Reformas ponen en riesgo al empleo
Acrip y Acoset afirman que se deben analizar los alcances de las reformas que se realicen en el país para que no afecten al mercado laboral.
Las presiones que se puedan generar sobre las organizaciones empresariales por las nuevas reformas que plantea el Gobierno llevarían a una reducción del empleo en Colombia, dijo la presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), Gradys Vega.
“Las propuestas que hay sobre otros modelos de contratación, como la tercerización, van a poner presiones sobre las organizaciones, y si a esto se suma la reforma tributaria y los mayores gastos que implicaría una reforma pensional se generaría un aumento del desempleo”, señaló.
Para el gremio es necesario tomar parte en el diálogo con el Gobierno nacional sobre estos temas.
“Como sociedad tendremos que sentarnos, con el Gobierno, la academia, trabajadores y el sector empresarial que representamos para entender las lógicas de cómo se mueve el aparato productivo desde la empleabilidad y avanzar como un mismo equipo”, detalló.
Sostuvo que el objetivo es proteger tanto a los trabajadores como a las empresas, en un proceso balanceado.
Acrip considera que una reforma laboral, la que se espera para 2023, debe ayudar a flexibilizar los modelos de contratación tomando en cuenta los diferentes sectores de la sociedad.
“La carga no puede estar de manera exclusiva en el sector empresarial y si esa es la lógica que se aplicará vamos a tener una gran afectación”, señaló.
Por su parte, Miguel Pérez, presidente de a Asociación Colombiana de Servicios Temporales (Acoset), afirmó que acabar con la tercerización laboral en el país, sería “un golpe al empleo formal en Colombia”.
Explicó que Colombia tiene una alta informalidad laboral y por eso sorprende que busquen atacar el empleo formal que generan las empresas de servicios temporales.
“Estamos viendo con gran preocupación el desconocimiento total por parte de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre lo que es la tercerización laboral en el país, poniendo en riesgo 600 mil empleos formales (101 mil en Atlántico) y el sustento de alrededor de 2 millones de familias”, señaló el dirigente gremial.
Explicó que la tercerización legal ha sido reconocida desde el siglo pasado por la Ley, la OIT y aclarada en todo su sentido y alcance por el Consejo de Estado en sentencia 2218 de 2016.
