De la pretendida reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República como proyecto de ley ordinaria se ha hablado ya bastante –entre otros tópicos– de la falta de propuestas reales de solución a los factores generadores de la actual crisis sectorial, así mismo de la falta de protección de los recursos públicos asignados para hacer realidad ese derecho fundamental, de la alta vulnerabilidad a la corrupción y a la politización del megafondo Salud Mía, del cambio de letrero de las actuales aseguradoras del contributivo y del subsidiado a las que se les nomina en dicha propuesta de manera distinta pero se les dejan roles muy similares a los actuales, de los reclamos de las instituciones de educación superior con facultades de medicina y de los mismo médicos y estudiantes por la idea del Gobierno de permitirles a las clínicas privadas y hospitales públicos titular médicos especialistas para suplir el déficit de este recurso humano.

Sin embargo, también los pacientes, especialmente los que padecen enfermedades de alto costo, están en estado de alerta y –más que eso– han elevado sus inquietudes y protestas frente a esa iniciativa del Gobierno de reformar el actual sistema de salud, pues consideran que el texto propuesto como ley ordinaria, además de no garantizarles el derecho a la salud, establece serias amenazas para la continuidad de muchos de sus actuales tratamientos.

Hay aspectos puntuales que les preocupan, como el que establece el artículo 21 de ese texto cuando se aborda el tema del plan de beneficios para los pacientes y que en la reforma se llama Mi Plan, en el que se contempla que “Aquellos servicios o tecnologías de salud que no hayan sido incorporados, podrán ser financiados con recursos del Sistema de manera individual y transitoria bajo los precios y condiciones” a determinar por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La preocupación de los pacientes se fundamenta en la expresión “podrán ser financiados con recursos del Sistema”, porque no quedan claramente definidos cuáles serán esos mecanismos de financiación, pues al eliminarse los Comité Técnico-Científicos, entonces las gestoras del mañana (que son las EPS de hoy), así como las clínicas y los hospitales, no suministrarán nada que este fuera de Mi Plan, a menos que el usuario lo pague, a diferencia de hoy que sí existe claramente un procedimiento para recobrar.

Y también debe mencionarse la incertidumbre que agobia a los pacientes que en este momento dependen de medicamentos NO POS para su vida o para controlar enfermedades como cáncer, VIH y los mismos pacientes transplantados. El texto de la reforma menciona que “el Ministerio de Salud y Protección Social evaluará la incorporación gradual de los servicios y tecnologías en salud del universo de lo recobrado, contados tres (3) años después de la entrada en vigencia de la presente ley”, lo que pudiera entenderse que de aprobarse así la reforma, al otro día de entrar en vigencia esta ley y por los siguientes tres años, mientras el Gobierno evalúa la incorporación gradual de esos “servicios o tecnologías en salud”, las gestoras no entregarían esos medicamentos, ni se autorizarían procedimientos o exámenes diagnósticos que no estén en Mi Plan, ya que no hay claridad sobre quién los pagará y mediante qué mecanismos se pagarán dichos medicamentos.

En síntesis, esta reforma y quienes la promueven y defienden, sin proponérselo, han logrado convocar y unir a las diferentes y heterogéneas fuerzas vivas de la sociedad colombiana, pero para rechazar esa propuesta y hacerle ver al Gobierno su inconformidad frente a lo que ocurriría si se llegase a aprobar y se convirtiese finalmente en ley de la República. La voz del pueblo merece ser escuchada…¿o no?

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