Las Bandas Criminales son el resultado de malas desmovilizaciones. Las filas de ese monstruo de mil cabezas que tiene en jaque al Estado de Derecho (el departamento de Córdoba es el mejor ejemplo) son engrosadas por todas las hierbas del pantano: guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes. Casualmente, el “geniecillo” de Frank Pearl, actualmente flamante negociador del gobierno Santos, fue el directamente encargado de la reinserción de los paramilitares en épocas del expresidente Uribe. Hoy muchos de esos muchachos hacen parte de las Bacrim, porque no tuvieron otra opción, pues el Estado los volvió a abandonar. Los jefes tienen un negocio; el grueso de la tropa, una necesidad.
A estas alturas del paseo, no veo mucha diferencia entre las Farc, el ELN y las bandas criminales. Las tres organizaciones cometen actos terroristas, trafican con droga, asesinan sin piedad, y tienen la capacidad militar de alterar el orden. ¡Que no me vengan con el cuento de que el trasfondo político es el elemento determinante! No hay idea o posición que justifique el uso de las armas y la violencia como medio de coerción. Sin embargo, mientras la guerrilla quiere el poder, intuyo que las Bacrim no están tras él. Ahora bien: a mi juicio, las bandas criminales tienen mayor capacidad de daño, ya que, mientras estas son un fenómeno urbano, la guerrilla sigue siendo un flagelo rural.
Así las cosas, el Gobierno debe ser pragmático: cuanto antes hay que sentarse a dialogar con esas organizaciones. De esa forma, desactivarán una bomba que está a punto de explotar y que de hacerlo, causará estragos inimaginables. Si no pudieron acabar con la guerrilla, menos podrán hacerlo con las Bacrim. Hay una ventaja en negociar con estos nuevos señores de la guerra: no habrá que darles gabelas impresentables; tampoco será necesario cambiar el ordenamiento jurídico o la estructura del Estado para complacerlos: no los veremos en el congreso posando de estadistas y bastará con aplicarles el código penal vigente o la ley de Justicia y Paz. La negociación deberá estar dirigida a que se sometan a la justicia, con el compromiso de no extraditarlos, al tiempo que se les apliquen las rebajas de ley y los subrogados penales, por cuenta de la colaboración eficaz para desmantelar dicho aparato criminal.
Y voy más allá: nuestra ley permite que entreguen voluntariamente todos sus bienes (no sería necesario desgastar el aparato judicial con procesos de extinción de dominio interminables). Se les podría dejar el 10% de los mismos, y, con el restante 90% (todo el dinero del mundo), se repararía a las víctimas y se iniciaría un revolución social, que acabe de una buena vez con la exclusión, que, a la larga, es la fuente de la que brotan todas las formas de violencia. Soluciones hay; solo falta la voluntad política para adoptarlas.
La ñapa: Hoy quiero recordar a un hombre santo que ya no está entre nosotros: el padre italiano Javier de Nicoló. Más de 80 mil jóvenes de la calle fueron resocializados por ese maravilloso ser humano, a quien tuve el honor de conocer. Paz en su tumba, caro maestro.
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