Es innegable que no podemos ignorar la realidad de que, durante décadas, nuestro país ha estado invadido e infiltrado por las garras de organizaciones criminales que han hallado en el narcotráfico su principal medio de financiamiento.

Un hecho escalofriante es que el M19 tomó el Palacio de Justicia no solo para incinerarlo, sino también para sacrificar a los magistrados, en un siniestro encargo del cártel de Medellín. Así, este grupo perdió su esencia de movimiento subversivo con ideales nacionalistas revolucionarios, transformándose en mercenarios al servicio de los narcotraficantes y condenando a la justicia a un holocausto. Este acto se perpetró el 6 de noviembre de 1985.

Pero el crimen no quedó ahí. El narcotráfico, moviéndose entre bastidores y con el respaldo de actores políticos, impulsó la constituyente de 1991 con el fin de eliminar la posibilidad de extraditar a colombianos.

Aunque lograron su objetivo momentáneamente, la alegría fue efímera. El esfuerzo por crear una nueva constitución que adoptara un modelo de estado social de derecho no pudo garantizar la no extradición. Los narcotraficantes eran solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la justicia en sus cárceles.

No había inconveniente en enviar toneladas de cocaína a Norteamérica, pero para los líderes de los poderosos carteles, era preferible una tumba en Colombia que una celda en EE. UU. ¡Así pensaban en aquella época!

En 1997, la prohibición constitucional de la no extradición fue abolida, y desde entonces, centenares de colombianos han sido extraditados para cumplir con sus penas en cárceles norteamericanas.

La infiltración del narcotráfico se ha extendido a todas las instituciones del Estado, abarcando las ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. La prohibición de las fumigaciones aéreas y su condicionamiento, la superficialidad con la que se abordó el tema del narcotráfico en los acuerdos de paz, así como la falta de firmeza en la lucha contra los cárteles y los cultivos de coca, son pruebas contundentes de que Colombia es una narcodictadura moderada, merecedora de ser decertificada y de no recibir apoyo económico de Estados Unidos en una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, que no se ha librado con valentía ni estrategia.

El gobierno de Estados Unidos debería considerar tomar acciones contundentes, como bloquear aguas internacionales y suspender las visas a aquellos funcionarios y servidores públicos que, con sus acciones u omisiones, han contribuido al fortalecimiento del narcotráfico.

@lavozdelderecho