Sectores de la bancada Caribe critican al Defensor
Los congresistas afirman que la demanda representa un “daño” al proceso de venta de Electricaribe. Name propone hacer una ley.
Sectores legislativos costeños arreciaron sus críticas contra la demanda interpuesta ante por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, a tres artículos del salvamento de Electricaribe, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Los cuestionamientos surgieron luego de la frustrada reunión de ayer entre los congresistas y el funcionario, que había sido confirmada por Negret a este diario y que finalmente no se llevó a cabo. Inclusive, los mismos miembros de la Bancada Caribe afirmaron que no fueron invitados y en la oficina de prensa del ente del Ministerio Público no conocían sobre los detalles del encuentro.
El senador barranquillero Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, calificó la acción radicada como “una demanda irresponsable” y aseveró que “representa un daño al cronograma de venta de activos de la empresa y, por tanto, seguiría vulnerándose el derecho a un mejor servicio de energía en la región Caribe”.
“Lo único que hace el Defensor del Pueblo es poner un ‘palo en la rueda’ en la búsqueda del nuevo operador en reemplazo de Electricaribe que venía avanzando a buen ritmo. Por ende, nos pone en riesgo de un apagón total. Ahora las baterías deben enfilarse hacia la Corte Constitucional para evitar más problemas”, agregó.
Finalmente, sobre la reunión que se suponía se llevaría a cabo este martes, Gómez Amín advirtió que no se reunirá con Negret: “No asistiré a reunión con el Defensor, por el contrario, queda graduado como enemigo público de la Región. Que venga a la Costa y se apersone de la realidad de los 10 millones de usuarios damnificados por Electricaribe”.
A su turno, el representante atlanticense César Lorduy, de Cambio Radical, quien junto con su copartidario y coterráneo del Senado Arturo Char, propuso ante la Cámara de Representantes un debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y al Defensor del Pueblo, manifestó su “oposición no solo a la demanda sino también a todas las acciones que pueda adelantar el Defensor del Pueblo contra lo adelantado por el Gobierno Nacional para solucionar el problema del servicio de energía en la región Caribe y propuesto en el Plan de Desarrollo”.
Dijo, además, que el pasado lunes, en la Comisión Primera de la Cámara baja, manifestaron, a nombre de la región Caribe, la preocupación que los agobia por la demanda que interpuso la Defensoría, lo que acabaría con la esperanza de resolver de una vez el problema del servicio de energía en el Caribe. “La región no puede quedar a oscuras, lo que ocurría si la demanda de la Defensoría prospera”, concluyó.
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De otro lado, el senador barranquillero José David Name, del Partido de la U, pidió “no seguir con populismos” y propuso la presentación de una ley por parte del Gobierno para asumir el pasivo laboral de la empresa por parte de la Nación. “No firmé ni voy a firmar ninguna invitación al señor Defensor del Pueblo. Ni al Fiscal ni al Procurador ni al defensor se les puede citar: se les invita a los debates. Me parece que no tienen eso claro algunos congresistas que llegaron hace poco al Congreso”, dijo.
El congresista añadió en diálogo con este diario que “no podemos seguir con populismos, ni el fin justifica los medios. Fui claro al decirle a la señora superintendente de Servicios Públicos (Natasha Avendaño) cuando reunió a la Bancada Caribe por allá en febrero, marzo, que meter este artículo en el Plan de Desarrollo era ilegal, inconstitucional, y que la solución era hacer una ley de la República, como se debe hacer”.
Frente a la postura de Negret, Name señaló que el titular del organismo del Ministerio Público “responderá cuáles fueron los motivos por los cuales él demandó ese artículo, que era demandable, y ese es su deber. No voy a participar en ningún debate de invitación al señor defensor. Creo que no hay lugar. Más bien yo invito a presentar una ley lo más rápido posible, con mensaje de urgencia, para que el pasivo laboral de Electricaribe quede a cargo de la Nación, o sea de los impuestos de todos los colombianos”.
El abogado constitucionalista Fernando Borda indicó que le preocupa que exista otra demanda de inconstitucionalidad que avanza en la Corte Constitucional sobre la sobretasa nacional con destinación específica, la cual puede ser entendida por la Corte como un impuesto que “viola la carta”.
“Estas demandas son públicas y la Corte al aprehenderlas la obliga a una decisión. En ese escenario más vale ir preparando una verdadera narrativa constitucional con fundamentos en lo que ordena la Constitución Política sobre este tipo de temas”, explicó el experto.
En ese sentido, el constitucionalista señaló que considera que el artículo primero Superior “desarrolla” los principios fundamentales del Estado Colombiano y, entre ellos, señala el principio de la solidaridad de las personas que la integran en la prevalencia del interés general. “Creo que es allí donde se debe establecer una “trinchera” para aguantar los ataques contra la sobretasa que se van a venir, ya sea de la demanda del Defensor del Pueblo, o de las otras que ya están en tránsito”, detalló Borda, quien explicó que es necesario traer a colación el impuesto del 4x1.000 que se generó hace años como transitorio para cubrir los estragos de un terremoto en la zona cafetera y se extendió en el tiempo.
Borda dejó claro que si la demanda ya fue admitida por la Corte no se puede retirar, solo se puede adicionar. “El Magistrado solo considerará las adiciones a la demanda que se presenten antes que el expediente ingrese en virtud al reparto a su despacho”, aseveró el abogado.
Por su parte, el abogado Eduardo Palencia Ramos explicó que la acción instaurada por el defensor del Pueblo es una facultad que tiene todo ciudadano para presentar demandas ante la Corte para que esta decida sobre la “exequibilidad”.
“En términos más claros, se debe determinar que los artículos demandados (313, 315 y 316) son constitucionales o inconstitucionales. Él presenta la demanda porque considera que los artículos en el PND son inconstitucionales, cuando la Corte realice el control determinará si la demanda es procedente o no es procedente”.
