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Jhonny Hoyos
Colombia

Si no puedo citar diligencias judiciales, la CPI podría intervenir en el país: fiscal

Néstor Humberto Martínez intervino en la audiencia del Senado sobre las objeciones a la JEP. También fueron escuchados la presidenta de la JEP, Patricia Linares y el comisionado de paz, Miguel Ceballos.

En el marco de la audiencia pública del Senado de la República este jueves sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, el fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que si no puede citar diligencias judiciales en los procesos que conoce el tribunal de paz, la Corte Penal Internacional, CPI, podría intervenir.

"Si no puedo citar a diligencias judiciales, habrá un sonrisa enorme en la justicia internacional porque están buscando jurisdicciones en las cuales intervenir", aseveró.

Agregó durante su intervención el jefe del ente de investigación penal: "Causa dolor que no se le dé a la sociedad la posibilidad de escrutar si son convenientes o no estas normas de las objeciones a la paz. (...) Y nos denuncian penalmente por un fraude a resolución judicial, cuando todo lo que estamos diciendo corresponde a la letra específica del acuerdo".

Por su parte, la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, afirmó que la justicia transicional pactada cumple con la labor de sancionar los crímenes de lesa humanidad y de guerra: "Este modelo de justicia brinda garantías para que el país pueda cumplir la obligación de sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia".

Sobre el articulado objetado, la togada aseguró que "la ley estatutaria traería toda las herramientas normativas para que podamos avanzar en nuestra tarea. (...) No se puede desarrolllar ninguna actuación tal como agregar, quitar, recomponer, eximir, cambiar y demás, pues esto alteraría que volviera a la Corte Constitucional para ser revisado".

Entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, advirtió que la "indeterminación" de funciones del Ejecutivo para nominar postulados a la JEP podría afectar un eventual proceso de paz con el ELN.

"Durante 22 años, cuando fue expedida la Ley de Orden Público en 1997, el Ejecutivo ha tenido la facultad de verificar la pertenencia o no de actores armados a un grupo armado. 

Preocupa que la indeterminación de esa facultad afecte tanto procesos presentes como procesos futuros, como un eventual diálogo con el ELN, porque si es la JEP la que determina quiénes son miembros de un grupo armado, a su vez tendrían que ser jueces de ellos, entonces ahí hay una grave inconveniencia. Y en el caso concreto de las Farc ya las listas de esos miembros fueron cerradas y si se abren generaría un grave problema de seguridad jurídica".

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