Previsible que el Acuerdo Final entre las Farc y el Gobierno Nacional fuera la suma de lo definitivamente no-acordado hasta que todo estuviera acordado. Condensar su contenido en un instrumento marco y concreto no fue posible y en su lugar, fiel muestra de lo que somos, un texto con amplias generalidades y más paginas, inclusive que número de artículos de nuestra constitución.

Previsibles también son los retos que surgen para implementar lo pactado. Y aunque todo ya esté acordado, empieza el desafío al que está expuesto nuestro ordenamiento jurídico: pasar del dicho al hecho… de la declaración al goce de derechos. Y no me refiero a los temas de coyuntura, como la polarización frente a la participación política o la cárcel, sino de metas, que como la de desarrollo agrario, hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico hace 80 años.

Propio de los modelos de América Central en los años 90, el acuerdo de paz colombiano introduce una serie de medidas que recogen reivindicaciones sociales históricas. Sin embargo, en el caso de Colombia, los fines que guiaron la agenda y su contenido ya hacían parte de nuestro ordenamiento, vestidos de política pública, por décadas. Lo que claramente no fue garantía para su cumplimiento en el pasado.

Esta reflexión no puede confundirse con un llamado al No, con fundamento en que ya existen los parámetros constitucionales y legales para garantizar el acceso a tierras, la democratización y garantía de participación política, la sustitución de cultivos, los derechos de las víctimas y los derechos humanos.

Pero sí busca cuestionarnos, porque las mismas metas han fracasado en el pasado y cómo debemos aprovechar el momento coyuntural para de una vez concretarlas. Eso en el marco de la justicia transicional se llama garantías de no repetición.

Así, la mirada al pasado siempre será una herramienta poderosa, no como arma política para acusar a los predecesores, sino como el andamiaje sobre el cual, bajo premisas reales de capacidad y experiencia, construir futuro.

Lo que debe guiar entonces la acción de nuestros dirigentes en la puesta en marcha de estas loables acciones es la racionalidad que nos permita librarnos de falsas expectativas e identificar los obstáculos. Las nuevas instituciones y programas estarán expuestas a las mismas trabas que enfrenta nuestra institucionalidad hoy, con nuestros escasos recursos, con las limitaciones materiales y técnicas que tenemos, los intereses políticos involucrados y el andamiaje burocrático que nos corroe. Eso explica por qué hoy más de la mitad de las víctimas ven diluirse la promesa de una reparación dada hace tan solo 5 años y pone sobre la mesa los retos que afronta la nueva Agencia Nacional de Tierras para no seguir los pasos del Incora o el Incoder.

No basta entonces con la prelación y prioridad, la voluntad política y la inyección de recursos que, aunque no los tengamos, prometemos para poner estas acciones en marcha. Se requiere entender que el grado de perfección de las medidas es proporcional a las capacidades que tenemos, que de la noche a la mañana no se transforman o desaparecen. El reconocer nuestras limitaciones nos permite, bajo premisas realistas, iniciar ese largo camino hacia la transformación de nuestra nación, que no es automático con la firma de los acuerdos y que no puede evadir pasar por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la construcción de confianza en un nuevo pacto social.

heidi.abuchaibe@uexternado.edu.co