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Colombia

Los tropiezos que ha tenido el caso de Valentina Trespalacios

La falta de un traductor capacitado para la judicialización de Poulos y la renuncia de su abogado son algunos de los impases que han desatado los cuestionamientos sobre la eficacia de la justicia colombiana.

Nueve días después del macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios en un contenedor de basura en Fontibón, la justicia colombiana yace ineficaz ante la posibilidad de judicializar al principal sospechoso del asesinato, John Poulos.

Deportado desde Panamá, el ciudadano estadounidense arribó el pasado miércoles 25 de enero con esposas moradas a Bogotá. Allí lo recibieron autoridades colombianas con la orden de deportación de la subdirectora panameña de Migración, María Isabel Saravia y unidades de Interpol Panamá.

Capturado e imputado por los delitos de feminicidio agravado y concurso con el delito de ocultamiento, alteración y destrucción de elemento probatorio, Jhon Poulos fue entregado a la Fiscalía para iniciar un proceso de judicialización hasta ahora lleno de impases por cuenta de problemas posiblemente previsibles para la justicia colombiana.

Debido a que la lengua nativa del procesado es el inglés, a las audiencias preliminares se ha tenido que sumar una traductora, quien palabra a palabra  ha interpretado lo que dicen cada una de las partes; sin embargo, se conoció que la traducción no habría sido fiel a los términos judiciales empleados en la audiencia.

Respecto a esta situación, el abogado penalista Julián Quintana, en conversación con Noticias Caracol, señaló que sí existe un problema al no poder comunicarle de manera correcta al procesado los derechos que tiene y los delitos que está enfrentando.

“No solamente en las audiencias preliminares de legalización de captura, de imputación de cargos y aseguramiento, sino además incluso desde la misma lectura de los derechos del capturado, se podrían ver perjudicados los derechos si no entiende lo que le está poniendo en el presente”, indicó Quintana a ese medio de comunicación.

Incluso, teniendo en cuenta que las traducciones deben ser integrales para los procesados, esto podría significar una violación a los derechos constitucionales y hacer nula su judicialización, de acuerdo con el abogado penalista Ricardo Burgos.

“De no ser fiel la traducción el caso estaría configurando una posible nulidad, precisamente por ese imperativo que nos impone la ley 906 que nos dice que la persona debe entender de manera clara y precisa los cargos por los cuales lo están imputando o le van a imponer una medida de aseguramiento”, indicó el especialista en leyes.

Como si fuera poco, iniciada la audiencia de imputación de cargos contra Poulos, el abogado Martín Riascos y la traductora Martha Lucía Morales anunciaron su renuncia al caso. Por su parte, Riascos aseguró que se hacía a un lado por supuestas amenazas en su contra, mientras que Morales señaló que ella no cuenta con los requisitos para poder llevar a cabo la audiencia.

“Pido este retiro que lo acepte, porque quien tiene la última palabra es usted, como juez de control de garantías. No sin antes, aconsejar, a pesar que estas audiencias deberían ser reservadas para garantizar la seguridad de los que intervenimos”, expresó Riascos.  

Ante ello, el Juez pidió a la traductora que le explicara a John Poulos que entonces sería presentado por un abogado de oficio.

Ante ello, Poulos aceptó la renuncia de Riascos y aceptó que Juan Manuel Falla, abogado de la Defensoría del Pueblo lo represente durante el caso.

“Pidió en varias ocasiones desde el principio de su captura que tuviera un traductor para poder llamar a un abogado. Quiere un abogado de confianza, pero no ha podido llamar y nadie habla inglés. Por eso, asegura que eso ha sido un detrimento en su caso”, afirmó la traductora.

Asimismo, John Poulos advirtió  “a los que vengan a Colombia que aquí no se respetan los derechos de los que hablan”.

Sobre la renuncia de Martha Morales, el juez se mostró en negativa y sostuvo que debía presentarla ante la judicatura. De acuerdo con la funcionaria, su petición se debe a que ha recibido bastantes críticas de su labor y teme que por esto, el proceso pueda quedar nulo.

Diferentes abogados penalistas se han manifestado sobre las trabas en la judicialización de Poulos concluyendo que la justicia colombiana no estaría completamente instruída en materia de idiomas y que no existen “casi traductores que tengan la calidad, el ‘legal english’, para ejercer estas actividades”.

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