El Heraldo
Carlos Ruiz Massieu, jefe de Verificación de ONU. Cortesía
Colombia

“Las expectativas de las promesas del Acuerdo pueden afectarse en estos momentos”

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y representante especial del Secretario General, Carlos Ruiz Massieu, habló con EL HERALDO sobre los nuevos desafíos que tendrá el país para que los avances del Acuerdo de Paz no se vean afectados por la pandemia.

Ruiz Massieu hizo un llamado a proteger el Acuerdo, aún más durante la emergencia por la COVID-19, debido a que alertó que este podría verse afectado y retroceder por la crisis actual.

P.

¿Qué es lo que más le preocupa de la implementación del Acuerdo durante la pandemia?

R.

Sabemos que, en estos momentos de pandemia, mantener la atención y respuesta a tantos asuntos en medio de la emergencia sanitaria es complejo. Sin embargo, gran parte de los desafíos a los que se enfrenta Colombia, incluido aquellos relativos al acceso y atención en salud, encuentran su respuesta en el Acuerdo de Paz.  Es importante seguir garantizando el progreso en la construcción de paz, y que la población en proceso de reincorporación, así como los líderes sociales, las víctimas, y las comunidades en situaciones de vulnerabilidad, sean también tenidas en cuenta en la respuesta estatal frente al Covid-19.

Nuestras dos mayores preocupaciones siguen siendo las garantías de seguridad en las regiones afectadas por el conflicto y la consolidación del proceso de reincorporación.

A pesar de la pandemia y las medidas impuestas, la violencia en varias regiones continúa afectando a personas en proceso de reincorporación, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Si bien en los antiguos ETCR se han mantenido los esquemas de seguridad y protección a excombatientes, en lugares fuera de ellos, donde también se adelantan procesos colectivos de reincorporación, los riesgos se mantienen e incluso han aumentado debido a la presencia de actores armados y el aislamiento.

P.

¿Qué del Acuerdo podría entrar en pausa?

R.

Si bien hay mecanismos del Acuerdo de Paz que están funcionando de manera virtual, la suspensión o postergación de acciones directas, visitas de seguimiento o de asistencia técnica de proyectos, o iniciativas de construcción de paz está limitando la participación de la institucionalidad, de FARC, de sociedad civil, dificultando la articulación de respuestas adecuadas. Las expectativas de las promesas del Acuerdo de Paz pueden verse afectadas en este momento. Por eso es importante que las dinámicas se mantengan aun si están reducidas, para retomarlas cuando sea posible y no retroceder en los logros alcanzados hasta ahora. 

P.

¿Cómo puede verse afectado?

R.

La pandemia dejará expuestas nuevas fragilidades, desigualdades y lagunas de protección social que podrán impactar los avances hasta ahora logrados en términos sociales y económicos. La población que vive en condiciones de vulnerabilidad es doblemente afectada, por las limitaciones en el acceso de bienes y servicios, los riesgos de seguridad y ahora por la pandemia.

P.

¿Qué sugiere para hacer efectiva la implementación del Acuerdo de paz durante la pandemia?

R.

En repetidas ocasiones he manifestado que la paz en Colombia no puede, de ninguna manera, ser una víctima más de esta pandemia y tenemos la obligación colectiva de proteger los avances del Acuerdo y garantizar el progreso en su implementación. 

 

En este sentido, en nuestro más reciente informe presentado hace unas semanas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario General de las Naciones Unidas plantea tres prioridades para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz para el 2020. La primera es adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes, la segunda es fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del proceso de reincorporación y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes, y la tercera es asegurar que las comunidades, y en especial las víctimas, estén en el centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz.

P.

¿Qué radiografía puede hacer de los asesinatos a líderes y excombatientes durante la cuarentena?

R.

Lamentablemente se mantienen el incremento de homicidios, amenazas y desplazamientos forzados en contra de excombatientes y líderes sociales en todo el país, especialmente en Cauca, Putumayo, Córdoba, Antioquia y Bogotá.  

Desde el inicio de la cuarentena nacional se han registrado 6 asesinatos a excombatientes, acercando la cifra total a los 200, y al menos 32 líderes sociales asesinados. Los riesgos se asocian a roles de defensa del Acuerdo de Paz, pertenencia a organizaciones y plataformas de derechos humanos y de mujeres, representación de víctimas en mesas departamentales y municipales y liderazgos del PNIS. A esto se suman amenazas dirigidas a líderes que han rechazado públicamente el asesinato de sus compañeros.

P.

¿Qué se ha hecho en el Cauca para frenar el asesinato de líderes sociales?

R.

La situación del Cauca no ha dejado de ser preocupación para nosotros y del mismo Consejo de Seguridad de la ONU, que visito ese departamento en su última misión a Colombia. En ese departamento confluyen no solo grupos armados, sino economías ilegales que se junta a condiciones de pobreza y limitada presencia institucional. Si bien el Gobierno adelanta el Plan Cauca, a través del PDET se empiezan a ejecutar obras comunitarias y muchas otras iniciativas de construcción de paz están en marcha, se requiere consolidar una presencia integral del Estado, en términos de seguridad, desarrollo y justicia.

P.

Desde la Misión de Verificación se han hecho varios llamados al Gobierno, pero la situación de violencia continúa. ¿Qué cree que es lo que está fallando?

R.

La implementación integral del Acuerdo de Paz es el camino para atender los múltiples desafíos que tiene Colombia. Específicamente, el Acuerdo de Paz, en el punto 3.4, establece una serie de mecanismos para abordar las necesidades de protección de comunidades y prevé la elaboración de una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

El Acuerdo de Paz también prevé el establecimiento de un Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, con medidas como un protocolo especial para la protección de las comunidades rurales afectadas por el conflicto, el apoyo a la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios y un programa de “promotores comunitarios de paz y convivencia” para impulsar mecanismos de solución pacífica de conflictos a nivel local.

El Decreto núm. 660, de abril de 2018, crea y regula el Programa Integral de Seguridad y Protección. Lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país.

P.

Sobre el punto 1 del Acuerdo, la reforma rural, ¿Qué tanto ha avanzado Colombia en su implementación?

R.

El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz será determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz. Esto implica que las comunidades, y en especial las víctimas, estén en el centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz. Entre las medidas para garantizarlo es esencial el progreso sostenido en la reforma rural integral, incluidos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para 170 municipios afectados por el conflicto.

En lo relativo a los PDET el Gobierno ha informado de que se han concluido y entregado 862 obras de infraestructura, mientras que 323 están en vías de ejecución y 7 más en fase de planificación. Cabe destacar que 162 municipios y 15 departamentos han adoptado medidas jurídicas para incluir los programas de desarrollo con enfoque territorial en sus instrumentos de planificación territorial.

P.

¿Qué opina sobre el hecho de que recursos del Fondo de Paz hayan sido usados para otros propósitos como la publicidad e imagen del presidente?

R.

Por nuestra experiencia internacional sabemos que los procesos de implementación de paz requieren esfuerzos sostenidos y la disponibilidad de recursos adecuados. El Plan Nacional de Desarrollo cuenta con rubros asignados para la paz, a la que se le suman contribuciones de otros actores nacionales y de la cooperación internacional. Estos recursos deben ser protegidos para que la ejecución de programas derivados del Acuerdo de Paz, así como el funcionamiento de mecanismos en la que participan las partes, Gobierno y FARC, sea efectivos para alcanzar los objetivos.

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