Es comentario general en todas las esferas pensantes del país la equivocada y exótica decisión del Gobierno nacional de designar como escoltas de personalidades y aun de los altos mandos guerrilleros a unos aproximadamente mil doscientos ex combatientes de las Farc. La palabra más cercana y difundida al registrar este hecho por la opinión pública es indignación. Creemos, con otros columnistas del país, que es otra metida de pata del Gobierno, totalmente absurda, que refleja los palos ciegos que se vienen dando por entregar mucho más a las Farc de lo que se firmó en la misma Habana, y nosotros agregaríamos mucho más que la propia dignidad de un Estado de Derecho.

Lo primero que salta a la vista es la falta de lógica en esta determinación, porque si el Gobierno está comprometido a buscarle empleo u ocupación a seis mil guerrilleros, bien puede ampliar su perspectiva ante cientos de actividades distintas a la de escolta. Precisamente cuando acaba de tomar una decisión acertada de reducir el servicio de escoltas oficiales pagadas por los colombianos, para disminuir gastos y bajarle los humos a muchas personas que no son calificables en el momento para tener esta cuota de poder a su antojo.

En la agricultura, en los servicios públicos, en la construcción, en los cientos de organismos del Estado y muchos entes privados que quieran prestar su colaboración, pueden encontrarse cupos para estos candidatos. Que en el papel no pueden ser los soldaditos rasos de la guerrilla, porque para ser un buen escolta lo mínimo que se debe poseer es alto criterio que pueda determinar alternativas sorpresivas, y esto solo podrían tenerlo los altos mandos de las Farc. De modo que de ellos o sus inmediatos subordinados de alto rango estarían los escogidos. Que a su vez, paradójicamente, son los más criminales de todos sus componentes porque no se nos debe olvidar que las Farc son un grupo de delincuentes, inclusive reconocidos aun en muchos países como auténticos terroristas.

Esos altos o medios mandos son los mismos que no pagarán penas, que formarán cuadros políticos, que tendrán curules en el Congreso y recibirán unos sueldos competitivos mientras el Gobierno nacional permite que cada semana muera de hambre un niño en La Guajira. El 90% del país, para hacer cálculos matemáticos, queremos una paz auténtica sin presenciar que se pisoteen nuestros derechos fundamentales insertando en la historia patria y en la Constitución misma ese monstruo inexplicable de la Justicia Provisional. Porque una cosa es dictar normas, esas sí provisionales, que justifiquen un proceso evaluativo de las conductas aberrantes de los guerrilleros líderes y otra cosa es inocular en la Constitución Política la impunidad con el disfraz de un ridículo apretón de manos en alguna plaza hermosa del país, lleno de invitados extranjeros, periodistas ansiosos y público escéptico. Nosotros podríamos afirmar con Pirrón, el clásico ateniense de esta escuela paradigmática griega, que “es mejor hacer el mutis por el foro que entregar las instituciones a quienes no hicieron otra cosa que violarlas”. Solo nos falta que el Gobierno por decreto exija a los hogares colombianos que sentemos en nuestra mesa a los criminales, los vistamos, les cedamos parte de nuestros haberes y propiciemos que nuestra descendencia se enamore, se cruce, se abrace con quienes tienen a sus espaldas seis millones de muertos, desaparecidos, violados y desplazados.