Sin claridad ni certezas, el Gobierno mantiene abierto el diálogo con ‘Costeños’ y ‘Pepes’ y anuncia, al menos, una hoja de ruta “concertada” con el territorio.
Con poder autoritario, Trump impone una política interna y externa unilateral, coercitiva y desestabilizadora que subordina el diálogo y la ley a sus intereses.
Déficit financiero, costos al alza y un traslado aplazado por décadas ponen en riesgo un patrimonio ambiental y educativo que la ciudad debe valorar mucho más.
La desmedida alza del mínimo y nuevos tributos de la emergencia, decisiones unilaterales del Gobierno, no solo tensan la economía, también el Estado de derecho.