El Heraldo
Puerto de Buenaventura Supertransporte
Colombia

Polémica por acuerdo Gobierno-manifestantes en Buenaventura

En el documento se establece que la carga del Puerto del Pacífico será inspeccionada y acompañada por “10 delegados" de la protesta.

Una fuerte polémica ha generado la firma de un acta de concertación entre el Gobierno y el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, Valle del Cauca, para crear un "corredor por la vida y por la paz" en el puerto del Pacífico.

En el documento se señala que habrá un mecanismo de veeduría de los vehículos que circulen por esta zona portuaria y que la Policía inspeccionará sellos de garantía, seguridad de las tractomulas y la carga.

No obstante, se señala que esa revisión tendrá "acompañamiento" de "máximo 10 delegados del Comité de Paro, garantizando que estos realicen un registro audiovisual.

"La inspección documental y ocular ejercida por la Ponal será acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional - Buenaventura, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento", se lee en el acuerdo.

Al respecto, el exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, 'trinó': "Con la firma del acuerdo con el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, el Gobierno ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional, otorgando a los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga, legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado 'corredor humanitario por la vida y la paz', donde se podrá transitar en las horas y por las vías que ellos determinen. Quedan prohibidas las exportaciones y perdido cualquier asomo de autoridad".

A su vez, el expresidente y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, criticó en la red social: "Sustitución de la autoridad legítima: El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia".

En respuesta, el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, aseguró que el Ejecutivo "no ha cedido un centímetro de institucionalidad" y agregó que la veeduría ciudadana está en el marco de la ley y que la inspección de la carga será ejercida de forma exclusiva por la Policía.

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