Contra todo lo que indica el nuevo orden mundial democrático, preventivo y pedagógico, el país flota en una nube del populismo punitivo. Es decir, leyes que satisfacen a los grandes medios de comunicación a partir de su miope percepción jurídica, y por otro lado una opinión pública guiada por sectores radicales que creen más en el castigo que en la prevención.

La estricta Ley Merlano, que sanciona a quienes conducen vehículos con uno o más tragos, es una medida más hecha para las grandes ciudades del interior del país por sus distancias y sus neurosis. Que castiguen duro a los que manejan borrachos y que lo hagan antes de que ocasionen tragedias. Eso no tiene oposición ni duda alguna. Pero que la Ley que lleva el apellido del arbitrario exsenador sancione a un ciudadano porque se tome una copa en una cena familiar muestra un Estado radical y torpe en el manejo de los derechos de la sociedad y del libre desarrollo de la personalidad.

¿Están en riesgo los curitas por tomar la sangre de Cristo? ¿O el padrino de la boda por tres sorbos de champaña en el brindis por la felicidad de los novios?

Merlano perdió su investidura por la forma como pretendió presionar a los patrulleros de la Policía que lo detuvieron la noche en que se abstuvo a dejarse hacer la prueba de alcoholemia. Fue la noche en que el excongresista esgrimió de manera muy feudal, y como si fueran cabezas de ganado, el número de votos que había obtenido en las elecciones: 50.000. Y ahora, a partir de esa ley, son muchos los colombianos que denuncian cómo la pomposa cifra de votos de Merlano coincide con la tarifa clandestina impuesta en las calles para evitar la sanción mayor.

La ley fue aprobada sin considerar medidas alternativas y preventivas en el marco de políticas públicas en salud y educación. Esta es una norma represiva que alienta la corrupción y busca satisfacer el nivel predominante de lo que se piensa en el país, que en muchas ocasiones no es el deber ser. Los accidentes de tránsito diarios tienen una explicación más compleja. La mayor razón quizá es la carencia de cultura ciudadana y el incumplimiento de las normas, ya sea por ignorancia o por desconocimiento. Esto sin contar el déficit en la señalización, el estrés, la guerra del centavo de los buses y del peso de taxis, y el mal estado e insuficiencia de las vías. La Ley Merlano es lo que los especialistas llaman “derecho penal simbólico”, porque frente al problema que exige un estudio serio se impone una medida que da raiting y popularidad, pero que no cumple ningún papel efectivo, y lo poco que hace viola derechos constitucionales imprescindibles para la democracia.

Se logró dar la sensación de haber tomado una decisión importante a costa de garantías y derechos fundamentales. Eso es como cortar las cabezas para que alcancen los sombreros.

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