Los reparos a las penas de la JEP contra varios ex-Farc
Analistas del conflicto, académicos, constitucionalistas y exfiscales explican su punto de vista sobre la decisión de la JEP.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció el pasado viernes la segunda resolución de conclusiones contra los ex-Farc Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda por los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales.
Lea también: Contraloría anuncia equipo especial para investigar corrupción en Aerocivil
En la decisión, sus expedientes fueron remitidos a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y se sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción de 8 años, y de 5 años para Granda que no tuvo mando sobre la tropa.
El Tribunal de Paz tiene seis meses para hacer el juicio, en el que podrá escuchar a las víctimas y sus representantes así como a los comparecientes, para finalmente adoptar una sentencia bajo un régimen de restricción efectiva de libertades y derechos, y la compatibilidad de estas sanciones con el ejercicio de la actividad política también serán materia de estudio en la sentencia.
EL HERALDO consultó las opiniones de Óscar Parra, director del proyecto Rutas del Conflicto y profesor de cátedra de la Universidad del Rosario; de César Niño, Ph. D. en derecho internacional, magíster en seguridad y defensa y profesor de la Universidad de La Salle, y del exfiscal Luis Eduardo Montealegre, penalista y constitucionalista y ex magistrado de la Corte Constitucional, acerca de las penas restaurativas que se contemplan y del recibo que tienen estas en los colombianos cuando se cumplen seis años del Acuerdo de Paz de La Habana y se perfilan en el marco de la política de paz total negociaciones y sometimientos con el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, entre otros grupos ilegales y criminales.
Parra considera que de alguna manera lo que dice la Sala de Reconocimiento “es consecuente con lo que ha pasado con las audiencias de reconocimiento en las que ha estado el antiguo secretariado de las Farc y en donde han reconocido esos crímenes relacionados con el secuestro”.
Sin embargo, advierte, “si bien es cierto que, como está planteada la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ellos no tienen la responsabilidad de entregar información puntual y verdad plena en cada caso en particular, sí pueden hacer gestiones y procurar que por ejemplo familiares de desaparecidos puedan obtener información en medio del entorno del secuestro, y yo sí creo que en alguna instancia falta información y verdad en cuanto a las políticas de la guerrilla de las Farc, los direccionamientos a nivel de organización”.
Señala en este sentido que lo que hizo el desmovilizado grupo rebelde “fue un reconocimiento del hecho, porque no se les pide una verdad tan detallada, aunque no sé si es que no se ha hecho pública o si en realidad hace falta información, y de cualquier manera es un problema porque las víctimas siguen preguntándose por esa verdad”.
Niño pone de presente que es importante tener en cuenta que la decisión de la JEP sobre los secuestros de las Farc y los altos mandos “tiene una impronta lo suficientemente importante sobre el sexto año de implementación del Acuerdo, y en esta oportunidad la justicia especial para la paz ha elaborado unos mecanismos de reparación por vías no punitivas, es decir que no tienen que ver con la cárcel ‘per se’, y se trata de una reparación de la memoria, de hacer una suerte de relatos, de construcción de verdades y de contar en ciertos tipos de talleres por parte de los responsables de las Farc lo sucedido en estos tipos de crímenes como el secuestro para incidir en una memoria colectiva lo suficientemente fundamental para la transición”.
Agrega, no obstante, que hay un tema interesante en todo esto “y es que aún en Colombia sigue siendo polémico el asunto de la justicia sobre los victimarios de la antigua guerrilla, porque aún percibimos como sociedad que la justicia es sinónimo de cárcel”. Y esto va a tener algún tipo de oposiciones, sobre todo en los sectores más radicales de la política colombiana, donde van a encontrarse por supuesto trincheras ideológicas, políticas y discursivas que no van a aceptar lo que acaba de emitir la JEP.
Puede interesarle: Mintransporte anunció medidas frente a presuntas irregularidades en Aerocivil
En ese orden de ideas, concluye, “considero que también es responsabilidad de la sociedad colombiana en conjunto y en colectivo empezar a tramitar las cuestiones judiciales dentro del marco del conflicto armado como un asunto que tiene que superarse por vías restaurativas, porque además creo que la cárcel no soluciona los problemas estructurales del conflicto, mientras que estos responsables del secuestro pueden hacer reparaciones más profundas a través de la construcción de memoria y una reparación simbólica, y es preferible esto a que estén detrás de una reja”.
Por ello, Niño saluda la decisión de la JEP y considera que es “una buena forma de darle continuidad a un Acuerdo de Paz que ha superado muchos obstáculos en términos políticos”.
En la opinión de Montealegre “la jurisdicción de paz no está edificada sobre penas privativas de la libertad. Su base es la justicia restaurativa. Es decir: un diálogo entre víctimas y victimarios para reconstruir la verdad y reparar el daño. Desde esta perspectiva, resulta acertada la decisión de la Sala de Reconocimiento al solicitar que no se prive de la libertad a los comandantes de las Farc por los secuestros realizados”.
Advierte el exfiscal y exmagistrado que la desarmada guerrilla “cesó la violencia, contó la verdad, y, está cumpliendo con las políticas de reparación. La pena privativa de la libertad no es la única forma de hacer justicia. Las restricciones a los derechos de los superiores cumple con los estándares del derecho penal internacional y de nuestra Constitución”.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les aceptó una serie de proyectos restaurativos reparadores y de dignificación de memoria a los ex miembros del secretariado de las Farc en medio de la decisión sobre el caso de los secuestros.
- Proyecto ‘Acción Integral Contra Minas (Aicma)’: La Sala determinó que este proyecto “cumple con los requisitos de sanción propia debido a que, como lo establece la Ley Estatutaria, implica una “limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra”. La Sala ya había recibido cinco propuestas en las que las víctimas consideraron el desminado como una actividad que podría plantearse como sanción a los comparecientes”.
- Proyecto ‘Búsqueda de personas dadas por desaparecidas’: La Sala recibió 21 propuestas formuladas por las víctimas que solicitan acciones encaminadas a la búsqueda de secuestrados que están desaparecidos. Y la Sala consideró que este proyecto cumple con el propósito reparador y restaurador, y puede ser considerado por el Tribunal para la Paz como una sanción. Los exintegrantes del antiguo secretariado proponen hacer una cartografía nacional y regional sobre sitios de posible enterramiento, que consiste en recorrer con excombatientes las zonas de los antiguos bloques.
Puede leer también: “Es un compromiso con el país”: Nigeria Rentería habló sobre diálogos con Eln
- Proyecto ‘Suma-Paz, Reconocimiento del medio ambiente como víctima’: La Sala determinó que este proyecto puede ser considerado como una sanción propia debido a su alto contenido reparador con programas de protección medio ambiental, que van en coherencia con los fines del Acuerdo de Paz. La Sala explicó que el proyecto corresponde a las solicitudes hechas por las víctimas de la realización de obras en beneficio de las comunidades afectadas por el conflicto. La Sala recopiló 29 propuestas que buscan la intervención o realización de obras de infraestructura en salud, acueducto, educación, cultura, vías y seguridad en el marco del listado. En la elaboración de este proyecto, los comparecientes reconocieron que las prácticas de las Farc-EP contribuyeron al desequilibrio del ecosistema y que entre 1996 y 2008 se registraron 920 secuestros, 240 ocurridos en Bogotá y 706 en Cundinamarca”.
- Proyecto ‘Componente transversal de memoria y reparación simbólica’: Los comparecientes propusieron la realización de un libro y un audiolibro construido directamente con las víctimas y sus familiares, en el que relaten el antes, durante y después de los secuestros, con la implementación del enfoque de género. Además, propusieron hacer ‘Pedagogía de la memoria transformativa’, dictando cursos sobre el conflicto armado y los daños ocasionados. También quieren hacer un monumento con nombres de personas secuestradas durante los periodos priorizados por la Sala de Reconocimiento. Y el Tribunal puede considerar revaluar las actividades concretas para incluir las acciones más requeridas por las víctimas.
