Tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc, más de 2 mil campesinos en el sur del departamento de Córdoba se acogieron al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, que permitiría una transición de los cultivos ilegales hacia el uso de semillas que germinarían en negocios de paz.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la hoja de coca es el combustible primario de la guerra que hoy se libra contra los grupos al margen de la ley en las zonas rurales y en los centros urbanos donde proliferan las ollas de vicio.
Para el caso de los campesinos del sur de Córdoba, adscritos al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, la germinación de la ‘semilla de la paz’ se encuentra en medio de un mal clima, no solo por las inundaciones que por estos días generan las lluvias, sino por la crítica situación de orden público que en los últimos 18 meses, ha cobrado la vida de ocho miembros del Pnis en este departamento.
En la actualidad, el Pnis apenas se inicia en el municipio de Tierralta, mientras que en Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, presenta un retraso de un año.
A través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), alrededor de 2 mil familias del sur de Córdoba pudieron certificar la erradicación de 1.020 hectáreas de tierra sembradas con hoja de coca en los municipios antes mencionados, certificación que fue avalada por los veedores internacionales del proceso.
Todo indicaba que las ‘semillas de la paz’ pronto germinarían en el territorio con la sustitución de la hoja de coca por cultivos legales, sin embargo, las condiciones adversas no tardaron en llegar, y se desató una oleada criminal propiciando el desbordamiento de sangre en las calles y los campos.
Recientemente tres miembros del Pnis fueron asesinados en medio de una incursión armada ilegal en los corregimientos de Versalles y Brazo Izquierdo, zona rural de San José de Uré, a finales del mes de mayo de este año. Según el reporte de las autoridades, habría sido perpetrada por miembros de la banda criminal ‘los Caparrapos’, o ‘Caparros’.
EL HERALDO fue testigo en exclusiva de la llegada de un camión cargado con estas semillas al corregimiento de Juan José, en zona rural de Puerto Libertador, que actualmente fungen como un paliativo ante la situación de espera que se vive en la zona, tras abandonar la siembra de hoja de coca.
Retrasos en la implementación del Pnis
José David Ortega, miembro de la Asociación de Campesina del Sur de Córdoba, Ascsucor, asegura que la gran mayoría de los afiliados al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos están pasando hambre, pues la implementación tiene un retraso de un año y no se han puesto en marcha los proyectos productivos.
Para el caso de los campesinos de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador, se entregó la primera fase que consistía en seis subsidios bimestrales equivalentes a $2 millones de pesos, ayuda que fue denominada como asistencia alimentaria.
'Los campesinos están básicamente en los territorios aguantando hambre, subsistiendo con lo que cultivan ellos que es la comida, pero hay otras cosas que se requieren como la ropa, elementos de aseo e incluso los pasajes para que sus hijos puedan ir al colegio', asegura el líder campesino.
'Lo que se había establecido es que mientras llegaba ese auxilio, los campesinos recibían asistencia técnica para la implementación de los proyectos productivos a corto y largo plazo, pero eso aún no se ha hecho y ahora la gente está en el aire porque la primera fase ya finalizó en estas localidades', explica Ortega.
Para el caso del municipio de Tierralta, apenas se comenzaron a realizar los pagos de asistencia alimentaria.
'La asistencia técnica ha sido lenta, es decir, esto que se está haciendo ahora se tendría que haber hecho en el año 2018, para que cuando se acabaran los subsidios de las familias la gente generara su sustento de los proyectos productivos', indica el líder campesino.
Ortega continuó diciendo que 'hasta el momento no hay ningún proyecto productivo hecho en el territorio. Nosotros hemos alegado que si bien están formulados los proyectos, los campesinos no comen de papel, y a eso súmele la falta en el tema de la seguridad integral'.
Dentro de los acuerdos establecidos se fijó que los espacios que anteriormente eran controlados por las Farc, fueran ocupados por la fuerza pública. 'Sin embargo, vemos que en la zona han entrado grupos residuales lo que ha significado otro retraso más al programa', indica Ortega.
Luego de varias reuniones con representantes del estado, se instaló una mesa técnica con apoyos no monetarios en los que se otorgaron a los campesinos unas semillas frutales y otras especies para que fueran cultivando mientras se sincroniza el Pnis.
