En mi columna pasada me refería a los problemas que se presentan con la iniciación del contrato de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, donde parece que una circunstancia en particular, la condena del presidente de Odebrecht a 19 años de cárcel, ha dificultado el cierre financiero del contrato, al punto que se vencieron las fechas y el socio con el 87% está vendiendo total o parcialmente su participación.
Veamos con calma, Odebrecht es una empresa con más de 70 años de operación, un gigante con 168.000 empleados, ventas anuales por 107.679 millones de reales (unos 29.102 millones de dólares) y que actúa en diferentes sectores, desde el de la construcción hasta el petroquímico, con presencia en 23 países, incluida Colombia, donde ha participado exitosamente en proyectos desde hace más de 10 años. El contrato de Navelena a ejecutarse en 7 años y pico cuesta alrededor de $2.5 BB –de los cuales $1.3 BB corresponden a diseños, licencias, interventorías y sobre todo a costos financieros– equivalentes a US$800 MM son un poco menos del 3% de las ventas de un año de la colosal empresa brasileña.
No es fácil entonces que un conglomerado de esta magnitud se acabe porque su presidente haya sido condenado a casi 20 años de cárcel por corrupto. La organización debe continuar, seguirá ejecutando obras en todo el mundo y, por supuesto, con otro presidente levantará la cabeza. Parecidas circunstancias aquejaron a otro gigante, Pactual en Brasil y la filial colombiana, con socios colombianos, aclaró las cosas y echó pa'lante.
Aquí en cambio, Navelena no puede hacer el cierre financiero y se especula que es porque los bancos en Colombia no le tienen confianza a la empresa luego de los problemas penales de su expresidente. Aclara Cormagdalena que luego de un exhaustivo análisis financiero, Navelena quedó como único proponente, entre otras cosas por su gran poder económico, y solo se le pagaría cuando las obras estuviesen terminadas. Los demás potenciales contratistas sacaron la ficha por la alta exigencia de las condiciones. Supongo también que estas condiciones incluían pólizas de seriedad y de cumplimiento que garantizarían la propuesta que sirvió de base al contrato billonario.
Suena ridículo que se diga que le cobrarán $20 MM diarios como multa por no lograr el cierre. Tendrían que transcurrir alrededor de 12.500 días, o lo que son más o menos 34 años, para hacer válida la garantía que debe ser del 10% del valor del contrato. Así las cosas, la entidad contratante y el país deben estar tranquilos si se tuvieron en cuenta las variables principales que podrían afectar el proyecto y si también se tomaron las medidas para cubrir un posible incumplimiento. Las expectativas que ha generado este proyecto no pueden irse junto con la condena de Marcelo, la empresa debe responder con sus compromisos contractuales y el Estado debe tener las herramientas para exigirle. Es lo menos que se puede esperar.
