En la última semana del 2015 cuando Elsa Noguera se preparaba para entregar su gobierno y Alejandro Char ante los altos índices de violencia en la ciudad anunciaba con bombos y platillos que su primer acto de gobierno sería sacar el ejército a la calle, escribí en este diario la columna titulada “Seguridad Ciudadana”. En ella llamaba la atención sobre la necesidad de plantearse una forma alternativa a la policía, a través de la inversión social. De hecho, la alcaldesa saliente reconocía en este aspecto uno de los lunares de su administración, lo cual era consecuente con la precaria ubicación de Barranquilla en la medición de los índices de progreso social en Colombia. 

Lo que llama la atención es que a pesar de toda la inversión que ha habido en infraestructura en la ciudad, la noticia de hace un par de meses fue que se había retrocedido aún más en los índices de progreso social y hoy por hoy la violencia sigue  tan campante o peor que en ese momento. Por eso parecía un Déjà vu ver al alcalde de Barranquilla anunciando de nuevo, en un tono similar, que sacaría el ejército a la calle, mientras el de Soledad decretaba una prohibición de salir a la calle para los jóvenes en determinadas horas.  

En primer lugar, es muy claro que el tema de la violencia, debe abordarse de manera articulada en toda el Área Metropolitana, e inclusive en articulación con el departamento: Es decir, no basta con que cada ente territorial tenga sus propias políticas en materia de seguridad, pues las distintas formas de violencia hacen parte de entramados que se sobreponen en todo el territorio. 

En segundo lugar, es necesario analizar y segmentar los distintos casos de violencia para desarrollar una estrategia integral que tenga varios frentes: por supuesto que se requiere lo policivo para enfrentar al crimen organizado, pero sobretodo inteligencia que permita desarticular las bandas y redes que se lucran de ello, pero no para andar por ejemplo persiguiendo a los muchachos que a través del baile promueven la convivencia en lugares como la Plaza de la Paz.  

Es claro que las bandas delincuenciales convocan cada vez más a la juventud que no ha podido construir un proyecto de vida, razón por la cual se requiere inversión a largo plazo a través de programas que les den alternativas a los jóvenes y los retengan en acciones productivas para ellos mismos y para la sociedad. Pero no con pañitos de agua tibia, como cursitos y talleres, sino a partir de una articulación entre formación, empleo, creación, visibilización y proyección. Que parta de la pregunta de hacia donde se quiere llevar a la juventud en la región en los próximos años. Por supuesto se requiere una articulación entre gobierno, empresa privada, sociedad civil, academia, entre muchos otros.

Sin embargo, hay otro tipo de violencia que se fundamenta en la cultura de la intolerancia, del trámite del conflicto a través de la agresión al otro, de la estigmatización y rechazo a la diferencia, que requiere más que motos para policías, programas orientados a la construcción de la convivencia desde lo local, desde el barrio, que vinculen a las comunidades en los procesos de planeación de su propio desarrollo, pero un desarrollo que tiene que ver más con la manera como queremos vivir como sociedad que con las vías pavimentadas que también son importantes. 

En esta misma dirección, está también la violencia de género, que tampoco se resuelve con policía sino con programas orientados para construir nuevas formas de femineidad, masculinidad y relacionamiento, de respeto a otras orientaciones e identidades sexuales, de tal forma que desde los ámbitos domésticos y públicos todas las personas podamos sentir que la seguridad es más fruto de una manera de vivir que hemos construido como sociedad, que de la imposibilidad de salir a la calle porque nos lo tienen prohibido, o del control que pueden ejercer sobre nosotros hombres armados.