El Heraldo
El presidente ha afirmado que la ley antivandalismo no coartará el derecho a la protesta social.
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Colombia

Lo que se sabe de los proyectos sobre protestas

La ley antivandalismo, la reglamentación de la protesta, las garantías a la misma y el endurecimiento de penas: las propuestas.

Tras las multitudinarias protestas sociales que se presentaron en el país durante la segunda mitad del semestre pasado, en el Congreso son al menos cuatro los proyectos que se han anunciado hasta ahora sobre las protestas sociales.

El primero es el proyecto de ley antivandalismo y antidisturbios que plantea el Gobierno, sobre el que el presidente Iván Duque ha dicho que se busca aumentar las penas en contra de las personas que protagonizan disturbios y actos de vandalismo en el marco de las protestas. 

Pidió por ello el mandatario que se dé una discusión “a profundidad sobre la diferencia que existe entre una protesta pacífica y actos de vandalismo”.

“Ya viene desarrollándose en el Congreso una discusión sobre cómo fortalecer las herramientas jurídicas contra el vandalismo en Colombia. Seamos claros: hemos visto unos actos vandálicos que han destruido infraestructura pública, que han incendiado palacios de justicia municipales, que han afectado locales comerciales y claramente necesitamos endurecer penas y necesitamos también que esos delitos no sean excarcelables”, expresó el mandatario. 

Presidente Congreso

También se ha anunciado por parte del nuevo presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, una iniciativa para reglamentar el derecho a la protesta social.

En este sentido, el parlamentario ha señalado: “En ese marco de lo que el presidente de la República ha planteado, es necesario que primero avancemos en el proyecto de ley estatutaria que reglamenta el artículo 37 de la Constitución Política, garantizando los derechos fundamentales que este encierra, como lo son el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la libre asociación y el derecho a la reunión y a la libre locomoción”.

Al respecto, el proyecto planteará un capítulo que contenga varias prohibiciones para servidores públicos que intervengan indebidamente en las marchas: “La idea es garantizar el ejercicio de este derecho fundamental, pero también garantizando el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos, garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, y buscaba evitar la criminalización y estigmatización de la protesta”.

Por último, indicó el nuevo presidente del Congreso de la República que dentro del proyecto de ley que se había propuesto “se planteaba también la posibilidad de identificar a los promotores de las movilizaciones, a los participantes y a los financiadores de estas marchas y de estas manifestaciones, y se planteaba también un sistema de sanciones pedagógicas que evitara la criminalización de la protesta”.

El Congreso debatirá las cuatro iniciativas. Archivo
“Atender lo de la CIDH”

El presidente de la CUT y vocero del Comité del Paro, Francisco Maltés, le dijo a EL HERALDO que el proyecto que presentará el próximo martes el Comité “tiene que ver con las garantías del derecho a la protesta social. Así mismo, hemos incluido en nuestro articulado los puntos del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc que hemos contemplado que se deben incluir, al igual que los estándares internacionales que se han definido para el derecho a la protesta”.

Agrega el dirigente sindical que el articulado será “muy concreto, porque la protesta social, que es un derecho fundamental, no requiere de cortapisas y lo que los estados democráticos deben procurar es que se debe ampliar la movilización pacífica como una expresión de la democracia: pretender restringir la movilización es propio de los gobiernos de características fascistoides, por eso la propuesta es para que se amplíe y se garantice la protesta”.

Frente a la aún desconocida propuesta oficial de la ley antivandalismo, Maltés aseveró: “Necesitamos que se presente el articulado, pero es evidente que este Gobierno lo que ha mostrado es cómo estigmatiza la protesta y cómo genera miedo para que los ciudadanos no salgan a movilizarse”.

Y acerca del articulado que ha anunciado el senador Juan Diego Gómez sobre la reglamentación de la protesta, advirtió el vocero del Comité del Paro que “parece ser que es un refrito del presidente del Congreso”, agregando que “lo que el Gobierno pretende es generar un proyecto de ley que va a restringir la protesta social y ha dicho que no va a cumplir las recomendaciones que ha hecho tras su visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con lo cual no estamos de acuerdo”.

“Que paguen líderes”

El analista de seguridad y presidente de Acore, que agrupa a los uniformados retirados de la fuerza pública, John Marulanda, habló con EL HERALDO sobre cómo se debe reglamentar la protesta o qué debe tener un proyecto de ley antivandalismo como los que se anuncian.

“Lo primero que hay que hacer es fortalecer las medidas que existen para responsabilizar a los organizadores de estos eventos de los daños que puedan suceder y que creen una póliza de garantía para que cada vez que se convoque una de estas manifestaciones se pueda tener la seguridad de que cada daño tiene un responsable y tiene una reparación”, indicó el coronel retirado del Ejército.

De igual modo, expone el exmilitar que “se debería crear una lista, así como hacen con las barras bravas, de personas que han sido indiciadas, sindicadas o señaladas de ser vándalos, para que estas personas no puedan asistir a las protestas y que los organizadores no las inviten y adquieran la responsabilidad de denunciarlas si van a las marchas, igual que en los estadios”.

Y, finalmente, plantea ampliar los recursos tecnológicos de la Policía, tales como drones, cámaras inteligentes, inteligencia artificial, “para poder prevenir en el futuro la presencia de células terroristas urbanas que son las que han venido actuando en estos últimos paros” y “fortalecer el Esmad con más hombres, más equipo protector y mayor tecnología: eso será muy bien recibido por parte de la gran mayoría de ciudadanos colombianos”.

El uribismo propone crear el tipo penal de homicidio contra miembro de la fuerza pública

La senadora Milla Romero, del Centro Democrático, quien reemplazó al expresidente Álvaro Uribe tras su renuncia por el proceso judicial que se le sigue, le dijo a EL HERALDO que para esta legislatura están presentando un proyecto que “crea dos tipos penales nuevos, que son homicidio contra miembro de fuerza pública y secuestro a miembro de fuerza pública. En ambos casos, la pena es mayor a la que existe actualmente. Se aumenta la cantidad de años a los que pueden ser condenados los autores a 60 años, porque hoy son 48 años y 12 años, respectivamente”.

Así mismo, señaló la parlamentaria, “en el caso del maltrato existe ya un tipo penal que se llama violencia contra servidor público, y en este caso se aumenta la pena mínima de 4 a 6 años, lo que nos lleva a que este delito no sea excarcelable”. Se justifica esta medida, en palabras de la legisladora uribista, porque “los miembros de la fuerza pública entregan sus vidas en defensa de los colombianos, pero lastimosamente están desprotegidos. Por eso y debido a la coyuntura actual, presentamos este proyecto”.

Frente a la pregunta de por qué cree que ahora sí pasará este articulado, pues ya había sido hundido por falta de trámite anteriormente, cuando fue propuesto por el expresidente Uribe, Romero afirmó: “La coyuntura actual nos ha demostrado que necesitamos proteger a quienes nos protegen, a los miembros de la fuerza pública, que dan la vida por nosotros y que, como hemos visto, son agredidos, secuestrados, torturados, maltratados y asesinados por los vándalos y terroristas. Vimos el video donde un vándalo patea a una policía del Esmad, indefensa y de espaldas. No podemos permitir que nuestros héroes sean maltratados”.

Por ello, añade, “imponer un castigo ejemplar y abordar con toda firmeza estos casos evitaría muchos de estos episodios. En el Congreso, muchos de mis colegas reconocen este esfuerzo de la fuerza pública y entienden el momento por el que estamos atravesando, por eso esperamos contar con el respaldo de todos los colombianos”.

La iniciativa que había sido radicada por Uribe Vélez desde 2018 también planteaba que la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumpliría en el lugar de residencia o morada del condenado cuando hubiera cumplido la mitad de la condena y concurrieran los presupuestos contemplados en el Código Penal, excepto en los casos en que el condenado fue sentenciado por “delitos contra integrante de la Fuerza Pública”.

De igual modo, proponía el proyecto: “No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando la persona haya sido condenada por “delitos contra integrante de la Fuerza Pública”.

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