Plataformas de DD. HH. piden a CPI mantener investigación contra Colombia
Esto luego de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara el cierre del examen preliminar sobre el país.
Varias plataformas de DD. HH. en Colombia pidieron este jueves a la Corte Penal Internacional, CPI, mantener el examen preliminar sobre el país por violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
Esto luego de que el fiscal de la CPI, horas antes, anunciara el cierre de la pesquisa contra Colombia.
"Han pasado más de 17 años desde que la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre la situación de Colombia, escenario de crímenes de lesa humanidad ocurridos desde el 1 de noviembre de 2002 y crímenes de guerra ocurridos desde el 1 de noviembre de 2009 en el contexto de un conflicto armado no internacional entre las fuerzas militares del Estado, grupos paramilitares y otros grupos armados organizados", recordaron los activistas.
Se lee en el comunicado, publicado en la página del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, que "la violencia en Colombia no ha cesado, aún subsisten problemáticas estructurales y otras concretas que podrían impedir el inicio o continuidad de procesos judiciales con debida diligencia pese a la gravedad de los crímenes internacionales en términos cualitativos y cuantitativos, se desconoce la exigencia que constantemente se le hace al Estado para que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables -en especial los más altos- de estos crímenes".
Aseguran que son "nulas" las probabilidades de que en el ámbito interno se realicen investigaciones serias, imparciales e independientes de los casos objeto de este examen.
"No ha habido un avance en procesos contra agentes del Estado, por el contrario, es totalmente válido afirmar que en una Fiscalía General cooptada por el Ejecutivo y los intereses del partido de gobierno, se intenten distintas maniobras para impedir cualquier avance procesal. La Justicia Penal Militar no ha dado cuenta de ningún informe o decisión judicial a la JEP, ni tampoco hay registro público del envío de información completa sobre los casos que conocen, a pesar de que es un deber constitucional", advierten.
Además, aseveran las ONG que la JEP no podrá investigar a un gran número de Agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública -superiores civiles-, pues estos comparecen ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es el órgano encargado de conocer las investigaciones contra el presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.
Esto, critican, "constituye un evidente desconocimiento de los estándares del Derecho Penal Internacional, se pone por encima de la justicia y de los derechos de las víctimas el cargo oficial de estos altos funcionarios y se cierra el paso a la posibilidad de analizar cuál es su responsabilidad y su control de mando efectivo sobre sus subordinados, si desplegaron medidas para evitar o reprimir la ocurrencia de los crímenes internacionales, si tuvieron información acerca de estos y la desconocieron, y también su negligencia al no poner dicho asunto en conocimiento de las autoridades".
