Gobierno prepara decreto de glifosato

Luego de que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidiera al mandatario colombiano, Iván Duque, que se reanudaran en el país las aspersiones aéreas con glifosato para combatir los cultivos de droga, fuentes del Ministerio de Justicia le dijeron a EL HERALDO que se está preparando la versión final del decreto que retornaría las fumigaciones.

Por ahora, la cartera judicial recibió hasta el 30 de enero pasado los comentarios al borrador del decreto y estos se remitieron a las entidades involucradas con el fin de conocer sus posiciones al respecto y, de ser necesario, incluirlas en el decreto para modificarlo, indicaron las fuentes.

Y en ese proceso está el Ministerio: en el de consolidar la información de todas las entidades al respecto.

El decreto. La ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello, había dado a conocer el pasado 30 de diciembre las líneas gruesas del decreto para volver a la aspersión del glifosato, suspendida desde octubre de 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos acogió reportes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que advertían que era posiblemente carcinogénico para los seres humanos.

En el decreto, dijo entonces Cabello, se daba cumplimiento a la Sentencia T-236 de 2017 y al Auto 387 de 2019, “que establecen la obligatoriedad al Gobierno Nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud”.

El borrador incluye siete puntos de reglamentación: la actividad estará a cargo de la Policía; el Instituto Nacional de Salud, INS y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla harán seguimiento y evaluación permanente del riesgo; habrá una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos; se harán estudios antes, durante y después de las aspersiones; habrá un procedimiento independiente de quejas y también espacios para la participación ciudadana.

El Ministerio ha precisado, no obstante, que una vez esté listo el decreto de la reanudación, esta “será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes”.

Pero ese siguiente paso estaría casi que asegurado a favor de los intereses del Ejecutivo, pues el Consejo está conformado en su mayoría por dependencias gubernamentales como los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Agricultura, la Procuraduría, la Policía, el director de Aduanas y la Aeronáutica Civil.

El fallo. La Corte Constitucional decidió en julio pasado mantener las condiciones que ese mismo tribunal impuso en 2017 para el retorno de las aspersiones, pero dijo que era el Consejo Nacional de Estupefacientes el que debía determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el regreso al glifosato.

En su providencia, el alto tribunal condicionó la reanudación de las aspersiones al hecho de que se establezca que el herbicida no produce afectaciones a la salud de la población, y al respecto el Consejo “deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas”.

Tras todo este proceso, aún restarían los estudios científicos pedidos por el tribunal constitucional y planteados por el Gobierno así como definir qué sucederá con las eventuales fumigaciones en zonas protegidas o donde se requiere consulta previa, que es donde estarían sembrados más de la mitad de los cultivos ilícitos de Colombia. Y, finalmente, el asunto de la financiación de las aspersiones está en vilo, pues según los Estados Unidos en Colombia hay 206 mil hectáreas de droga y fumigar una hectárea le cuesta al país hasta $100 millones.

Las críticas. El exministro Camilo González, director de Indepaz, le dijo a EL HERALDO que la solicitud de Trump de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato “es una intromisión indebida en la soberanía nacional”.

Desafortunadamente, agrega, “el presidente Duque la permite por el condicionamiento de la asistencia militar y de las partidas para cooperación que tramita Trump en el Congreso de Estados Unidos”.

Y concluye por ello que “es una relación asimétrica en la cual el gobierno de Estados Unidos no se compromete en metas concretas de reducción de la demanda, en decomiso de cocaína al interior de ese país y menos en confiscación de capitales de lavado de activos que circulan en paraísos al interior de Estados Unidos”.

A su vez, Isabel Pereira, abogada de Dejusticia, advirtió en EL HERALDO que “en la casi orden de Trump hay dos precisiones, y lo primero es que un gobierno extranjero no está por encima de la jurisdicción nacional y sobre todo del juez constitucional”.

Recordó la jurista de Dejusticia, ONG que ha participado del debate en el alto tribunal, que la Corte emitió un fallo y un auto de seguimiento mediante los cuales se suspendió a nivel nacional y se ordenó no reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato: "Se dio la orden de no reanudar a partir de un caso que había llegado por afectaciones al derecho a la consulta previa, a la salud y al medio ambiente de comunidades en Nóvita, Chocó. La Corte decidió que estaba causando muchos daños el glifosato y que había ausencia de consenso en la evidencia científica que permitía activar el principio de precaución, que se usa cuando la evidencia científica no es suficiente para poder ratificar que no hay riesgo sobre una actividad determinada.

Explicó en este sentido que en 2019 cuando se hizo la audiencia de seguimiento, Dejusticia argumentó que este principio de precaución se debía mantener y así lo avala la Corte cuando publica el auto de seguimiento de este año, y agrega que el Gobierno debe cumplir de buena fe lo que está contenido en el acuerdo final de paz antes de emprender otra política.

“Adicionalmente hay que decir que los tratados internacionales de drogas, bajo los cuales se fiscaliza la hoja de coca, dan margen para que cada estado defina las políticas mediante las cuales controla los cultivos, así que no se puede hablar de una injerencia de actores extranjeros sobre políticas nacionales para enfrentar los cultivos”, concluyó.