Comenzaba el decenio de los noventa. El muro de Berlín había caído y sus restos se vendían como recuerdos de una época que había quedado atrás. La cortina de hierro se dejaba correr con facilidad, y los países de la Europa del Este echaban por tierra las colosales estatuas de Lenin.
La humanidad acudía a la discusión de nuevas agendas políticas, anteriormente eclipsadas por el binarismo reduccionista que significó la Guerra Fría. En Colombia los vientos de reforma, cuya máxima expresión fue la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva Constitución, nos hacían creer a todos que habíamos entrado por fin, a los terrenos de la modernidad política.
Fue este espíritu de reforma, que pretendía acabar con los viejos vicios de la administración política, el que dotó a la Procuraduría General de la Nación de los poderes necesarios para proteger a la ciudadanía de los malos funcionarios. Se trataba de que esta institución garantizara los derechos colectivos de los ciudadanos sin importar las diferencias de clase, ideología, género, etnia o preferencias sexuales. En resumen, el Ministerio Público debía ser el garante de un Estado social de derecho que sepultura por fin los remanentes de la clerical Constitución de 1886.
Paradójicamente, Alejandro Ordóñez Maldonado, el actual procurador, encarna en los más hondo de su ser, todo lo contrario al espíritu que debe fomentar la institución que regenta. Viola sistemáticamente la libertad de cultos, uno de los logros más importante de la Constitución de 1991, y como funcionario público hace campaña en contra de los derechos por la diversidad sexual. Ordóñez significa en pleno siglo XXI, desde el punto de vista ideológico, el rescoldo nacional de la Constitución de 1886.
La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y su inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos por parte de la procuraduría, es un claro mensaje ideológico que llega justo en el momento en que la gran mayoría de los colombianos ponen sus esperanzas en los diálogos de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las Farc en La Habana. Quizás este momento está cargado del mismo espíritu esperanzador con el que los ciudadanos colombianos asumieron los logros de la Constituyente de 1991 y la posibilidad de la reconciliación en medio de tanta barbarie.
Con estas acciones, la Procuraduría ha dejado de ser la institución que garantiza el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos vulnerados por los funcionarios públicos, para perseguir a aquellos funcionarios a quienes considera enemigos ideológicos o adversarios políticos. Quizá, como consuelo de tontos, habría que decir que por fortuna a los líderes de izquierda ya no los sacan de sus cargos a punta de plomo, sino a través de mecanismos jurídicos amañados y tendenciosos.
Lo que está sucediendo trasciende a Petro y a Bogotá, es un problema de la democracia nacional, y de los excesos de un funcionario que todo el tiempo parece estar en campaña o haciéndole favores a sus superiores políticos. No se necesita ser petrista, ni de izquierda, ni progresista, para darse cuenta de eso. Cualquier ciudadano con un mínimo de sensatez es consciente de ello. De modo que este sería un buen momento, ad portas de las elecciones, para generar un movimiento que discuta los verdaderos problemas nacionales y no se deje imponer la agenda reduccionista de un presidente en campaña y un expresidente que invita a la guerra en cada declaración.
Con todo respeto si Petro se va, tal vez se vayan las basuras de Bogotá, pero se queda la m..... que hace rato está regada por este país.
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