigadores encontraron que el circuito de iluminación y tomas que alimenta el pasillo 6 es el mismo del pasillo 5, por lo que “un cortocircuito por electrodoméstico o equipo asociado a esta instalación, automáticamente presentaría daños irreversibles en el pasillo 5, situación que no se presentó”.
El informe revela también que “en el circuito ramal de iluminación del pasillo 6 se evidenció que los conductores no se encontraban recalentados ni cristalizados, solo cubiertos de partículas de hollín, lo que no es producto de un cortocircuito”.
No fue el único hallazgo grave. Lo que más llama la atención es que los hidrantes que debían ser utilizados para sofocar las llamas en primera instancia se encontraban tapados y no pudieron ser utilizados. Por esto fue necesario esperar la llegada del Cuerpo de Bomberos para comenzar a combatir el fuego.
¿Quién estuvo detrás de esta acción que pudo llevar a la muerte a un gran número de reclusos? Las autoridades deben examinar todas las hipótesis y sacar conclusiones cuanto antes.
La ciudad no puede olvidarse de que fue justamente la Modelo el escenario de la mayor tragedia en la historia carcelaria del país. Las imágenes de esa nefasta noche de enero aún no se han borrado del recuerdo de guardianes, familiares y reclusos que sobrevivieron a las llamas.
Han transcurrido tres años y seis meses desde que una disputa entre internos del pasillo 7 del pabellón B por el control de la venta de drogas convirtió la cárcel en un infierno, y a la fecha poco ha cambiado.
El hacinamiento, que afecta a todas las cárceles del país, es más notorio en este establecimiento con capacidad para 450 presos, pero que alberga a 970. Tras la tragedia de 2014 se invirtieron $1.840 millones para mejorar la infraestructura, pero de confirmarse que manos criminales estuvieron detrás del último incendio, la única solución es hallar a los responsables.
