La Paz Total no podrá lograrse en medio de la improvisación y la incertidumbre, por lo que si el gobierno quiere que esta se dé de forma exitosa, tendrá que acogerse al orden constitucional y ser más prudente con sus declaraciones apresuradas. El choque que hubo entre el presidente y el fiscal general de la Nación, por la resolución que solicitaba la suspensión de las órdenes de captura contra 16 cabecillas del Clan del Golfo y los Pachenca, es solo un hecho dentro de otros que demuestran que el gobierno no ha asimilado que del afán solo queda el cansancio. Este tipo de controversia que no tenía por qué haberse presentado -pues el gobierno tenía claro que solo pueden levantarse estas órdenes de captura si los sujetos en cuestión tienen estatus político-, solo debilitan ante la opinión pública un proceso que no deja de generar preocupación. 

Las críticas que se han suscitado contra el gobierno por esta decisión son razonables, pues no es entendible que se pretenda adoptar una medida que es abiertamente inconstitucional y que, además, genera cuestionamientos sobre las garantías que tendrá la ciudadanía en medio de estos procesos. Ahora, más allá de la opinión pública, este “choque de trenes” también desestabiliza nuestro aparato estatal, generando zozobra e incertidumbre entre los miembros de la Fuerza Pública que no saben ni a quien hacerle caso. Toda esa ambigüedad tiene efectos concretos sobre el Estado de Derecho en Colombia, pues ante el actuar dubitativo de la Fuerza Pública, se pone en riesgo a la población civil y se le da en bandeja de plata una ventaja a estos grupos ilícitos.   

Si el gobierno tiene presente que las bandas criminales no gozan de un estatus político, como sí lo ostentan organizaciones como el ELN, debe adelantar las reformas que establezcan un marco jurídico claro para el sometimiento de estos grupos a la justicia. El camino es más largo, pero es el que debe seguir en aras de garantizar la institucionalidad. 

Está claro que la paz es un derecho constitucional -tema que no es nuevo para los colombianos- pero, como todos los demás derechos este debe interpretarse a la luz del Estado social y democrático de Derecho, lo que supone que deben respetarse otras garantías constitucionales y legales que hacen que seamos una democracia y no otro sistema de gobierno. El presidente fue elegido, entre otras razones, por su bandera de la paz, pero este mandato está sujeto al cumplimiento de las obligaciones que tiene todo jefe de Estado y de gobierno en una democracia. 

@tatidangond