En el siglo XXI, Colombia hizo un avance muy importante de reducción de la pobreza, tras dos décadas de crecimiento económico sostenido. Los pobres pasaron de ser el 50% en 1999 al 27% en 2018 y la pobreza extrema bajó del 22% al 7%. También éramos menos desiguales. El coeficiente Gini pasó del 0,60 en 1999 a 0,52 en 2018. En consecuencia, teníamos una clase media equivalente al 30% de la población y, a partir del 2014, era mayor al total de pobres.

Hasta la crisis del año pasado. Las medidas restrictivas de la libertad, confinamientos y demás, nos dejaron la peor crisis económica desde que tenemos estadísticas. El PIB cayó un 6,8%, el desempleo se trepó del 10,5% al 15,9% y, como consecuencia, hoy dos de cada cinco colombianos son pobres.

No tengo duda de que el énfasis en la política económica hay que hacerlo en la superación de la pobreza. Hay quienes piensan que el camino para ello es a través del aumento del tamaño del Estado, del gasto público y de la red de asistencia social. En consecuencia, les es indispensable aumentar los ingresos del Estado. En las circunstancias actuales, eso solo puede hacerse por medio de un mayor endeudamiento público, vendiendo activos del Estado o con nuevos impuestos. O con una combinación de todo, como está haciendo el Gobierno, con el acuerdo de la mayoría de los economistas, hay que decirlo. Por eso en enero de este año la deuda pública llegó al 61,40% del PIB, casi un 13% más que en el 2019. Por eso el Gobierno ha tomado la decisión de vender compañías y bienes del Estado. Y por eso propuso la más agresiva reforma tributaria de nuestra historia, reforma que fracasó con estruendo.

Aunque la propuesta fallida era mucho mejor estructuralmente, la nueva tiene dos virtudes: la primera, que fue conversada con muy distintos sectores y, la segunda, que es realista. Con mucho sentido práctico, Restrepo se centró en lo que era posible. Focalizada como está en aumentar el impuesto de renta de las empresas, esta reforma sí saldrá adelante en el Congreso y no tendrá mayor resistencia en la opinión pública.

Yo, sin embargo, me mantengo. El camino correcto es el contrario al que decidió recorrerse: la tributaria debería hacerse en la lógica de buscar aumentar el crecimiento, la generación de riqueza y la creación de empleo y, por esa vía, disminuir estructural y no coyunturalmente la pobreza. Tal cosa no se consigue haciendo permanentes programas extraordinarios como el de Ingreso Solidario, indispensable el año pasado pero que no debería extenderse más allá de este 2021, ni castigando el emprendimiento. El aumento general de la tarifa de renta hasta el 35% a las empresas, incluso a micro y pequeñas, que son el 98% de todas y generan el 82% del empleo, sería la estocada mortal para muchas que apenas han sobrevivido al Covid y a las protestas y bloqueos criminales.

Nuestra meta debe ser disminuir estructuralmente la pobreza y hacer de Colombia un país donde todos seamos propietarios. Para eso hay que crear tanto empleo como sea posible de la manera más rápida que esté en nuestra manos. Castigar el emprendimiento, a los pequeños y microempresarios, no es el camino para ello.