El Heraldo
Rafael Guarín, ex consejero presidencial para la Seguridad Nacional.
Colombia

“Elecciones no pueden ser vehículo para que Eln y Farc capturen al Estado”

Rafael Guarín, ex consejero presidencial para la Seguridad Nacional, concedió una entrevista a EL HERALDO en la que habló sobre el panorama de inseguridad que afecta hoy a Colombia.

El ex consejero presidencial para la Seguridad Nacional Rafael Guarín habló con EL HERALDO sobre los logros alcanzados durante su periodo en el gabinete del presidente Iván Duque. También ofreció su mirada con relación a la ola de violencia que se registra en las zonas rurales de Colombia.

P.

¿Por qué se debió su renuncia, a qué se dedicaría y quién se vislumbraría en su reemplazo?

R.

Fue un honor acompañar durante tres años y medio al presidente Iván Duque y ser el responsable del diseño de las políticas de defensa y seguridad ciudadana del Gobierno y de concebir las zonas futuro y lograr que la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente sean hoy una responsabilidad también de las Fuerzas Armadas. Es un ciclo cumplido. Quiero dedicarme a escribir, regresar a la cátedra y tener libertad para opinar. La decisión de mi reemplazo no es un tema que me compete, es absolutamente del señor presidente y no he conversado con él nada al respecto.

P.

¿Cómo ve la situación de seguridad en el Magdalena, donde los homicidios parecen ser el pan de cada día, incluyendo una de las primeras masacres del año?

R.

Sin duda se requiere mucha más efectividad y esfuerzo de inteligencia e investigación criminal para desarticular las bandas dedicadas al sicariato y el narcotráfico. En particular, estructuras del Clan del Golfo en la Zona Bananera, Aracataca, Fundación, El Retén y Pivijay son responsables de la dinámica criminal ligada a la extorsión, el microtráfico y homicidios. A eso se agrega la disputa del Clan con ‘los Pachenca’ en la Zona Bananera.

P.

¿Qué hacer con la situación de Arauca, con ese enfrentamiento a lado y lado de la frontera y esas alianzas criminales, pero con el desenlace además terrible de las comunidades desplazándose cada vez más?

R.

El problema de Arauca es extremadamente complejo. Tanto el Eln como las Farc están arraigados hace décadas en la región y con fuerte injerencia en la administración pública de municipios y el departamento. Además existe una debilidad estatal histórica. Se requiere una política sostenida de al menos tres gobiernos. El enfoque acertado no es simplemente desplegar tropa y más tropa, sino lograr la disrupción de la captura del Estado por los delincuentes, que existe en esa región; judicializar a los políticos al servicios de la ilegalidad; priorizar los servicios sociales para las comunidades, empoderarlas; y ejercer un control estricto del territorio.

La transformación que comenzó en Puerto Jordan demuestra que sí se puede. Además, se necesita más eficacia de la fuerza pública y multiplicar la presión internacional contra el régimen de Maduro, que convirtió la frontera en un santuario de protección para el Eln y las Farc. Todos esos elementos están en el centro de la estrategia del presidente Duque. 
Una cosa más, como ex funcionario se lo digo. En mi criterio se debería hacer una reforma constitucional que suspendiera en casos como Arauca, al menos por dos periodos, la elección de alcaldes y gobernador. Las elecciones no pueden seguir siendo un vehículo para que el Eln y las Farc capturen el Estado. 

P.

¿Qué diagnóstico se tiene para zonas azotadas por la violencia como el Pacífico, con el Chocó, y el Catatumbo?

R.

La visión del gobierno Duque desde el comienzo parte de reconocer que la principal amenaza a la seguridad en Colombia son los espacios vacíos de institucionalidad y con precaria institucionalidad; esa circunstancia ha favorecido la presencia de economías ilícitas y la existencia y reproducción de los grupos armados. La repuesta del gobierno ha sido integral. Acción de la fuerza pública e inversión social a través de las zonas futuro y la aceleración de los PDET. Más de 6 billones de pesos se han invertido hasta noviembre pasado por el gobierno Duque en esas regiones. ¡Y hay resultados! Mire, el homicidio total a octubre, en un año, se redujo en 13 %; se registró una reducción del 43 % en el hurto al comercio, 45 % en los casos de extorsión, 62 % en secuestro, 61 % en desaparición forzada, víctimas de minas antipersonales menos 20 % y el confinamiento menos 63 %. Eso en las zonas con mayor concentración de la criminalidad y más riesgo para la población. Por supuesto, queda mucho por hacer en materia de seguridad. 

Human Rights Watch dijo que es insuficiente lo que hace el Estado en zonas rurales como las mencionadas anteriormente y también critica que no se hayan implementado medidas como una policía menos militar y un régimen disciplinario más fuerte, ¿cómo ve usted ese análisis?

Esas regiones son la prueba de que en Colombia debemos terminar de construir la nación y el Estado. Eso requiere más Estado, más mercado y más derechos para la gente. Con las Zonas Futuro y los PDET avanzamos en la línea correcta, pero el vacío de institucionalidad de dos siglos no se resuelve en 3 años. Los avances en Tumaco, lo dice la alcaldesa, son impresionantes, reducción de homicidios, turismo, creación de empresas, movilidad, comercio. Y los avances en esas zonas los ratificaron la semana pasada el Gobierno de los Estados Unidos, a través del señor embajador, y la MAPP OEA. Respecto a la afirmación de que en Colombia la Policía es militar, es lamentable la ignorancia o propaganda. La Policía es un cuerpo de naturaleza civil, su formación corresponde a eso y su rol y misión se enmarcan en esa definición. Lo otro es cuento.

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