El primer servicio de transporte urbano masivo del mundo, el Metro de Londres, fue inaugurado en 1863 y aún requiere para cubrir sus costos operacionales un subsidio del 10% del valor de su tarifa. Lo siguieron el de Nueva York y el tranvía eléctrico de Berlín. En el siglo XX surgieron numerosos sistemas como las lanchas rápidas en los canales de Leningrado, el monorriel de Tokio y los busetones articulados de Curitiba, todos con similar propósito: prestar un servicio cómodo, seguro, sobre vías preferentes, lo que permite una circulación rápida y predecible. Es decir un servicio digno para todos los habitantes. Exclusividad para la mayoría.
La Constitución de Colombia de 1991 no se queda atrás en sus propósitos y en su artículo 365 reza: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes”. La ley 86 de 1989 ordenó desestimular la utilización del automóvil particular así como promover la masificación del transporte público y autorizó a los municipios a cobrar una sobretasa hasta del 20% a la gasolina para financiar los sistemas de transporte masivo. El Consejo de Estado en el fallo 6345 de 2001 agrega que: “En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el servicio público colectivo al servicio particular”.
Pero constitución, leyes y fallos parecen derretirse al calor de las calles del trópico. Casi todos los municipios de Colombia se sacudieron de cumplir esos propósitos dejándolos convertirse en un sistema anárquico, de impredecible duración, que propicia el ultraje a las mujeres y que, por el perverso incentivo de la guerra del centavo, induce la comisión permanente de las más insólitas infracciones de tránsito. A la sombra de esas deficiencias florecen para los pobres alternativas inhumanas e ilegales, chazas de Dacias, moto taxis mortales y colectivos piratas, mientras los que van pudiendo prefieren hacer malabares en sus motocicletas o soportar los crecientes trancones en sus vehículos particulares. Ah, y el día de elecciones el transporte ‘público’, en vez de servir neutralmente a la democracia, se pone al servicio de los candidatos de su conveniencia.
El siglo XXI nos trajo un imperativo adicional para apoyar sin esguinces los sistemas de transporte masivo: la mitigación del calentamiento global ocasionado por el consumo desbordado de combustibles fósiles. Un carro particular consume docenas de veces más combustible por pasajero que cualquier sistema de transporte masivo. La dignidad, la seguridad, la inclusión y la mitigación del cambio climático son razones suficientemente poderosas para que el Estado cumpla su deber de asegurar y fomentar o subsidiar, sistemas de transporte masivo que desestimulen otras formas indignas, peligrosas, ineficientes y contaminantes. No podemos colectivamente flaquear en ese propósito.
* El autor es miembro de la Junta Directiva de Transmetro. Sigue: Transmetro, ¿cómo?
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