El Heraldo
Meri Barrios se abraza con su hija durante un evento, en Baranoa, en el que se conmemoró la memoria de las víctimas.
Hansel Vásquez
Colombia

‘Falsos positivos’ en el Caribe, más allá de las cifras

La justicia transicional aseguró en un informe que 1.205 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en la Costa entre 2002 y 2008. 

“Tienen una sola pelea con las cifras como si eso me fuera a devolver a mi compañero, como si eso fuera a borrar los años difíciles que me tocó afrontar después de que mataron a Abelardo. Mi esposo cayó en ese grupo de los ‘falsos positivos’ de este país”. Con esas palabras Meri Barrios intenta ponerle fin a la polémica que se tejió después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara, a mediados de febrero, que la cifra de ejecuciones extrajudiciales ocurrida en el país entre 2002 y 2008 fue de 6.402 víctimas y no de 2.248.

Aunque el caso del pariente de Barrios se remonta al 15 de septiembre de 2000 y no entra en la fase de tiempo a la que hace referencia la JEP, la mujer celebra la decisión al indicar “que por fin una entidad del Estado se está poniendo en nuestro pellejo y está dispuesta a emitir condenas por el horrendo episodio que ocurrió en todo el país”.

Abelardo Antonio Yaya Pérez, que contaba con 48 años para la fecha, según el certificado de la Fiscalía, fue asesinado por Alberto Enrique Martínez Macías alias Roberto y Javier Sánchez Arce alias el Calvo, ambos exintegrantes del grupo armado organizado al margen de la ley denominado Bloque Norte de las AUC.

Los hombres admitieron en diligencia de versión libre conjunta, 18 de noviembre de 2011, rendida ante esta Fiscalía delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, que el día 15 de septiembre de 2000 se dirigieron al corregimiento de Sibarco, municipio de Baranoa (Atlántico), “con un personal urbano, entre esos iban alias el Pollo y ‘el Pepe’, y tres o cuatro agentes del Gaula”.

“Lo sacamos (de la vivienda) y lo llevamos a los lados de Pivijay (Magdalena). Ahí fue torturado, después lo llevamos a Piñuela (corregimiento del mismo departamento) donde fue asesinado. Según información que nos dio el Gaula este señor escondía personal de la guerrilla en su finca”, señala el relato.

En el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, Meri Barrios, esposa de Abelardo, recuerda que él trabajaba como operador del acueducto y que días antes de su secuestro y desaparición a su casa llegaron unos hombres para que su compañero les analizara un agua, “pero todo era un pretexto. Después de eso fue que se lo llevaron”, dice.

La mujer, quien hoy cuenta con 60 años, señala que “nunca” vio a su esposo con un arma en las manos y con algunas “vueltas raras” que lo pudieran vincular con grupos guerrilleros.

“A los 15 días de su desaparición encontramos el cuerpo de Abelardo, había sido enterrado y estaba identificado como NN (sin nombre). Después de todo eso me tocó muy duro, saqué adelante a mis tres hijos sola. Ese episodio dejó muchos daños en nuestras vidas, en nuestras almas y mentes”, asegura Barrios al tiempo que abrazaba a  su hija.

Son 1.205 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2002 y 2008 de los que la JEP tiene registros, siendo La Guajira y Cesar los departamentos que concentran el mayor número de víctimas, 215 y 324.

Criterio de la JEP

El tribunal especial priorizó los casos en la Costa precisamente por esos departamentos donde se registran el mayor número de víctimas por ese delito.

El análisis y contrastación de los informes recibidos relacionados con “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, en Cesar y La Guajira, le permitió  a la Sala de Reconocimiento, en una primera fase, identificar las unidades militares involucradas en los hechos y las principales características de las víctimas.

“La Primera División del Ejército, entre los años 2002 y 2005, presentó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en su informe 553, y de acuerdo con dicha entidad, la mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón de Artillería No 2 La Popa y el sur de La Guajira, jurisdicción del Grupo Mecanizado Juan José Rondón”, señala la JEP.

Sin embargo, Cesar reporta el tercer lugar de incidencia en la victimización del país, con un 7,7% de los casos analizados por la Fiscalía en su informe (correspondiente a 173 bajas cuestionadas) y La Guajira el noveno con 90 muertes cuestionadas, equivalentes a un 4%.

“La Primera División registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional y dentro de estas el Batallón de Artillería No. 2 concentró la mayor cantidad de casos investigados (166), que representan el 51% del total de la División, ocupando el puesto del batallón con mayor número de casos investigados en Ley 600 ante la Fiscalía, seguido por el Grupo Mecanizado Juan José Rondón con el 24% de las muertes”, dice la JEP.

Un aspecto relevante, destaca la JEP, es que se pudo identificar 41 víctimas indígenas a nivel nacional, que corresponden al 2% de la totalidad de las víctimas. Sin embargo, 22 personas pertenecientes a las etnias Kankuama, Wiwa y Wayuu, más de la mitad de las víctimas identificadas, fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado Juan José Rondón, principalmente.

“Se busca el esclarecimiento de las posibles alianzas con grupos paramilitares y la victimización étnica. Las organizaciones resaltan que un gran número de víctimas fueron presentadas como personas sin identificar, en varios de los hechos se alteró la información de inteligencia, se simuló y alteró la escena del crimen”, destaca la JEP, es por eso que la Sala ha decidido priorizar el análisis de la problemática en los departamentos del Cesar y La Guajira, que hacen parte de la Jurisdicción de la Primera División.

Una mujer mira una foto de un pariente desaparecido. Hansel Vásquez

Cifras politizadas

Para Alejandro Blanco,  profesor de la Universidad del Atlántico e historiador con especialización en Ciencias Políticas, las cifras presentadas por la JEP “están politizadas” debido a que las investigaciones priorizadas coinciden con el periodo en el que Álvaro Uribe fue presidente.

“Hay una politización porque cada sector usa las cifras en función de sus intereses políticos, al ser un año prelectoral. Eso es una cosa macabra debido a que estamos hablando de seres humanos que fueron asesinados injustamente”, explica el analista.

Blanco señala que las ejecuciones extrajudiciales se comienzan a presentar en el Caribe con la política de seguridad democrática que estaba fundamentada en la idea de la persecución contra el terrorismo. “En la Costa operaba el Bloque Caribe que después pasó a llamarse el Bloque Martín Caballero. Este grupo estaba conformado por cinco frentes: el 59, 19, 34, 35 y el 37”.

Estos frentes  estaban ubicados en las zonas montañosas de los Montes de María y la serranía del Perijá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Si comenzamos a mirar con más detalles, el Batallón La Popa, que está ubicado en el Cesar, fue el batallón que hasta el momento ha presentado más ejecuciones extrajudiciales en el Caribe colombiano.

“Es por eso que la JEP está llamada a conocer los máximos responsables, es fundamental establecer los máximos responsables, dejar en evidencia la cadena de mando”, indica el historiador.

La priorización del caso 03 “ha sido positiva” para la paz en Colombia
Vista de una audiencia de la JEP. Archivo

Egoitz Gago Anton, doctor en Estudios de Paz y profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana,  señaló que el impacto que ha tenido la priorización del caso 03 para la paz “ha sido positivo”.

“Cuando se establecen mecanismos de justicia transicional en un Acuerdo de Paz como en el de La Habana, la capacidad de estos tribunales de poder tratar este tipo de casos de manera abierta e  independiente siempre es un paso adelante. La justicia transicional siempre trata con el reconocimiento del daño causado general y determina los elementos con base en el relato, con base en la responsabilidad y con base en la aceptación de responsabilidades y la aceptación de culpa que pueda justificar un proceso de construcción de paz exitoso”, señala el experto.

Este tipo de procesos, expone Gago, abre una sugerencia para que a la JEP acudan personajes que hoy en día rechazan el mecanismo.

“Este episodio de la historia afecta de manera manifiesta la reputación de Colombia en materia de derechos humanos, se ve claramente que aquí ha habido un proceso de violación de derechos humanos de manera integral, que además tiene sus consideraciones de clase, porque las víctimas de este proceso fueron personas de bajos ingresos”, resaltó el académico.

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