Pocas veces el sistema de salud colombiano había ocupado un lugar tan central en la conversación pública como ahora, y no porque antes no existieran problemas (sería ingenuo afirmarlo), sino porque hoy la percepción ciudadana de deterioro es mucho más visible, cotidiana y políticamente sensible. Al respecto, para millones de colombianos, la discusión sobre salud dejó de ser un debate técnico sobre modelos de aseguramiento, mecanismos de financiación o arquitectura institucional, para convertirse en una experiencia concreta marcada por retrasos en citas, dificultades en la entrega de medicamentos, incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos y una creciente sensación de frustración frente a un sistema que, aunque mantiene altos niveles de cobertura formal, parece cada vez más incapaz de responder con oportunidad y continuidad.
Ese contexto explica por qué la salud se convirtió en uno de los temas más relevantes de la carrera presidencial de 2026. Pero precisamente por esa relevancia, conviene evitar tanto el simplismo como la polarización, por ende, la discusión no puede reducirse a consignas fáciles como “acabar las EPS (Entidades Promotoras de la Salud)”, “rescatar el sistema”, “volver al modelo que funcionaba” o “hacer una transformación estructural”. En ese sentido, las decisiones en salud no se implementan en abstracto, ya que tienen implicaciones directas sobre personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, adultos mayores, niños con necesidades especiales, comunidades rurales y profesionales de salud que hoy operan bajo condiciones crecientemente complejas.
En este escenario, quise escribir esta columna sobre las propuestas de salud de algunos candidatos presidenciales antes del próximo 31 de mayo (o análisis), para que más que preguntarnos quién promete más, nos permita reflexionar sobre quién ofrece propuestas técnicamente viables, financieramente sostenibles y políticamente implementables. Y antes de todo, al ser un tema tan sensible y que puede generar polémica, declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta columna, y que su contenido parte de un análisis personal, no representa a ninguna institución, y es susceptible a cuestionamientos o mejoras dentro de un debate respetuoso.
Para iniciar, como antecedente, conviene resaltar un hecho que muchas veces se pierde en el ruido electoral, y es que Colombia durante las últimas décadas, construyó un sistema de salud que logró una expansión importante del aseguramiento. En donde, la cobertura de afiliación se ha mantenido cercana a la universalidad (toda la población), el cual, no es un logro menor en términos comparativos dentro de otros sistemas de salud en América Latina. Sin embargo, la afiliación no es sinónimo de acceso efectivo, ya que, tener carné no garantiza atención oportuna, continuidad en los tratamientos ni capacidad resolutiva. Por eso, la distancia entre cobertura formal y acceso real es, probablemente, una de las mayores tensiones del sistema actual.
Por otro lado, los datos recientes ayudan a entender la magnitud del problema. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registraron más de 312 mil tutelas relacionadas con la vulneración al derecho a la salud, consolidando nuevamente a este sector como el principal motivo de judicialización de derechos fundamentales en el país. Y es que, más allá del dato jurídico, el mensaje resalta que algo mucho más sistémico: cuando miles de ciudadanos deben acudir a un juez para obtener medicamentos, procedimientos o servicios básicos, esto quiere decir que el sistema está fallando en su ruta ordinaria; a ello se suma la crisis en la entrega de medicamentos, las dificultades de flujo financiero hacia hospitales y clínicas, la incertidumbre sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las tensiones derivadas de las intervenciones recientes a varias EPS y el deterioro progresivo de la confianza institucional.
Por lo anterior, la pregunta central de esta elección no es si el sistema necesita cambios (porque claramente los necesita), sino qué tipo de cambio es posible sin agravar la crisis.
En ese sentido, lo interesante del actual escenario electoral es que, aunque todos los candidatos reconocen la existencia de problemas, no todos interpretan la crisis de la misma manera. Y esto significa que estamos frente a distintas lecturas distintas del sistema y, por tanto, frente a diferentes rutas potencialmente divergentes de transformación. Por lo cual, en la siguiente tabla se resumen los principales elementos de las propuestas de salud de los cinco primeros candidatos que competirán por la presidencia.
| Candidato | Tipo de propuesta | Idea central |
|---|---|---|
| Abelardo de la Espriella | Rescate operativo | Orden, control y liquidez inmediata |
| Claudia López | Modernización integral | Reforma del sistema mixto con enfoque en cuidado, prevención y datos |
| Sergio Fajardo | Estabilización tecnocrática | Corrección financiera y transición institucional ordenada |
| Iván Cepeda | Transformación estructural | Rediseño del sistema desde rectoría pública y APS |
| Paloma Valencia | Recuperación rápida con continuidad | Resolver la crisis sin desmontar el modelo mixto |
En primer lugar, el candidato Abelardo de la Espriella interpreta la crisis desde una lógica de rescate operativo, en donde, su aproximación puede no ser doctrinalmente sanitaria ni particularmente sofisticada desde la teoría de sistemas de salud, pero sí políticamente clara: el problema principal es que el sistema dejó de responder y necesita orden, liquidez y control. Su narrativa es la de una crisis humanitaria inmediata que exige soluciones rápidas, especialmente en medicamentos, citas represadas y recuperación del flujo financiero.
Este enfoque del candidato de la Espriella tiene una ventaja comunicacional evidente, ya que habla el lenguaje del ciudadano que experimenta frustración diaria, no discute abstracciones institucionales y se enfoca en resolver lo urgente. Además, evita una ruptura abrupta del modelo, lo que reduce riesgos operativos de transición.
Sin embargo, la principal debilidad de esta propuesta es precisamente su limitada profundidad estructural, ya que, una inyección de recursos puede aliviar el síntoma, pero no necesariamente corrige las causas subyacentes. Además, hay poca claridad sobre cómo se transformarían incentivos perversos, cómo se fortalecería una verdadera Atención Primaria en Salud (APS), cómo se respondería a las inequidades territoriales o cómo se incorporaría salud digital más allá de la coyuntura. Por lo que, en términos sencillos, parece una propuesta fuerte para estabilizar, pero menos convincente para transformar.
Por su parte, en el caso de la candidata Claudia López, su propuesta probablemente representa una de las visiones conceptualmente más modernas del grupo, porque su diagnóstico no niega los logros históricos del sistema, pero reconoce su agotamiento institucional. Así mismo, lo interesante de su planteamiento es que no reduce la salud a hospitales, EPS o medicamentos e introduce una visión de salud y cuidado que incorpora envejecimiento, salud mental, discapacidad, continuidad asistencial, prevención y apoyo a cuidadores, una aproximación coherente con tendencias internacionales más avanzadas.
Además, la propuesta de la candidata López enfatiza interoperabilidad, datos, trazabilidad del gasto y sistemas de información integrados, elementos que en Colombia siguen siendo sorprendentemente precarios, y es que, desde una perspectiva de salud pública, esto representa una fortaleza importante.
No obstante, como ocurre con varios modelos sofisticados, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo se implementaría? Ya que una visión robusta en el plano conceptual no siempre se traduce en viabilidad operativa. Además, ¿Cuál sería el cronograma de transición? ¿Cómo se reorganizarían las funciones de aseguramiento? ¿Qué capacidad tendría el Estado para coordinar un sistema de salud y cuidado más complejo? ¿Cómo se financiaría sosteniblemente una expansión funcional de este tipo? En este caso, la principal fortaleza es también su principal desafío: su ambición institucional.
El candidato Sergio Fajardo, por su parte, representa probablemente la propuesta más tecnocrática del grupo, en donde su lectura del sistema se aparta tanto de la narrativa de demolición estructural como de la defensa pasiva del statu quo, ya que, du foco está en sostenibilidad financiera, gobernanza, transparencia y reconstrucción de confianza institucional.
En muchos sentidos, la propuesta del candidato Fajardo parece la más cercana a un enfoque clásico de política pública: diagnóstico técnico, fortalecimiento regulatorio, revisión de la suficiencia de la UPC, mecanismos independientes de evaluación financiera, saneamiento de deuda hospitalaria y mejor uso de información y datos.
Pero, desde una perspectiva estrictamente técnica, esto tiene fortalezas evidentes: reconoce que los sistemas de salud no se sostienen solo con voluntad política; requieren reglas estables, instituciones confiables, incentivos alineados y mecanismos financieros coherentes. Sin embargo, la tecnocracia tiene límites políticos, ya que, una ciudadanía que enfrenta demoras y escasez no necesariamente conecta emocionalmente con debates sobre gobernanza financiera o arquitectura regulatoria. Además, aunque incorpora APS, no parece concebirla como un eje transformador profundamente territorial y comunitario, sino más bien como un componente funcional dentro de un sistema mejor organizado. Eso no es necesariamente malo, pero sí define el tipo de reforma que propone.
Con respecto al candidato Iván Cepeda, este representa el contraste más fuerte con otros candidatos, especialmente con el candidato Fajardo, ya que su propuesta parte de una crítica estructural al modelo derivado de la Ley 100, bajo la premisa de que la salud fue progresivamente subordinada a lógicas financieras y de intermediación que fragmentaron el acceso y debilitaron el derecho a la salud.
Objetivamente, y desde una perspectiva histórica, algunas de esas críticas del candidato Cepeda tienen fundamento, Colombia ha enfrentado durante años barreras administrativas, inequidades territoriales, discontinuidad asistencial y dificultades de acceso asociadas a estructuras complejas de intermediación. Por lo que, su apuesta por fortalecer la rectoría pública, reducir la intermediación tradicional y consolidar APS territorial es coherente con enfoques de salud pública latinoamericana y con la idea de salud como derecho fundamental.
Pero aquí emerge el principal interrogante a la propuesta del Candidato Cepeda: la implementación, ya que, la ciudadanía inevitablemente evaluará esta propuesta a la luz de la experiencia reciente del gobierno actual (por la continuidad), con crisis de medicamentos, incertidumbre institucional y cuestionamientos sobre el impacto real de intervenciones a EPS. Además, el desafío no es argumentar que el sistema necesita cambios profundos; el desafío es demostrar que una transformación estructural puede ejecutarse sin generar mayor disrupción operativa en el corto plazo.
Por último, la candidata Paloma Valencia ofrece una narrativa claramente opositora (al Gobierno actual), centrada en la recuperación rápida del sistema sin desmontar el modelo mixto. En donde, su propuesta es probablemente la más orientada al ciudadano que hoy enfrenta el dolor inmediato de la crisis: medicamentos, citas, procedimientos represados y acceso.
Además, la candidata Valencia, tiene a un elemento interesante para el debate contemporáneo: incorpora salud digital, telesalud e inteligencia artificial como herramientas para mejorar acceso, especialmente en regiones apartadas. Elementos que son importantes, en un país con profundas brechas geográficas.
No obstante, el énfasis en la respuesta inmediata plantea sus propias preguntas, ya que, resolver millones de atenciones represadas exige capacidad logística, talento humano, contratación eficiente y redes asistenciales funcionales. Por lo que, existe el riesgo de priorizar una respuesta de choque sobre una transformación más profunda del modelo (reactivo vs proactivo).
Por todo lo anterior, y más allá de las diferencias entre candidatos, hay un hallazgo que debería preocuparnos: ninguna propuesta aborda con suficiente profundidad algunos de los desafíos estructurales más importantes.
El primero es el talento humano en salud, ya que, resulta llamativo que, en medio de una crisis evidente de agotamiento profesional, precarización contractual y déficit territorial de profesionales de la salud, este tema no ocupe un lugar central en el debate. Por ejemplo, a 2026, Colombia cuenta con aproximadamente con 140 mil médicos de los cuales 40 mil son especialistas.
El segundo es la verdadera Atención Primaria en Salud (APS). Muchos candidatos la mencionan, pero la APS no significa únicamente prevención, equipos básicos o brigadas ocasionales, implica un abordaje comunitario y un abordaje de redes de servicios, con longitudinalidad, equipos interdisciplinarios, gestión del riesgo, participación comunitaria, y articulación territorial sostenida.
El tercero es la transformación digital. Y aunque algunos candidatos la incorporan mejor que otros, el debate sigue siendo sorprendentemente analógico. Al respecto, cualquier reforma seria debería integrar interoperabilidad clínica, telesalud, inteligencia artificial responsable, trazabilidad del gasto y analítica poblacional avanzada.
Y el cuarto es la ruralidad. Aunque se menciona el acceso territorial, pocos candidatos proponen el desarrollo de un modelo sólido para comunidades rurales dispersas, donde el sistema históricamente ha mostrado mayores limitaciones.
En este contexto, y para finalizar, quizá la conclusión más sensata es que Colombia no enfrenta una elección entre una propuesta perfecta y otras defectuosas. Lo que enfrenta es una decisión entre distintos modelos de respuesta a una crisis compleja.
Pero la verdadera pregunta no es quién promete más, es quién puede ejecutar mejor, porque en salud, las malas transiciones no se pagan con puntos en encuestas, se pagan con tratamientos interrumpidos, diagnósticos tardíos y vidas afectadas.
Porque Colombia necesita una conversación más madura sobre salud, con menos ideología, menos consignas, más evidencia científica, más capacidad técnica, más responsabilidad política, y, sobre todo, más comprensión de que cualquier reforma en salud debe poner en el centro no a los modelos, sino a las personas.
