Comisión ratifica que había plan para que Nitron “controlara” a Monómeros

También, agrega, es pertinente el análisis de la declaración de responsabilidad política de todos los venezolanos implicados en la descripción de hechos: “En gran medida, las personas involucradas, pudieron haber generado ex profeso un clima de desconfianza, suministrando información errónea y ejecutado maniobras contra los intereses patrimoniales y reputacionales de Monómeros”.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, agrega el examen preliminar, pudo tomar decisiones administrativas con base en “información sesgada, manipulada o falsa”, que les condujeron a una “errónea percepción de la realidad”, a tal punto que el esfuerzo por aclarar tales asuntos “ha rendido frutos en poco tiempo”.

Pone de presente que gran parte de la información que sirvió para dar fundamento a las resoluciones de la superintendencia “fueron aportadas por parte de los directivos de la empresa, y esto definitivamente tuvo un impacto significativo en la toma de decisiones”.

Es necesaria, plantea por ello la comisión, la “revisión de los procesos administrativos de la empresa”, especialmente en el sector de contrataciones, de modo de que se ejerzan los más rigurosos controles en el área, que impidan la posibilidad de que se impongan “intereses contrarios” al buen funcionamiento, transparencia y gobernabilidad de la empresa.

Debe establecerse, piden los investigadores, una estrategia que incluya la “diversificación de relaciones comerciales”, que garantice que no haya dependencia de unos pocos proveedores de materia prima, la revisión de contratos de asesores, estudio de los nombramientos efectuados especialmente en las áreas de contrataciones y recursos humanos “evitando la permanencia” de los mismos gerentes y/o directivos en éstas, entre otros niveles de control administrativo.

De igual modo, se lee que deben “revisarse y corregirse”, de manera inmediata, los procesos de designación de las autoridades de la empresa, con el objeto de escoger a las personas más calificadas desde lo técnico, académico, ético y profesional, deslastrando de tales procesos “cualquier intento de control de la empresa por parte de grupos políticos o económicos, que perturbe el funcionamiento” de una corporación que resulta estratégica para los intereses colombianos y venezolanos.

Es necesario, añade el reporte, un “proceso de reingeniería”, que incluya la “reforma de los estatutos” de la empresa, en los cuales se defina la metodología de selección de los miembros de la junta directiva, a través de la asesoría de una empresa, con prestigio internacional, de reclutamiento humano que permita la evaluación de credenciales, registros penales y administrativos de los aspirantes, a fin de escoger al mejor y más calificado recurso humano disponible, “sin interferencia partidista alguna”.

Y recuerda que esta empresa es la responsable de presentar a la Asamblea Nacional la terna de candidatos seleccionados, con sus respectivos suplentes, para su análisis y selección final. “Lo anterior tiene el firme propósito de colocar al frente de este activo de tanta importancia para nuestro país un recurso humano capaz de hacer frente a los retos financieros y operativos”, dispone el documento.

Agrega la comisión que debe condenarse enérgicamente cualquier “injerencia” sobre la empresa, a partir de una “posición de influencia”. No es permisible, advierte, que se tomen decisiones por “presiones de cualquier sector de la vida política nacional”, dejando los intereses del país y de la empresa a un lado.

Advierte el reporte que la comisión pudo recoger testimonios y señalamientos sobre “la intromisión de un factor que ejerció ascendencia sobre gerentes, en la toma de decisiones, en procura de perjudicar la posesión del activo por parte de los venezolanos, colaborando en la generación de condiciones para que la Republica fuera despojada de la empresa, lo cual debilitó la gobernanza empresarial, su capacidad financiera y la imagen de Monómeros”.

Debido a lo anterior, recomienda que la Asamblea Nacional inicie un proceso de responsabilidad política “a los ciudadanos vinculados con el partido Voluntad Popular, Carmen Elisa Hernández, y Jorge Pacheco, por los señalamientos con respecto de su participación en el intento de toma hostil de la empresa Monómeros e incurrir en presiones indebidas sobre el gobierno corporativo” de la empresa.

Es pertinente, se lee, dar continuidad a la estrategia de defensa jurídica de los intereses de Monómeros, que se viene desplegando de manera técnica en sede administrativa, civil y penal, frente a “las pretensiones de Nitron”.

De igual modo, la comisión sostiene que Monómeros “debe atender de forma urgente y seria” las recomendaciones de la Superintendencia de Sociedades, en relación con el estricto cumplimiento de normas, valores éticos y principios adoptados en la actividad empresarial.

Sugiere además dar continuidad a la comisión parlamentaria encargada de la investigación de los hechos acaecidos en Monómeros, o en su lugar, la designación de nuevos miembros que, a través de “un trabajo técnico”, permitan determinar con detalle los hechos que han conducido a la “situación de crisis” a la empresa y en consecuencia se puedan establecer las responsabilidades y correctivos a los que haya lugar,

Esta comisión, afirma, debe solicitar a la comisión de Contraloría, las actuaciones que estos lograron adelantar en torno al tema, de modo que sirvan de insumos para ser incorporados a la investigación.

Y recomienda el informe una auditoría financiera externa, por parte de una empresa auditora internacional de renombre, que incluya el período correspondiente a la asunción del control de Monómeros por la “Asamblea Nacional legítima, es decir marzo 2019”, que permita no solo conocer el estado actual de las finanzas de la empresa, sino además determinar cuáles fueron las “decisiones económicas y gerenciales generadoras de la situación de crisis”.

Finalmente, señala el documento que se deben fortalecer los nexos con la dirigencia sindical de la empresa, a fin de mantenerlos al tanto de cada uno de los procesos tendientes a “la preservación de la operatividad y del patrimonio” de Monómeros, sin olvidar, sostiene, “que el cuidado del capital humano ha de ser una prioridad en la toma de decisiones” para “reconstruir” la relación de confianza que resultó “lesionada” a partir de las maniobras ejecutadas en virtud de la pretensión de “toma hostil” de la empresa.

De otro lado, el diputado José Luis Pirela, de Fracción 16J, afirmó que el informe pretende “encubrir los hechos de corrupción alrededor de la empresa Monómeros”, por lo que votó en contra.

“Se está obviando la discusión sobre los elementos de fondo para imponer una mayoría circunstancial alicatera. Quedamos en la sesión anterior que íbamos a revisar las denuncias relacionadas con el bufete de DLA Piper, dejé dos proposiciones en las que hablo de solicitar la opinión del procurador sobre la contratación de ese bufete en Colombia y la proposición de solicitar una reunión con la directiva de la AN con carácter de urgencia, dada la gravedad y las implicaciones geopolíticas del tema”, señaló el político venezolano.

El informe, cuestiona, “viola el artículo 42, señala que las comisiones especiales sólo actuarán para el cumplimiento del objetivo que les haya sido asignado y en plazo acordado por la Asamblea Nacional, que sería de 30 días. Esta comisión tiene un plazo de 10 días, que se cumplió hace unos cuantos días ya. Segundo, el objetivo de esta investigación no se ha cumplido, no se ha cumplido porque hay un interés político celestino de encubrir las actuaciones de la junta directiva de Monómeros”.

Continúa: “En este informe, no están contemplando los actos que ha ejercido o ha dejado de ejercer esa junta directiva, no hay una evaluación del desempeño de la junta directiva, ni positivo ni negativo, aun cuando todos sabemos que esas actuaciones son ilegales, que se han firmado contrataciones que violan los estatutos de la empresa y las leyes venezolanas y colombianas”.

Además, advierte que el reporte “pretende solapar la contratación de Lion Street, que es una aberración jurídica de un contrato por 15 años, cuando efectivamente los estatutos establecen y contemplan que no puede ser por más de tres años”.

Y agrega que no se mencionan los señalamientos sobre la “trama de corrupción montada con insumos del Pacífico, con Guillermo Rodríguez Laprea como representante. Ni una palabra dice el informe sobre el tema y tampoco se refleja en el acta de la reunión donde tratamos el tema”.

Asevera Pirela que el informe “es una emulación en el lenguaje, de forma y de fondo, del bufete DLA Piper, dando como cierta toda la narrativa de su autoría. Medio informe es el informe de DLA Piper. No se menciona para nada la importante cadena de trabajo realizada por la comisión de Contraloría, y enviada y remitida a esta comisión, las actuaciones de la comisión de Contraloría, las interpelaciones realizadas, las comparecencias voluntarias”.

Tampoco, añade el diputado, ha recibido esta comisión el contrato definitivo de Daabon, “que nos mintió de nuevo el gerente general cuando dijo que estaban en proceso de elaboración final, y vemos públicamente cómo lo anunciaron, que han recibido materia primera del grupo Daabon”.

Señala, además que “no tenemos un juicio objetivo sobre el contrato con Daabon porque nunca lo consignaron, nunca fue planteado, nunca se llegó, sino al envío de un papel, un papel que ellos denominan extracto de las bases de acuerdo con el grupo Daabon. Espero que esta no sea una nueva trama de corrupción, como la de Lion Street, que ya conocimos y es una vergüenza para lesionar el patrimonio público venezolano en un contrato entre gallos y medianoche, que es un contrato propio de malhechores”.

Y por ello anunció un documento ante la comisión y la junta directiva de la Asamblea Nacional y que se reserva todas las acciones judiciales a que haya lugar en la materia en Colombia y Venezuela.