Proyecto propondría amnistía para los manifestantes de la primera línea

Según la revista capitalina 'Semana', "en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes está a punto de comenzar un debate que generará una fuerte discusión. Se trata de un nuevo intento para liberar a los integrantes de la primera línea a través de un proyecto del representante Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico".

Agrega el reporte que el indulto sería para quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en las protestas entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, aunque se excluirían delitos graves como violencia sexual y secuestro, entre otros.

El pasado viernes, en desarrollo de la tercera jornada de ‘Gobierno Escucha’, que se realizó en el municipio de Quinchía (Risaralda), el presidente Gustavo Petro invitó a las víctimas de Estado, en el marco de la protesta social del 2021, a establecer un diálogo con el Gobierno Nacional, con el fin de avanzar en los mecanismos de reparación.

“Hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el Gobierno para fijar las condiciones de esa reparación de víctimas que produjo el Estado; es necesario que podamos sanar esa herida”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado hizo referencia al tema al entablar un diálogo público con Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, quien fue asesinado en mayo del 2021 en la ciudad de Pereira durante las jornadas del paro nacional.

“Vengo como víctima a reclamar por justicia, porque ya son dos años del homicidio de mi hermano Lucas Villa; no hay justicia, y justamente yo quisiera recordarles que hoy 17 de marzo mi hermano Lucas Villa estaría cumpliendo 39 años. No solamente somos víctimas del paro, los líderes y lideresas sociales aún tenemos temor”, manifestó Uribe.

Al respecto, Petro recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó unas recomendaciones frente a lo ocurrido en la protesta social.

“De esas recomendaciones hubo una sobre la reforma a la Policía; hubo otras que tienen que ver con la indemnización, con la reparación, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social”, sostuvo.

Recordó la Presidencia en un comunicado que el Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron en enero pasado la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones presentadas por este organismo en un informe sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia, entre los años 2020 y 2021.

En ese momento, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, explicó que en el citado informe la Comisión “reconoce los hechos concretos del estallido, pero las causas estructurales y, sobretodo, este seguimiento de recomendaciones implica abordar la situación, garantizar el derecho a la protesta, el respeto a la interseccionalidad, el rechazo que se tiene que dar a la judicialización de la protesta”.