A 342 ascienden las querellas que se han presentado ante el Ministerio de Trabajo por posibles violaciones de los derechos laborales durante la emergencia sanitaria.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reiteró que no se ha dado ninguna autorización de despidos o licencias no remuneradas.

La cartera laboral también recibió 330 solicitudes de empresas para autorización de suspensión de actividades por 120 días y 194 solicitudes de constatación de suspensiones contratos de trabajo por fuerza mayor. La atención, trámite y validación de estos casos la realiza el área de inspección, vigilancia y control.

En total son 907 las solicitudes por diversos conceptos que recibió el ministerio de las cuales ya ha tramitado el 91%.

El ministro recordó que el Gobierno nacional activó alternativas para trabajadores y empleadores orientadas a promover la conservación del empleo, tales como el aplazamiento en los pagos y autoliquidación de aportes parafiscales para el Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar a los sectores de aviación, turismo, eventos y restaurantes, golpeados de manera inmediata por la situación actual.

“Vamos a arrancar con el sector turístico y luego iremos evaluando con qué otros sectores de la economía continuamos, puesto que, a nivel general, la industria turística genera cerca de dos millones de empleos. Esto con el compromiso que mantengan los niveles de empleo actuales”, señaló el ministro.

Además, se permite el retiro de cesantías de los trabajadores para mitigar la reducción de su ingreso mensual, el uso de vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas, compra de elementos de protección personal por parte de las ARL para trabajadores de la salud y otros, y auxilio al cesante a través de las cajas de compensación.

Para el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez Esguerra, es necesario que los trabajadores que sientan que sus derechos laborales están siendo afectados en esta crisis presenten sus quejas ya sea directamente en el Mintrabajo o a través de alguna organización sindical.

“Este fue uno de los puntos analizados en la reciente reunión de la mesa de concertación, buscamos conocer cómo el Gobierno va a proteger los derechos de los trabajadores en esta coyuntura frente a los abusos que pueden cometer las empresas”, afirmó.

Si bien el dirigente sindical considera prematuro hacer proyecciones porcentuales sobre el impacto de la crisis en el empleo dijo que se prevé que va ser “considerable”.

Aclaró que ninguna empresa está autorizada para realizar despidos basados en el cese de la producción y tampoco a reducir salarios.

Por su parte, Camila Sabogal, gerente del sector privado de Cuso Internacional, dijo que como organización de desarrollo la recomendación que hacen a las empresas a las que  hacen acompañamiento es que “descarten” la opción de realizar la terminación de los contratos de trabajo o aplicar medidas que desmejoren las condiciones de los trabajadores.

“Estas determinaciones podrían generar mayores costos que lo que se pretenden ahorrar porque se podrían presentar repercusiones de tipo jurídico por no garantizar las condiciones de trabajo”, agregó.

De acuerdo con cálculos de la Universidad de los Andes, con base en cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2019, de los 22,3 millones de ocupados que había en el  país, más de 9 millones estaban en sectores económicos vulnerables ante la crisis como construcción, textil, alojamiento y restaurantes, servicios domésticos, comercio al por mayor y al menor de bienes no básicos, entre otros. De estos, un 75% laboraba en empresas de menos de 10 empleados o trabajaba por cuenta propia.

Se estima que los 9 millones de ocupados en los sectores económicos señalados generaban casi $8 billones, que sería un 10% del PIB mensual promedio.